La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Santiago de Chile, 20 de ocubret (EFE).- El Gobierno chileno decretó el estado de emergencia para controlar los sectores de Santiago que este viernes fueron escenario de violentas protestas, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo 15 días.

La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Mientras los efectivos policiales del cuerpo de Carabineros trabajaban para tratar de aplacar los disturbios y los bomberos apagaban las llamas que prendían en diversas estaciones de metro, autobuses urbanos, barricadas callejeras e incluso en la sede de la eléctrica Enel, el Gobierno analizaba las posibles medidas a tomar.

Así, el presidente del país, Sebastián Piñera, tras una larga reunión en La Moneda (sede del Gobierno) con los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, decretó el estado de emergencia y nombró al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional en las zonas de la Región Metropolitana (RM) más afectadas por los desórdenes.

En concreto, el decreto rige para la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana-, la provincia Chacabuco y las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, he decretado estado de emergencia. El objetivo es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos", señaló el presidente por medio de una cadena nacional.

Con esta medida, que en caso de ser necesario puede ser prorrogada por otros 15 días si el Congreso Nacional lo autoriza, Iturriaga asumió el mando de las fuerzas policiales en esos sectores y quedó autorizado para desplegar a los militares, algo que ya ordenó.

He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", dijo Ituarriaga en rueda de prensa.

"Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", agregó.

Aunque recomendó a los ciudadanos que regresaran a sus casas, el general de división descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda.

Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, llevan a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.

Acudían en masa a las estaciones de metro colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, disturbios que fueron en aumento hasta motivar que el Metro de Santiago, que transportan diariamente casi 3 millones de personas, cerrase este viernes todas las estaciones, lo que produjo el colapso del tránsito de vehículos y peatones, que se quedaron sin locomoción.

En paralelo, grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano.

Según los primeros informes, 19 estaciones de metro y 16 autobuses urbanos fueron dañados y 180 personas fueron detenidas.

El Metro de Santiago es una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno.

El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transportes.

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Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que "Tony" Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

Tegucigalpa, 19 de octubre (EFE).- La condena en Estados Unidos por narcotráfico contra el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha agudizado la crisis política y social que vive el país desde 2009.


Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que "Tony" Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

La protesta promovida por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 con un golpe de Estado, fue disuelta con bombas de gas lacrimógeno cerca de la antigua Casa Presidencial.

La manifestación se desarrollaba pacíficamente, incluso hubo varios discursos, entre ellos el de Hortensia, hija del exgobernante; su esposa, Xiomara Castro, y del propio Manuel Zelaya, entre otros participantes en la protesta.

Pero luego, entre los manifestantes, que habían quemado neumáticos, algunos comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas del orden, que respondieron con un descomunal lanzamiento de gas.

También hubo protestas exigiendo la salida de Hernández del poder en varias ciudades que se extendieron hasta horas de la noche.

La oposición política hondureña, que es capaz de crear crisis a cada rato, pero no de resolverlas, de nuevo ha vuelto a pedir la salida de la presidencia de Juan Orlando Hernández, a quien tildan de "narco-usurpador" y acusan de haberse reelegido mediante un "fraude" en las elecciones generales de 2017.

Zelaya, quien desde a finales de 2017, luego del "fraude" que asegura hizo Hernández en 2017, ha venido haciendo llamamientos a la insurrección popular, lo que de nuevo pidió el viernes de "manera organizada y permanente" hasta sacar al gobernante del poder.

"Llamamos a toda nuestra militancia a nivel nacional a movilización total, organizada y permanente, con acciones de protestas pacíficas, pero firmes y contundentes", dijo Zelaya, en cuyo Gobierno, como en otros, el narcotráfico también operó con libertad en Honduras.

La situación de Honduras preocupa porque a raíz de la crisis por el golpe de Estado a Zelaya, su sociedad se dividió y su clase política, desde entonces, no ha sido capaz de resolver la situación.

La crisis iniciada en 2009 ha tenido repercusiones en lo político, social y económico, y se agudizó con el "fraude" que la oposición alega hizo Juan Orlando Hernández para continuar en el poder, pese a que la Constitución de la República no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

El país, con 9,3 millones de habitantes, sigue sufriendo de la violencia criminal que deja entre 10 y 14 muertos diarios, la pobreza que afecta al más del 60 % de su población, una corrupción galopante y un Parlamento que no contribuye a resolver la crisis, sino que le crea más problemas a los hondureños, según diversos sectores.

Actualmente, sectores sociales, entre ellos los obispos de la Conferencia Episcopal, demandan que no entre en vigor en noviembre, como está previsto, el nuevo Código Penal que fue aprobado en mayo, por considerar que está favoreciendo la corrupción e impunidad, flagelos que le han hecho mucho daño al país a lo largo de su historia y han salpicado a los tres poderes del Estado.

Además, esta semana el Parlamento, en el que tiene mayoría (61 de sus 128 diputados) el gobernante Partido Nacional, aprobó a matacaballo una Ley de Fondos Departamentales y de inmunidad parlamentaria, que también cuestionan la oposición y otros sectores.

La crisis ha tenido en octubre un nuevo elemento para agudizarla, el juicio y condena en EE.UU. del exdiputado "Tony" Hernández, que ha salpicado a su hermano Juan Orlando, quien según narcotraficantes que atestiguaron en Nueva York, recibió dinero de Joaquín "el Chapo" Guzmán para financiar sus dos campañas presidenciales.

El presidente ha rechazado todas las acusaciones y reiterado que no son creíbles declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos, a quienes se les incautaron bienes que amasaron con el tráfico de drogas en el país y negociaron con autoridades de EE.UU. para que les reduzcan sus penas, y en venganza lo han acusado a él.

El juicio contra "Tony" Hernández también salpicó al expresidente Porfirio Lobo, quien además tiene a un hijo preso y condenado a 24 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico.

La Conferencia Episcopal dijo esta semana en un comunicado que la lacra del narcotráfico es una realidad sostenida por hombres "sin escrúpulos" que ha permeado las instituciones del país y deteriorado la imagen de la nación.

Los obispos señalaron además que nada de lo realizado por grupos del narcotráfico en Honduras podría "haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por la razón de su ser estaban llamados a defender la vida y a proporcionar seguridad a todos".

"Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo", subrayó la Conferencia Episcopal.

Honduras también sufre la falta de verdaderos líderes en sus instituciones políticas, tanto, que ninguno de las principales fuerzas de oposición le genera confianza a un pueblo ansioso de paz, trabajo, seguridad, justicia y una verdadera democracia que no se resuma en asistir a las urnas cada cuatro años a votar.

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Fue la población guatemalteca colonial, a finales del siglo XVI, la que creó este plato frío, especial para ser ingerido en las celebraciones mortuorias. Pero no quedaría arraigado y afianzado como "comida de muerto" hasta el siglo XIX, cuando se erigió por su simbolismo, exquisitez y exuberancia.

Guatemala,  (EFE).- El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala declaró este domingo los conocimientos y procesos de elaboración del fiambre, un platillo que se come tradicionalmente el Día de los Santos (1 de noviembre), como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

El titular de la cartera cultural, Elder Súchite Vargas, instó a la población guatemalteca a "preservar esta tradición", que consiste en una ensalada que llega a tener en ocasiones más de 50 ingredientes, cuyo contenido se clasifica en carnes, embutidos, verduras y quesos, además de varios tipos de aderezo.

En el marco del "Primer Rotary Fiambre Fest", realizado este domingo en el Parque de la Industria (zona 9 de la capital guatemalteca), Súchite recorrió los diferentes cubículos de expositores del exquisito platillo y celebró la preservación del mismo.

Por su parte, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, destacó la "diversidad" del país reflejada en la receta del histórico alimento, que cuenta con una variedad de recetas y tipos, siendo los más conocidos el blanco y el rojo.

En el primero se destacan los jugos fermentados de las verduras, las cuales son preparadas con varios días de antelación y posteriormente se mezclan con el resto de ingredientes.

Pero el morado o rojo, tiene como base el curtido de remolacha, mezclado con tiras de pacaya y cebolla. Después se revuelve con los embutidos, carnes y quesos, y prevalece ese color rojo tan característicos. Este es originario de la región central, la capital y el área kaqchikel.

El fiambre, según explica el antropólogo e historiador Celso Lara en su libro "Fieles difuntos, santos y ánimas benditas en Guatemala: una invocación ancestral", es una de las mejores expresiones de la tradición guatemalteca: representa la pluriculturalidad y multiculturalidad.

En esta comida se ve la identidad de varias subculturas: el uso de las verduras y su aderezo es herencia del mundo prehispánico, el empleo de distintos tipos de carnes y embutidos tiene ascendencia española, y el uso de quesos, alcaparras, aceitunas y otras especias tiene sello árabe.

Fue la población guatemalteca colonial, a finales del siglo XVI, la que creó este plato frío, especial para ser ingerido en las celebraciones mortuorias. Pero no quedaría arraigado y afianzado como "comida de muerto" hasta el siglo XIX, cuando se erigió por su simbolismo, exquisitez y exuberancia.

Y es que sus ingredientes, unidos a las más elaboradas maneras de cocción, expresan como nada la cosmovisión y la manera de ver el mundo del guatemalteco, tanto mestizo como maya.

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De acuerdo con el último reporte oficial, con la llegada de refuerzos militares a las zonas más afectadas por los incendios, se ha registrado una reducción "considerable" de las llamas en la Amazonia.

Porto Velho (Brasil), (EFE).- Las medidas del Gobierno de Brasil para frenar los incendios en la Amazonia continuaron hoy con la prohibición del uso de fuego para preparar las tierras para las siembras, una decisión que se extenderá por un período de dos meses en el también conocido como pulmón del mundo.

Aunque la quema de los terrenos en la Amazonia está permitida bajo determinadas normas, y es una práctica común en la agricultura, usada hasta por los indígenas, la medida busca evitar que estas acciones provoquen nuevos focos de incendio sin control, en momentos en que las autoridades empiezan a controlar las llamas desatadas desde hace unas tres semanas.

De acuerdo con el último reporte oficial, con la llegada de refuerzos militares a las zonas más afectadas por los incendios, se ha registrado una reducción "considerable" de las llamas en la Amazonia.

Aunque no fueron presentados datos concretos sobre toda la región, los análisis realizados por el Centro Operativo y de Gestión del Sistema de Protección del Amazonas (Censipam), indicaron que los brotes de incendios más fuertes se dieron entre el 25 y 26 de agosto en los estados de Rondonia, Amapá, Pará y Maranhao.

Ya para el 26 y 27 de agosto la situación había cambiado, especialmente en el estado de Rondonia, una de las regiones más afectadas por las llamas y donde los datos preliminares señalaron que los incendios habrían bajado de 400 a 24.

Las cifras del Censipam en Rondonia coinciden con las divulgadas este jueves por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe por sus siglas en portugués), que usa imágenes de satélite para medir los focos de incendio.

Según el Inpe el 14 de agosto había 665 focos de incendios en Rondonia, cifra que el día 23 del mismo mes bajó para 446 y que para el 28 de agosto se había reducido a 23.

Este estado en la frontera con Bolivia fue el primero al que llegaron los refuerzos de las Fuerzas Armadas anunciados por el presidente Jair Bolsonaro el pasado viernes y que vienen colaborando con bomberos y policías en el combate a los incendios.

En los alrededores de Porto Velho, la capital de Rondonia, las acciones para apaciguar las llamas continúan en tierra, aunque con dificultades de acceso en algunos tramos para las autoridades, y las operaciones se han reforzado en el aire con una mayor presencia de aviones que descargan miles de litros de agua sobre la selva en llamas, según pudo constatar Efe.

En la región, los incendios han dejado una densa capa de humo que además de impedir la visibilidad han obligado a algunos de sus moradores a usar máscaras para poder respirar.

De acuerdo con el Inpe, en el estado de Pará las quemas pasaron de 1.004 el 13 de agosto a 352 este miércoles, y en el de Amazonas, donde ayer fueron contabilizados 47 focos de incendio, hubo una reducción del 78 % de los incendios en tan solo un día, frente a los 218 del martes.

Pará, Amazonas y Rondonia son los tres estados de la Amazonía brasileña que han registrado el mayor número de incendios, los que más recibieron refuerzos militares y en donde se han apaciguado más rápidamente las llamas.

No ha ocurrido lo mismo en Maranhao, el último estado en pedir la ayuda del Gobierno y en el que solo hasta hoy el Ejército comenzó a actuar contra el fuego. Allí los focos de fuego pasaron de 156 el pasado sábado hasta 340 ayer miércoles.

El refuerzo de más de 40.000 militares ordenado por Bolsonaro, a los que se han sumado brigadas especiales de agentes de la policía militarizada, bomberos y peritos, entre otros, ha ayudado en la disminución de los brotes de incendios en la Amazonia, según el Gobierno.

De acuerdo con estudios de la organización no gubernamental Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (Ipam), de los 27.000 focos de incendio registrados en la Amazonia brasileña en lo que va de agosto, la mayoría están relacionados con la deforestación en la región, que alcanzó los 2.254,8 kilómetros cuadrados en julio, un volumen un 278 % superior al del mismo mes del año anterior.

Según Ane Alencar, directora de Ciencia del Ipam, el fuego no surge naturalmente en la Amazonia "lo que hay son personas que practican quemas, que pueden agravarse y convertirse en incendios en temporada de sequías".

En Porto Velho la práctica de las quemas para preparar la tierra es muy común y los agricultores la consideran esenciales para las nuevas cosechas y para el mantenimiento de los animales

"Si nosotros no sacamos todos los árboles y toda la vegetación, si no quemamos el terreno, no se produce nada. La cosecha no va adelante", afirmó a Efe la productora Shirley Machado, dueña de una hacienda situada a unos 80 kilómetros de Porto Velho.

Las acciones de fiscalización de las autoridades ambientales para controlar este tipo de quemas en la región Amazónica son persistentes y se han intensificado en los últimos días con el apoyo adicional enviado por el Gobierno.

Este jueves fueron identificados por la policía tres presuntos responsables de los incendios que provocaron la quema de 5.000 hectáreas de selva en área de la reserva ambiental Triunfo do Xingú, en Pará.

La región amazónica ha registrado más de la mitad de los 71.497 incendios forestales detectados en Brasil entre enero y agosto de este año, una cifra un 83 % superior al del mismo período de 2018, según el Inpe.

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La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes

México, 19 de octubre (EFE).- Las autoridades mexicanas acumulan un historial de errores y ridículos con el clan de Joaquín "el Chapo" Guzmán por el caos generado este jueves con el arresto y posterior liberación de uno de los hijos del narcotraficante.


La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes.

"Más que en ridículo, (el Gobierno) queda en una evidente situación de debilidad por su notable improvisación", dijo este sábado a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.

La relación entre lo ocurrido el jueves y las dos fugas de sendas prisiones mexicanas de alta seguridad del Chapo reflejan la continuidad de fallas y corrupción durante décadas en las fuerzas de seguridad, sin importar el gobernante.

Errores que ahora continúan bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a su promesa de transformar la nación.

"No hay falta de Estado ni ausencia del Gobierno federal", aseguró, no obstante, este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, en una incómoda rueda de prensa del Gabinete de Seguridad tras el "fallido" operativo.

LAS FUGAS DE PELÍCULA DEL CHAPO

El Gobierno mexicano se marcó un tanto con el arresto y posterior extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en un penal de máxima seguridad de ese país.

No obstante, durante lustros fue la prueba de las fallas en seguridad del país. Y sobre todo de la relación existente entre el narcotráfico y unas autoridades fácilmente sobornables.

El Chapo fundó el Cártel de Sinaloa y en 1991 fue detenido, pero sobornó al jefe de Policía de Ciudad de México con 100.000 dólares para escapar.

Arrestado en 1993 en Guatemala y extraditado a México, fue procesado por narcotráfico y encarcelado.

Pero en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, protagonizó su primera gran fuga en el 2001.

Tan de película como cómica, pues se fugó escondido en un carrito de lavandería con la ayuda de una decena de funcionarios corruptos, según la versión más extendida.

Desde entonces se convirtió en uno de los principales fugitivos de la Justicia de México y Estados Unidos, hasta que en 2014 fue capturado en la ciudad de Mazatlán, en su natal Sinaloa.

Apenas año y medio después, logró su segunda y más espectacular fuga. Gracias a varios secuaces y con la supuesta ayuda de funcionarios de prisiones, huyó por un túnel de 1.500 metros desde una casa cercana hasta la ducha de su celda.

Fue detenido seis meses después, aunque la confianza de la ciudadanía hacia el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018), quedó severamente dañada.

Y LA HISTORIA SE REPITE

Aunque sin tanto poder ni proyección, algunos de los hijos del Chapo también han logrado evadir la Justicia en varias ocasiones.

Ovidio era uno de los hermanos de más bajo perfil pero aún así logró que sus secuaces protagonizaran este jueves un pulso de fuerza contra una treintena de agentes de seguridad del que terminaron vencedores.

Pese a estar rodeado por un operativo de 30 agentes se desató tal caos en Culiacán que para preservar "vidas" -en palabras del mismísimo presidente- se decidió dejarlo en libertad.

El error de cálculo de las fuerzas de seguridad, tildado de "precipitado" por el titular del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, expuso una aparente falta de profesionalidad o disciplina.

Otro hijo del Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es considerado por el FBI como uno de los criminales más buscados. En 2012, las autoridades anunciaron su arresto y que le habían hallado armas, dinero e identificaciones falsas.

Pronto se descubrió, ante el escarnio general, que hubo una confusión y el apresado no era hijo del líder del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo Guzmán, uno de los cabecillas del cártel, estuvo detenido en el 2005 por el delito de lavado de dinero y tres años después fue dejado en libertad cuando un juez desestimó las acusaciones.

EN MEDIO, UN GRAN VACÍO INFORMATIVO

El suceso en Culiacán pone además en duda la estrategia de comunicación del Gobierno de México.

Durante horas, y mientras en la red se propagaban rumores y abundaban estremecedores videos de los ataques, la Administración federal -y también la estatal y la municipal- guardó silencio.

"Debe haber una reforma estructural en la comunicación, es importante cuidar el tipo de mensajes. (...) La desinformación o ausencia de información maximiza la distorsión y la manipulación política", dijo a Efe Pedro Isnardo De la Cruz, especialista en seguridad de la UNAM.

No fue hasta unas cinco horas después que se lanzó un corto mensaje de video de Durazo junto con altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En lugar de calmar las aguas, no hizo más que sembrar dudas.

Si bien decía que se había localizado a Ovidio Guzmán -dando a entender que lo capturaron- posteriormente hablaba de una "suspensión de acciones".

Esta ambigüedad tuvo un efecto negativo. Y el enfado y la incomprensión se hizo sentir en las redes y en los medios.

Un día después se aclaró lo ocurrido con una versión oficial que reconoció que hubo 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados de una prisión local que aprovecharon el caos de la ciudad para provocar un motín y huir.

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Su fallecimiento ocurrió en Bogotá, un día después de regresar de Medellín donde la semana pasada participó en la séptima edición del Festival Gabo, en la cual presentó el viernes último su más reciente libro, "La constelación ética".

 

Bogotá, 6 de octubre (EFE).- El periodista colombiano Javier Darío Restrepo, un referente de la ética del oficio en toda Iberoamérica y maestro de la Fundación Gabo desde 1995, falleció este domingo a los 87 años, informó la fundación a la que dedicó los últimos años de su vida.

Su fallecimiento ocurrió en Bogotá, un día después de regresar de Medellín donde la semana pasada participó en la séptima edición del Festival Gabo, en la cual presentó el viernes último su más reciente libro, "La constelación ética".

Restrepo comenzó su dilatada carrera en 1957 y dedicó 27 años de su vida profesional a la televisión, 18 de los cuales trabajó como reportero del noticiero "24 Horas". También fue columnista de los diarios El Tiempo, El Espectador y El Colombiano, entre otros, así como catedrático de la prestigiosa Universidad de los Andes.

Por su contribución al oficio, en 2014 recibió el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo.

En ese entonces la Fundación Gabo reconoció también su "defensa de la tradición del periodismo de calidad y la voluntad de asumir los retos de los tiempos nuevos".

Tras recibir el premio, Restrepo explicó a Efe que la clave del galardón radicaba en el hecho de que hacía énfasis "en la importancia que en este momento tiene la ética para los periodistas teniendo en cuenta esa especie de terror-ambiente que hay frente a todo lo de la tecnología digital".

La ética periodística en los tiempos de cambio que vive el periodismo era una de las grandes pasiones de Restrepo, quien dirigía desde 2000 el consultorio de la Fundación Gabo en el que recibía con frecuencia consultas de profesionales de toda Iberoamérica.

Restrepo afirmaba que "en ética nadie es juez de nadie, salvo de uno mismo, porque solo uno sabe las motivaciones y circunstancias de sus acciones".

Autor de 22 libros, fue ganador del Premio Nacional de Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) en la categoría de prensa en 1993, así como del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 1986.

Además recibió los premios San Gabriel del Episcopado Colombiano en 1994, Germán Arciniegas de la Editorial Planeta en 1995 y el Premio Latinoamericano a la Ética Periodística otorgado por el Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida, en 1997.

Inflexible en sus opiniones sobre el oficio al que dedicó su vida, afirmó que los periodistas se habían equivocado en plena época de la dictadura del clic al pensar que su papel se cumple cuando registran "lo último que ha sucedido" y que su obligación "para con el público y con el medio de comunicación es contar lo más llamativo, alarmante o sorprendente y que, además, responde a la curiosidad del mayor número de receptores de información".

"Formulo como hipótesis la idea de que a los periodistas en general, nos preocupa poco el efecto que a corto, mediano o largo plazo puedan tener nuestras noticias", aseguró en uno de sus últimos discursos.

Y agregó: "Sí es, en cambio, abrumadora la sospecha de que es nuestra responsabilidad el crecimiento de un sentimiento de desesperanza y que este es un hecho que resulta de la subestimación del papel que debe cumplir el periodismo en la sociedad".

"El potencial social y político del periodismo está sin activar y la profesión, como tal, reducida a papeles menores ha adquirido un perfil de simple actividad de entretenimiento, no de liderazgo y orientación de la sociedad", indicaba.

Por eso, apostaba por un "periodismo que propone" y hace "aparecer la esperanza con todo su dinamismo, activador de lo posible".

Tras su muerte, la Fundación Gabo calificó a Restrepo en un comunicado como "Pilar y guía en el ejercicio del periodismo ético en Iberoamérica".

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), de la que fue fundador, director ejecutivo y miembro del consejo directivo, consideró que no solo fue "un maestro del periodismo, sino que fue esencial en al defensa de la libertad de prensa".

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Debido a la conflictividad postelectoral, las autoridades han pedido a la población calma y que el descontento con los resultados sean resueltos por las vías legales.

Guatemala, (EFE).- Al menos dos muertos, decenas de detenidos y denuncias de posible fraude han marcado esta semana a Guatemala tras las elecciones generales del domingo, cuyo escrutinio comenzarán a revisar desde el lunes las autoridades electorales debido a las protestas por desacuerdos con los resultados.
Desde el pasado domingo cuando se realizaron los comicios presidenciales, parlamentarios y municipales, comenzaron los incidentes por denuncias de acarreos de votantes, lo cual desembocó en enfrentamientos de los habitantes con las fuerzas de seguridad.
Además no se realizaron votaciones en el municipio de San Jorge (Zacapa) por la renuncia de la Junta Electoral por amenazas de muerte.
Según el Ministerio de Gobernación (Interior) fue en al menos siete municipios del interior del país donde se han registrado incidentes esta semana, que han dejado decenas de detenidos.
El pasado jueves, fueron asesinados dos guatemaltecos en el norteño departamento de Alta Verapaz que participaron como candidatos a cargos públicos el día domingo.
Se trata de Gabriela Meléndez, aspirante a concejal de la municipalidad de San Pedro Carcha y Sebastián Cucul, candidato a diputado al Congreso, ambos por el partido Podemos, que respaldó la candidatura presidencial de Roberto Arzú, quien en declaraciones a Efe calificó de "terrible" ese hecho.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) abrió un expedientes por esos dos crímenes.
Mientras que en otro incidente, Carlos Tuc, quien resultó electo como alcalde del municipio de Raxruhá (Alta Verapaz) por el partido Winaq resultó herido en otro ataque armado,
Las protestas por desacuerdos con el escrutinio llegaron esta semana a la capital guatemalteca, donde los inconformes bloquearon las rutas principales de acceso a la ciudad y provocaron un caos.
Debido a la conflictividad postelectoral, las autoridades han pedido a la población calma y que el descontento con los resultados sean resueltos por las vías legales.
Las primeras denuncias de posible fraude fueron realizada por la única candidata indígena, Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) y no reconoció los resultados de las elecciones en las que figura en cuarto lugar.
Sin embargo, el fraude fue descartado por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero han llevado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha conformar una comisión para revisar todas las actas del escrutinio.
A través del acuerdo 351-2019, en el que se considera que en la transmisión de resultados preliminares se observaron "incongruencias" entre las certificaciones de cierre de las Juntas Electorales y los datos del sistema, conformaron la "Comisión de Verificación y Cotejo de Actas".
Ésta estará formada por "el auditor, el director general del Registro de Ciudadanos, el director de informática, la directora electoral, el jefe de departamento de inscripción de ciudadanos y elaboración de padrones, el coordinador de asuntos jurídicos y el inspector general", que actuará como coordinador.
Los magistrados, sin embargo, han rechazado la posibilidad de un fraude en los comicios, mientras que la candidatura presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la exprimera dama Sandra Torres, quien se perfila como virtual ganadora, expresó que los errores son "mínimos".
El aspirante a la primera magistratura, Alejandro Giammatte, del partido Vamos, quien está en segundo lugar, también ha exigido la revisión del escrutinio.
El pasado miércoles el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió al TSE recuperar su credibilidad y solventar los posibles errores que se hayan podido cometer en el conteo de los votos.
"No voy a dar mi opinión porque yo le voy a dar el tiempo al Tribunal Supremo Electoral (...) y creo que quien debe dar cuentas a la población es el Tribunal Supremo Electoral. Tiene que resolver todas las dudas existentes, solventar los temas de errores que dicen ellos que pudieron haberse cometido y sobre todo tiene que recuperar la credibilidad de la población guatemalteca", proclamó Morales.
Según el TSE, la revisión de cada acta de las 21.099 Juntas Receptoras de Voto comenzará el lunes a las 8.00 hora local (14.00 GMT) y se llevará a cabo de "forma ininterrumpida" hasta "su finalización" en el Parque de la Industria, a donde han sido convocados los fiscales nacionales de los partidos políticos, así como sus fiscales informáticos para verificar el proceso.
Este sábado, miembros del Departamento de Informática del Tribunal Electorales explicaron a los fiscales de los partidos cómo funciona ese sistema.

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