Acontecer Latino

La propuesta de ley de Privacidad de Salud Reproductiva, que autorizaba en Rhode Island la práctica del aborto incluso durante la etapa del embarazo en el que el feto se encuentra viable, fue rechazada este martes, por el Comité de Justicia del Senado estatal.

La decisión fue acogida con júbilo por los defensores del movimiento Pro-vida, y con desaliento por quienes consideran que con esta decisión se violentan los derechos de la mujer a “tomar decisiones sobre su cuerpo”.

“Agradecemos a los muchos cientos de personas de Rhode Island que se unieron contra estos proyectos de ley extremos. Tu voz pro vida ha interrumpido lo que se suponía que ya era un trato hecho”, publicó en Facebook el moviento Life-Vida.

La legislación (2019-S 0152A), patrocinada por la senadora Gayle L. Goldin (Demócrata-Distrito 3, Providence), codifica los derechos de privacidad garantizados por la decisión adoptada en el caso Roe v. Wade, 410 US 113 (1973) de la Corte Suprema de los Estados Unidos y su progenie. El comité también consideró la legislación de respaldo a dicha pieza en la Cámara de Representantes (2019-H 5125A) ,patrocinada por la Representante Anastasia P. Williams (D-Dist. 9, Providence

El proyecto de ley establece que “Ni el estado, ni ninguna de sus agencias o subdivisiones políticas deberán restringir a una persona individual de prevenir, comenzar, continuar o poner fin al embarazo de ese individuo antes de la viabilidad fetal”,  “interferir con la decisión de una persona individual de continuar con su embarazo después de la viabilidad fetal”; o “restringir a una persona individual de interrumpir el embarazo después de la viabilidad cuando sea necesario para preservar la salud o la vida de ese individuo”.

La propuesta también indica que el estado de Rhode Island, ni ninguna ciudad o pueblo, debería incluir en ningún plan, contrato o póliza de seguro médico para empleados, ninguna provision que proporcione cobertura por abortos inducidos, excepto cuando la vida de la madre esté en peligro, durante la etapa de término del feto, o cuando el embarazo resulte de un incesto o una violación.

El pasado mes de marzo, los legisladores en la Cámara de Representantes estatal aprobaron un proyecto de ley para consagrar las protecciones contra el aborto en la ley estatal.

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El activista comunitario dominicano Julio Ortiz, residente de Providence, Rhode Island, fue detenido y deportado por las autoridades de Inmigración, acusado de portar un documento de identidad falso, durante los últimos diecinueve años. Ortiz fue apresado el 16 de febrero pasado, en momentos en que regresaba a Estados Unidos.

El propio Ortiz confirmó la noticia en un video divulgado a través de las redes sociales, en el cual aclara los términos en los que se produjo su detención. El video fue introducido por el comunicador Oliver Pimentel. En sus declaraciones el comerciante y presidente de la Fundación Abundancia de Agua desmiente que su arresto estuviera relacionado con cargos de narcotráfico, como según sus propias palabras han comentado algunas personas.

"Quiero que sepan que yo estuve preso ahora, caí el 16 de febrero. Inmigración me agarró porque yo usaba, usurpaba un documento que no era mío.  Les pido disculpas porque sé que hice algo mal hecho", dice Ortiz al principio de sus declaraciones en el video, en el que también resalta que durante 19 años usó dicho documento y con él trabajó y reportó (pagó impuestos). 

El comerciante y presidente de la Fundación Abundancia de Agua precisa también que en Estados Unidos nunca obtuvo una licencia de conducir, nunca "colectó", ni recibió cupones de alimentos, y que pagó un "child support" (manuntención) de 92 mil dólares, "por un hijo que no era mío"

"Solamente usé esos documentos para el bien. No quiero que.... hay personas que están diciendo por ahí que yo tenía lavado de dinero, venta de drogas. No, no. Nunca he caído preso por ninguno de ese tipo de cosas. Simplemente mi propósito era ayudar a las personas. Quería decirle eso porque no quiero que todo lo que hemos hecho por tantos años, personas que no conozco, quieran hacerle un daño a uno. Sé que cometí mi error y sé que con Dios todo va a salir bien. Si Dios permitó que eso pasara, es porque vienen cosas mejores para mí", dice Ortiz.

En su mensaje Ortiz agradece a su esposa, su familia e hijos, a toda la gente de Providence que lo quiere, al grupo Los Angeles de la Comunidad, del cual es miembro fundador; al Comité Banilejo, por permitirle participar en su convite por 12 años, a "Guandules", que fue el chofer que le manejó por 17 años, al "Payaso Babum", que le manejaba los domingos para hacer sus compras, y a Víctor Martínez. También le envía algunas palabras a los trabajadores del taller que posee en Providence.

"Quiero darle las gracias primero también a la persona que llamo a Inmigración para decir lo que me pasó. Gracias, tú no sabes el peso que me quitaste de encima", expresa Ortiz casi al final de su video, con voz entrecortada, que concluye diciendo "no sé cuál será mi propósito ahora, pero sé que vendrán cosas mejores para mí. Gracias. Los quiero mucho".

CENTRAL FALLS, RI.- Ante noticias recientes de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) volverá a alojarse en las instalaciones del Centro de Detención Wyatt, de esta ciudad, las principales autoridades de este municipio expresaron preocupación y convocaron a una reunión urgente para tratar el tema.

Los líderes de Central Falls están instando a la comunidad a unirse y abordar varios problemas importantes, empezando por el de la prisión Wyatt, durante un encuentro este jueves 28, a las 6:00 de la tarde, en las Cámaras del Concejo Municipal de esta ciudad, en el segundo píso del City Hall.

La reunión ha sido convocada por el alcalde James Diossa, la presidenta del Concejo de la Ciudad, María Rivera; la senadora estatal Elizabeth Crowley y la representante estatal Shelby Maldonado.

El contrato de ICE con la ciudad de Central Falls terminó cuando murió un inmigrante que se encontraba bajo custodia de esa agencia, pero lo acaban de renovar, razón por la cual ya los presos por casos de inmigración están siendo trasladados al centro de detencion Wyatt.

Las autoridades de Central Falls dijeron que ICE solo ha realizado pagos a la Ciudad en 2 de los últimos 12 años y ha violado múltiples promesas de pago. Asimismo, dijeron que “Están siendo cómplices de las políticas de la Administración Trump de criminalizar a los inmigrantes que buscan asilo sin un voto público o sin consultar con la comunidad de Central Falls”.

Agregaron que “Wyatt sigue siendo financieramente insolvente; adeudando más de $100 millones a sus acreedores. Incumplimiento “Estoy totalmente convencida de que el centro de detención ha incumplido lo suficiente como para que su contrato sea revisado o cancelado”, indicó la presidenta del Concejo de la Ciudad. Los planes de ICE son enviar inmigrantes a ser detenidos en la prisión Wyatt, algo con lo que no están de acuerdo las autoridades de Central Falls. “Yo represento una comunidad donde el 64% son inmigrantes y no descansaré hasta lograr que mi comunidad se sienta tranquila y en paz”, manifestó Rivera.

Antecedentes

Por otro lado, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Rhode Island, dijo tener noticias de que ICE ha comenzado a trasladar a algunos detenidos desde instalaciones cercanas a la frontera sur de los Estados Unidos al Centro de Detención de Wyatt en Central Falls.

"La noticia sigue meses de informes de crueldad, violaciones de derechos humanos y una política inhumana de separación familiar a manos de agentes de ICE y en centros de detención de inmigrantes en todo el país", dijo la ACLU.

El director ejecutivo de la ACLU de RI, Steven Brown, calificó de “aborrecible” que Rhode Island participe, e incite de alguna manera, “el cruel maltrato a los inmigrantes en la frontera por parte de la administración de Trump”.

En 2008, Hiu Lui “Jason” Ng, un detenido de ICE, murió bajo custodia de Wyatt tras meses de abuso y falta de atención médica, indica la ACLU. En el momento de su muerte, se descubrió que Ng tenía un cáncer de hígado terminal, pero fue solo debido a una orden judicial que lo llevaron al hospital para ese diagnóstico. Murió dos días después. Tras la muerte de Ng y una extensa investigación sobre las circunstancias, la ACLU de RI demandó a más de dos docenas de funcionarios y empleados tanto de la instalación de Wyatt como de ICE por “comportamiento cruel, inhumano, malicioso y sádico” y múltiples violaciones de los derechos constitucionales de Ng.

La demanda llevó a un acuerdo multimillonario en nombre de la familia de Ng. ICE también canceló su contrato con Wyatt para retener a inmigrantes detenidos, una decisión que aparentemente se ha revocado.

Sobre la prisión

El Centro de Detención Donald W. Wyatt, ubicado en Central Falls, RI, es operado por la Corporación del Centro de Detención de Central Falls (CFDFC). Es una corporación cuasi pública gobernada por una Junta Directiva de cinco miembros nombrada por el Alcalde de Central Falls. La Junta, a su vez, nombra a un administrador de la corporación que es responsable de supervisar la administración y el funcionamiento general de la corporación y el Centro de Detención Donald
W. Wyatt. La instalación ofrece alojamiento para hasta 730 hombres adultos y hasta 40 mujeres adultas detenidas y está acreditada por la Asociación Correccional Americana (ACA). Las inspecciones regulares de la Instalación son realizadas por varias agencias de supervisión, incluyendo el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, Revisiones de Garantía de Calidad y el Departamento de Salud Pública de Rhode Island, entre otros.

Los detenidos alojados dentro de la instalación están bajo la custodia de las distintas jurisdicciones del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, que incluyen, entre otros: Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Maine y Vermont. La instalación también alberga a los detenidos que se encuentran bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Aduanas de Inmigración (ICE), la Armada de los Estados Unidos y la Tribu Pequot de Mashantucket.

(Foto de archivo EFE)

El campus del Community College of Rhode Island (CCRI), en Warwick, fue evacuado de emergencia la mañana de este miércoles, por un asunto de seguridad que no ha sido especificado.

La información, de la que aún no se conocen más detalles, fue dada a conocer por el propio recinto académico, a través de un mensaje publicado en su página de Facebook.

"Por favor, evacúe el campus de Warwick inmediatamente debido a una preocupación de seguridad pública. Las clases están suspendidas hasta nuevo aviso. No permanezca en el área de estacionamiento. Información adicional será enviada por correo electrónico", dice el mensaje, que fue publicado hace poco más de 30 minutos.

De inmediato, el mensaje fue compartido cientos de veces en tanto que decenas de personas expresaron preocupación en torno a lo que podría estar ocurriendo en el campus universitario. Hasta ahora se sabe que la situación solo afecta a las instalaciones del CCRI en Warwick.

Actualmente comisionada adjunta en Nueva York, Angélica Infante-Green es una líder nacional en equidad educativa. Al recomendar a Infante-Green la semana pasada, la gobernadora Gina M. Raimondo elogió su liderazgo en el apoyo a los estudiantes multilingües, el cierre de las brechas de logros y la participación de estudiantes y familias en la mejora de las escuelas.

PROVIDENCE, R.I. - El Consejo de Educación Primaria y Secundaria votó por unanimidad, con el apoyo de la Junta de Educación de Rhode Island, nombrar a Angélica Infante-Green como la próxima Comisionada de Educación de Rhode Island. Infante-Green es la primera latina y la primera mujer de color en dirigir el Departamento de Educación del estado.

Actualmente comisionada adjunta en Nueva York, Infante-Green es una líder nacional en equidad educativa. Al recomendar a Infante-Green la semana pasada, la gobernadora Gina M. Raimondo elogió su liderazgo en el apoyo a los estudiantes multilingües, el cierre de las brechas de logros y la participación de estudiantes y familias en la mejora de las escuelas.

“La confirmación de Angélica es una victoria para los estudiantes de Rhode Island”, dijo la gobernadora Raimondo. “Su compromiso con la equidad y la pasión por la educación es lo que me llevó a nominarla para este puesto, y ayudará a garantizar su éxito en este nuevo rol. Espero trabajar juntas mientras mantenemos el rumbo en una educación integral a largo plazo. estrategia que apoya a todos los estudiantes de Rhode Island".

De acuerdo con la gobernadora, Rhode Island tiene una necesidad urgente de mejorar las escuelas y cerrar las brechas de rendimiento para los estudiantes, “y creo que Angélica puede ayudar a impulsar nuestro estado".

"Me siento honrada, humilde y emocionada de unirme al equipo en Rhode Island, y quiero agradecer a la Gobernadora Raimondo y a toda la Junta de Educación por su apoyo. Espero su colaboración continua a medida que avanzamos”, dijo Infante -Green. "Tenemos desafíos importantes por delante, pero sabemos que, si trabajamos juntos e involucramos a nuestras comunidades en este trabajo crítico, podemos avanzar en una estrategia sólida, unificada y de largo plazo para mejorar los resultados para nuestros hijos. Toda la escuela puede -y debe - mejorar, y estoy lista para comenzar a trabajar en este esfuerzo estatal".

Experiencia

Infante-Green comenzó su carrera como maestra de aulas en el sur del Bronx, luego se convirtió en directora del Programa de Lenguaje Dual y ocupó varios cargos en los Departamentos de Educación de la Ciudad de Nueva York y el Estado de Nueva York. Actualmente se desempeña como Comisionada Adjunta de la Oficina de Apoyo Educativo P-12 del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, donde ha ayudado a cerrar las brechas de logros,
aumentar la tasa de graduación y crear marcos para crear entornos de aprendizaje centrados en el estudiante que sean culturalmente receptivos, además de empoderar a los estudiantes como agentes de cambio social.

"La emoción y la energía en Rhode Island alrededor de Angélica Infante-Green ha sido increíble, y es un verdadero testimonio de su carrera como educadora, líder y defensora”, dijo Barbara S. Cottam, Presidenta de la Junta de Educación. "Somos afortunados de que la Comisionada Infante-Green participe en este papel, y no tengo dudas de que ella aportará la visión y la fuerza que necesitamos para continuar en la próxima etapa de nuestro viaje para mejorar la educación pública”.

"Quiero felicitar y dar la bienvenida a Angélica Infante-Green a Rhode Island. Sé que hablo en nombre de todo el Consejo cuando digo que estamos impresionados por su experiencia, su determinación y sus objetivos para nuestro estado, y esperamos con interés trabajar estrechamente con ella en los próximos años para mover a Rhode Island hacia adelante", dijo Daniel P. McConaghy, Presidente del Consejo de Educación Primaria y Secundaria.

"Estoy encantada de que Angélica sea la próxima Comisionada de Educación. Es una líder inteligente, fuerte y efectiva con un historial de progreso en la equidad para todos los niños”, dijo Ken Wagner, Comisionado saliente de Educación. "Confío en que se basará en nuestro trabajo y lo extenderá en nuevas y emocionantes direcciones”. El primer día de Infante-Green en RIDE está planeado tentativamente para el 29 de abril.

PROVIDENCE RI- El alcalde Jorge O. Elorza se unió a miembros del Concejo Municipal de Providence, a la Comisión de Relaciones Humanas de Providence (PHRC), a representantes de United Way of Rhode Island y a defensores de la vivienda para anunciar la introducción de una ordenanza que tiene como objetivo prohibir la discriminación por parte de propietarios de casas en perjuicio de posibles inquilinos que dependen de una fuente de ingresos alternativa legal, como un comprobante de vivienda (Sección 8), manutención de los hijos, seguridad social, ingresos de seguridad suplementaria (SSI) o asistencia de alquiler. La ordenanza debe ser copatrocinada por la concejal del distrito 13 Rachel Miller y seis miembros del concejo.

"A nadie se le debe negar injustamente la oportunidad de asegurar un hogar", dijo el alcalde Jorge O. Elorza. “Esta ordenanza es un paso audaz para asegurar que nuestros más vulnerables estén protegidos. Al impulsar un mayor acceso a viviendas seguras y asequibles, estamos haciendo de Providence una ciudad más fuerte e inclusiva ".

Mientras que la Ley Federal de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza, color, religión, origen nacional, estado familiar, sexo y discapacidad, y la ley del estado de Rhode Island ofrece más protecciones; los propietarios todavía pueden rechazar a los inquilinos interesados ​​debido a de dónde provienen sus ingresos, incluso si pueden pagar la renta solicitada. Las personas más vulnerables a este tipo de discriminación son los inquilinos que tienen discapacidades desproporcionadas, familias de bajos ingresos, menores con hijos y personas de color.

“Nuestro objetivo es poner fin a la discriminación basada en los ingresos de asistencia pública y vales de vivienda, en todo el estado, comenzando aquí mismo en nuestra ciudad capital. Porque, como a menudo oímos, como va Providence, también lo hace el estado ", declaró la concejal Rachel Miller, Distrito 13." Si tiene los fondos para pagar su alquiler, ese debería ser el final de la discusión. Lamentablemente, para muchos en nuestra comunidad no lo es. Esta ordenanza pondrá fin a la discriminación en la vivienda que muchos enfrentan, y proporcionará un camino para mantener a nuestros vecindarios prósperos y también para mantenerlos a los ingresos diversos. Cuando se trata de derechos humanos básicos, como tener un el techo sobre nuestras cabezas, si se lo puede permitir, sin importar la fuente de ingresos, se le debe dar la misma oportunidad que a la siguiente persona".

Un informe reciente de SouthCoast Fair Housing encontró que la discriminación basada en la fuente de ingresos es un obstáculo importante para demasiadas familias a nivel local. Los poseedores de vales de vivienda deben poder pagar más de un tercio de las listas de alquiler, sin embargo, en última instancia, están excluidos del 93 por ciento de todas las unidades, sin importar las calificaciones presentadas. Las protecciones para los beneficiarios de dicha asistencia son especialmente críticas, ya que en todo el estado, aproximadamente 10,000 familias están inscritas en el programa de vales antes mencionado. Esto incluye a casi 3,000 hogares de Providence.

"La discriminación en cualquier forma no puede y no será tolerada en Providence", declaró la Presidenta del Concejo Municipal Sabina Matos. “Encontrar una vivienda asequible ya es un desafío en la ciudad, y agregar a eso la discriminación a veces descarada de los propietarios cuando se enteran de que un posible inquilino tiene un vale o un subsidio es una realidad aterradora. Esta práctica está poniendo en riesgo a los más vulnerables de nuestra comunidad, y creo que esta legislación nos acercará más a poner fin a esta práctica discriminatoria. Estas formas sistemáticas de discriminación son la razón exacta por la que he encomendado a la concejal Líder de la Mayoría Mary Kay Harris y al Concejal Luis A. Aponte que traten estos temas en el Comité de Renovación Urbana, Reurbanización y Planificación ”.

En todo el país, los esfuerzos de promoción para prevenir la fuente de discriminación de ingresos han llevado a 14 estados y más de 75 municipios a promulgar leyes para aquellos que dependen de ingresos alternativos, beneficios sociales o subsidios. Providence es el primer municipio en el estado que busca implementar protecciones locales. La propuesta refleja la legislación estatal que el alcalde Elorza ha expresado un fuerte apoyo.

"La fuente de discriminación de ingresos penaliza a los hogares que aún se recuperan de las políticas federales de vivienda, como la redención y la dirección racial, reforzando los patrones raciales de falta de vivienda, pobreza y segregación de vivienda", dijo la presidenta de la Comisión de Relaciones Humanas de Providence, Patricia LaSalle. "La ordenanza en la que nuestro Director Ejecutivo ha estado trabajando junto con la Oficina de Políticas del Alcalde y los miembros del Concejo Municipal puede cambiar estas circunstancias, y estamos encantados de trabajar con socios de la comunidad para hacer cumplir esta ordenanza".