El alcalde de la Gran Manzana no ha escondido nunca que se plantea concurrir a las primarias demócratas y, preguntado al respecto, aseguró esta semana que tomaría una decisión durante el mes de mayo.

Nueva York, 3 may (EFE).- El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill De Blasio, prevé anunciar la próxima semana su candidatura a las elecciones presidenciales de 2020, según informó este viernes el diario local Daily News.
El periódico, que cita a tres fuentes conocedoras de los planes, asegura que la campaña puede presentarse tan pronto como el próximo miércoles, cuando De Blasio cumple 58 años.
El alcalde de la Gran Manzana no ha escondido nunca que se plantea concurrir a las primarias demócratas y, preguntado al respecto, aseguró esta semana que tomaría una decisión durante el mes de mayo.
"La decisión final, como he dicho, es personal y familiar, pero también tiene sentido mirar a otra información", señaló el miércoles cuestionado en una conferencia de prensa.
De Blasio ha visitado en los últimos meses Iowa y New Hampshire, dos de los primeros estados que votan en las primarias, y su equipo ha llevado a cabo encuestas entre los votantes del primero de ellos.
De confirmarse su candidatura, el alcalde de Nueva York se sumaría a una veintena de aspirantes a la nominación demócrata, entre los que destacan el exvicepresidente Joe Biden, los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris y Elizabeth Warren o el excongresista Beto O'Rourke.
De Blasio asumió la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos en 2014, tras ganar por abrumadora mayoría unas elecciones en las que la lucha contra la desigualdad fue el eje de su campaña.
Tras promover numerosas medidas de corte progresista, en 2017 logró con facilidad la reelección, aunque su gestión cuenta con muchos críticos y su figura no es demasiado popular en Nueva York.
A priori, De Blasio estaría lejos de los favoritos en las primarias y medios locales han especulado con la posibilidad de que su candidatura busque principalmente hacerle más conocido a nivel nacional para poder optar a un cargo en un futuro Gobierno demócrata, dado que no puede optar a un tercer mandato en Nueva York.
"Nunca me he presentado a nada sin tener la intención de ganar. Y pueden mirar a mi historial, nunca he sido favorito en nada", desmintió el alcalde al ser preguntado por esa opción esta semana.

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De acuerdo con el sondeo elaborado por ABC y The Washington Post, un 64 % desaprueba la declaración de emergencia nacional firmada por el mandatario el 15 de febrero pasado para obtener dinero con el que construir su muro fronterizo.

Washington, 30 abr (EFE).- El 64 % de los estadounidenses se opone a la decisión del presidente Donald Trump de declarar una emergencia nacional para construir un muro en la frontera con México y solo el 30 % apoya la propuesta del Gobierno de endurecer los requisitos para lograr el asilo, según una encuesta publicada este martes.
De acuerdo con el sondeo elaborado por la cadena de televisión ABC y el diario The Washington Post, mientras que un 64 % desaprueba la declaración de emergencia nacional firmada por el mandatario el pasado 15 de febrero para obtener dinero con el que construir su muro fronterizo, apenas un 34 % que apoya la medida.
Con esta maniobra, la Casa Blanca buscaba esquivar la negativa del Congreso a sufragar el proyecto, transfiriendo 6.000 millones de dólares del Pentágono: 2.500 millones de su partida para la lucha contra el narcotráfico y 3.500 millones de su presupuesto para construcción de instalaciones militares.
Respecto a la posibilidad de endurecer la legislación relativa a las solicitudes de asilo, un 34 % de los encuestados defendió que lo mejor es no cambiar las leyes actuales frente a un 30 % que abogó por endurecer los requisitos de acceso. Un 27 % sostuvo que lo correcto sería facilitar el acceso a los solicitantes de asilo.
Trump ordenó este lunes impulsar nuevas normas para cambiar el sistema de asilo en EE.UU. que incluirían cobrar una tasa por presentar solicitudes y que los jueces resuelvan los casos en un máximo de 180 días.
Trump propuso estos y otros cambios en un memorando dirigido al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y al secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, a los que instruyó a tomar medidas en un plazo de 90 días.
En general, el 57 % de los encuestados se mostraron en desacuerdo con cómo el presidente está manejando el asunto de la inmigración, mientras que un 39 % consideró que Trump está obrando de forma adecuada.
Consciente de que es un tema que le da réditos entre su base electoral, el presidente estadounidense ha convertido la cuestión migratoria en una de las prioridades de su Administración, y ha reiterado en numerosas ocasiones que la llegada de inmigrantes a la frontera sur del país supone una crisis humanitaria que debe ser atajada.
Este discurso ha calado especialmente entre los votantes conservadores, según el sondeo.
El 56 % de los republicanos considera que efectivamente existe esta crisis, mientras que el 24 % de quienes se definen como demócratas opina que es real.
La encuesta fue realizada de manera telefónica entre el 22 y el 25 de abril, con una muestra de 1.001 adultos de habla inglesa e hispana, y contempla un margen de error de 3,5 puntos porcentuales.

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Washington, 21 abril (EFE).- Los demócratas se debaten entre iniciar o no un juicio político contra el presidente Donald Trump, tras la publicación de una versión censurada del informe de la investigación sobre la trama rusa, que suscita dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia del mandatario.
Así lo expresaron este domingo dirigentes del Partido Demócrata, como los jefes de dos comités de la Cámara Baja del Congreso, Adam Schiff y Jerrold Nadler.
Schiff, que está al frente del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Representantes, no descartó que los demócratas inicien un proceso de destitución contra Trump, aunque se mostró pesimista de que pueda prosperar.
Los republicanos "están dispuestos a llevarle el agua al presidente independientemente de que la conducta del presidente pueda ser corrupta, inmoral y deshonesta", opinó Schiff en una entrevista a la cadena de televisión ABC News.
"Sin embargo -subrayó-, puede que emprendamos un proceso de destitución. Creo que como caucus vamos a decidir qué es lo mejor para el país".
"Entonces tendremos que decidir ¿Aun así vamos a un proceso de destitución, porque de lo contrario sería una señal de que de alguna manera la conducta de este presidente está bien, o decidimos que es mejor hacer la supervisión en el contexto de audiencias de supervisión por varios comités (del Congreso) en vez de un proceso de destitución formal?", reflexionó.
Schiff hizo hincapié en que la decisión va a ser "muy significativa".
El Departamento de Justicia publicó esta semana una versión censurada del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación acerca de los presuntos lazos entre miembros del equipo electoral de Trump y Rusia durante la campaña para los comicios presidenciales de 2016, y la posible obstrucción a la Justicia del mandatario.
El documento concluye que no hay "pruebas suficientes para apoyar cargos criminales" relacionados con los "numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso" y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia.
Schiff consideró que, "en particular, la obstrucción a la Justicia en este caso es mucho peor que cualquier cosa que hizo (el expresidente) Richard Nixon. El hackeo de los rusos a instituciones demócratas, un adversario extranjero mucho más significante que 'fontaneros' asaltando la sede demócrata..."
"Por tanto, sí, diría que en todos los sentidos esto es más significativo que Watergate", zanjó.
Por su parte, Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, dijo que si se demuestra una posible obstrucción a la Justicia por parte de Trump, podría ser motivo de un proceso de destitución del mandatario, en declaraciones a la cadena NBC.
"Sí, si se prueba, hasta ahora no ha sido probada (la obstrucción a la justicia)", respondió Nadler a una pregunta sobre si se podría iniciar un procedimiento para destituir a Trump.
"La obstrucción a la Justicia sería enjuiciable políticamente. Vamos a ver a dónde nos llevan los hechos", añadió.
Tras la publicación del informe, de más de 400 páginas y con numerosas tachaduras, la única demócrata que ha pedido claramente un "impeachment", como se denomina en inglés el proceso de destitución, ha sido la senadora y precandidata de su partido a la Presidencia, Elizabeth Warren.
La política instó hace dos días a la Cámara de Representantes a iniciar el juicio político por la "gravedad" de las revelaciones incluidas en el informe de la trama rusa.
Al disponer de la mayoría, los demócratas podrían comenzar el proceso de destitución en la Cámara Baja, donde su aprobación solo requiere de mayoría simple, pero fracasaría con toda probabilidad en el Senado, controlado por los republicanos.
En la Cámara Alta, al menos 20 de los 53 senadores republicanos deberían votar en contra de Trump para alcanzar los dos tercios que permitan que el procedimiento de destitución triunfe, lo que abriría el paso a la Presidencia al ahora vicepresidente, Mike Pence.
El cargo de obstrucción a la Justicia estuvo también detrás del intento de juicio político al expresidente Bill Clinton (1993-2001) y de la dimisión de Nixon (1969-1974), que abandonó la Casa Blanca ante la certeza de enfrentarse a un proceso de este tipo. Susana Samhan

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El informe del forense permitirá a la Fiscalía formular cargos contra el actor en una audiencia prevista para el próximo 1 de mayo.

Miami, 11 abr (EFE).- El informe forense del Condado de Miami-Dade difundido este miércoles reveló que el cubano Juan Ricardo Hernández, golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle, murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza".
El escrito del médico forense indica "homicidio" como probable causa de la muerte del hombre de 63 años, quien se enfrascó en una discusión en la calle con el mexicano Lyle, actualmente en arresto domiciliario en Miami y con grillete electrónico.
La difusión del informe se da el mismo día en que estaba programada una audiencia en la que los abogados del actor querían que no se difundiera su situación financiera, no obstante retiraron el pedido en vista de que ya con anterioridad se había difundido la información y es de dominio público.
El informe del forense permitirá a la Fiscalía formular cargos contra el actor en una audiencia prevista para el próximo 1 de mayo.
El cuerpo de Hernández fue velado en una funeraria de Miami la noche del martes, donde su pareja durante los últimos tres años, Mercedez Arce, con quien la víctima planeaba casarse, así como familiares y allegados le dieron un último adiós, informó el canal Telemundo 51.
Entre tanto, Pablo Lyle se halla en arresto domiciliario tras salir el martes de la prisión con un grillete electrónico, a raíz del hecho ocasionado por una discusión de tráfico el 31 de marzo pasado.
Hernández tuvo que ser hospitalizado tras la discusión y murió el pasado jueves. El actor de telenovelas, que estaba en libertad bajo fianza de 5,000 dólares y había sido autorizado a viajar a México, debió regresar a Estados Unidos para una audiencia judicial que tuvo lugar este lunes.
El actor, que pasó la noche en prisión, fue liberado el martes y trasladado por un oficial a un edificio de la zona de Brickell, aledaña al centro de Miami, según medios de Miami.
El juez Alan S. Fine elevó el lunes a 50,000 dólares la fianza impuesta al actor, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de Miami.
"Es una tragedia, una absoluta tragedia; pero el señor Lyle no tuvo intención de matar a nadie. No es un caso de asesinato", dijo a los medios al concluir la audiencia Bruce Lehr, uno de los abogados del actor mexicano.
Según un vídeo grabado por una cámara de seguridad, después de haber golpeado a Hernández, el automóvil en el que Lyle viajaba como pasajero abandonó el lugar dejando al cubano inconsciente en el piso.

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Durante el 2016 hubo más de 116,000 visitas a las salas de urgencia en la ciudad de Nueva York relacionadas con el consumo de alcohol.

Nueva York, 30 abr (EFE).- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, prohibió este martes que se coloquen anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas en las propiedades del municipio, incluidas las paradas de autobuses.
De Blasio firmó una orden ejecutiva que entra en vigor "de inmediato" y que prohíbe además los anuncios en quioscos de WiFi LinkNYC, en los de prensa, los de reciclaje y las cabinas telefónicas, y estipula que este tipo de publicidad debe quedar fuera de futuros contratos o en la renovación de los mismos.
De Blasio indicó en un comunicado que demasiados neoyorquinos luchan con el abuso de sustancias, entre ello el consumo excesivo de alcohol.
"Esta orden ejecutiva prohibiendo los anuncios de alcohol en las propiedades de la ciudad reafirma nuestro compromiso con la salud equitativa y apoyo para proteger su bienestar", afirmó el alcalde neoyorquino.
Una elevada exposición a la publicidad de bebidas alcohólicas puede llevar a aumentar el consumo de la bebida, particularmente entre la gente joven.
Cuanto más temprano comience a beber una persona mayor es la probabilidad de desarrollar desórdenes relacionados con el alcohol cuando sea adulto, señala además el comunicado municipal.
Los estudios han mostrado que los jóvenes que consumen bebidas alcohólicas son más vulnerables al impacto de estos anuncios que los adultos, y los más susceptibles son entre las edades de entre 15 y 20 años.
Destaca además que durante el 2016 hubo más de 116,000 visitas a las salas de urgencia en la ciudad de Nueva York relacionadas con el consumo de alcohol.
Ese mismo año cerca de 2,000 neoyorquinos murieron por causas atribuidas al alcohol, incluyendo enfermedad del hígado, accidentes de tránsito y cáncer.
En el 2017 cerca de uno de cada cinco neoyorquinos reportaron borracheras al menos en una ocasión el mes anterior.
El barrio neoyorquino de Harlem tiene la tasa más alta de hospitalizaciones relacionadas con el consumo de alcohol, más de cinco veces que la tasa en el Upper East Side de la ciudad, donde menos.
"En Nueva York vemos demasiados muertes relacionadas con el alcohol. Sabemos que la exposición a anuncios puede llevar a consumir más alcohol. Esta prohibición ayudará a proteger comunidades" de esas campañas publicitarias, dijo por su parte la directora del Departamento de Salud en Nueva York, Oxiris Barbot.

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Los fiscales y las víctimas formaron la coalición para denunciar que el gobernador expidió "una orden ilegal y en blanco al establecer una moratoria de la pena de muerte", según explicó el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer.

Los Ángeles, 12 abr (EFE).- Una coalición de fiscales californianos y familiares de víctimas de criminales sentenciados a la pena de muerte de Estados Unidos manifestaron su rechazo a la reciente suspensión de las ejecuciones firmada por el gobernador estatal, Gavin Newsom.
Los fiscales y las víctimas formaron la coalición para denunciar que el gobernador expidió "una orden ilegal y en blanco al establecer una moratoria de la pena de muerte", según explicó el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer.
"El gobernador Newsom tomó un cuchillo y lo enterró en el corazón de todas estas víctimas de crímenes y de los miles de víctimas de personas que recibieron la pena de muerte en California por un jurado", criticó Spitzer en una rueda de prensa realizada en Sacramento, capital del estado.
Los fiscales argumentaron que la pena de muerte fue respaldada por la mayoría de votantes de este estado en los plebiscito de 2012 y 2016, en éste último año además se aprobó una proposición para agilizar el proceso de ejecuciones.
Spitzer señaló que llevará videos de los familiares de las víctimas a una reunión programada este jueves con el gobernador y que también solicitará a Newsom que "se reúna inmediatamente con las víctimas" de los condenados a pena de muerte.
Junto al fiscal del Condado de Orange estuvieron presentes los fiscales de los condados de El Dorado, Vern Pierson; de Riverside, Mike Hestrin; de Sacramento, Anne Marie Schubert; de San Luis Obispo, Dan Dow; y de Ventura, Greg Totten.
Participaron además familiares de víctimas, entre ellos Steve Herr y su esposa Raquel, quienes presentaron una foto de su hijo Sam Herr, el cual fue asesinado con premeditación por su vecino de apartamento Daniel Wozniak en el sureste de Los Ángeles, en mayo de 2010.
El pasado mes de marzo, el demócrata Newsom anunció una moratoria de las ejecuciones en California, estado en el que no se ha aplicado la pena capital desde 2006 debido a una querella legal en torno a los protocolos para la utilización de la inyección letal.
El gobernador californiano aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de raza negra y a aquellos que no pueden pagar "una representación legal costosa".
Actualmente hay 737 reos en el corredor de la muerte en este estado, donde desde 1978 han sido sentenciados a la pena capital más de 900 personas pero solo 13 han sido ejecutadas. Desde ese año además han muerto 79 de estos condenados por causas naturales y 26 más por suicidio.
Además de anunciar la suspensión de las ejecuciones, Newsom, que tomó posesión como gobernador de California en enero pasado, anunció el cierre de la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín, en el norte de California.

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El presidente anunció este fin de semana la salida de Nielsen, máxima responsable de la política migratoria y fronteriza de su Administración. Trump también anunció que el puesto de Nielsen lo ocupará de forma interina el actual jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan. Trump también reemplazó al jefe del Servicio Secreto.

Washington, 10 abr (EFE).- La todavía secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, anunció el martes que su "número dos", Claire Grady, también dimite, por lo que ambas dejarán sus cargos este miércoles.

"Grady ha ofrecido al presidente su renuncia, efectiva mañana (hoy). Durante los últimos dos años, Claire ha servido con excelencia y distinción. Ha sido un activo invaluable para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una fuerza constate y una voz bien informada", dijo Nielsen en Twitter.

El presidente Donald Trump anunció este fin de semana la salida del Gobierno de Nielsen, la máxima responsable de la política migratoria y fronteriza de su Administración.

Trump también anunció que a partir del miércoles ocupará el puesto de Nielsen de forma interina el actual jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, en un anticipo del futuro en el departamento de Grady, que teóricamente era la primera en la línea de sucesión.

En su sacudida al DHS, Trump también reemplazó al jefe del Servicio Secreto, Randolph Alles.

La salida de Nielsen cierra un agrio capítulo en el Gobierno de Trump por la política migratoria de la llamada "tolerancia cero", que consistió en la separación de familias inmigrantes que cruzaban la frontera de forma irregular.

También las diversas estrategias para frenar la llegada de solicitantes de asilo centroamericanos.

Pese a la mano dura ejercida por Nielsen, la secretaria también se convirtió en foco de críticas por parte de Trump al no lograr contener el flujo de migración en la frontera sur, que en marzo alcanzó cifras récord en la última década.

Según anunció hoy el CBP, a lo largo del mes pasado la Patrulla Fronteriza detuvo a 92.607 inmigrantes, un gran aumento respecto a los 66.884 de febrero y los 47.984 de en enero.

Además, la cifra de familias migrantes arrestadas en la frontera aumentó en un 375 % entre octubre (inicio del año fiscal) y marzo respecto al mismo periodo del año fiscal anterior.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza consideró que se está experimentando actualmente una situación "sin precedentes e insostenible en la frontera sur", que calificó de "una crisis de seguridad fronteriza y humanitaria".

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