El senador Luis R. Sepúlveda, tras mostrar indignación por las acciones de la gobernadora Jennifer González, reiteró su convicción de que los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, merecen ser tratados con dignidad, respeto y justicia.  

NUEVA YORK – El senador del Estado de Nueva York y reconocido defensor de los derechos de los inmigrantes, Luis R. Sepúlveda, expresó hoy su profunda indignación ante las recientes acciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, relacionadas con la entrega de información personal de ciudadanos dominicanos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el país caribeño. 

La controversia por las acciones de la actual gobernadora de la Isla del Encanto estallaron este viernes, luego de que saliera a la luz que la incumbente facilitó a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) los datos de unos 6 mil migrantes con licencia de conducir pero que no tienen estatus migratorio definido.

El senador Sepúlveda afirmó que el acto de facilitar el acceso a datos confidenciales de ciudadanos dominicanos representa una traición inaceptable hacia una comunidad que ha contribuido de forma invaluable al desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico. “Se está poniendo en riesgo la seguridad, la privacidad y la estabilidad de miles de familias trabajadoras que ya enfrentan múltiples desafíos”, sostuvo el legislador. 

El senador neoyorquino hizo un firme llamado a la gobernadora González para que detenga de inmediato esta colaboración con las autoridades federales de inmigración, y establezca medidas claras que salvaguarden los derechos fundamentales de los inmigrantes en la isla. 

“Ningún gobierno debería colaborar con políticas que alimentan el miedo, la persecución y la criminalización de comunidades vulnerables. Estas decisiones, además de ser moralmente reprobables, erosionan la confianza pública y promueven un clima de exclusión que contradice los principios democráticos y humanitarios que todos compartimos”, aseguró Sepúlveda. 

El legislador reafirmó de manera enfática su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los inmigrantes, destacando que esta causa es una prioridad fundamental en su agenda legislativa, y que su apoyo no se limita a una región específica, sino que se extiende a todas las comunidades inmigrantes en cada rincón de los Estados Unidos.

 La controversia

Según consta en una publicación de la agencia de noticias EFE, la gobernadora Jenniffer González se justificó, al alegar que las leyes de inmigración federal son "mandatorias”."No podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles", expresó González en nota de prensa.

Dijo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó la data el 29 de enero por requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con fecha del 26 de enero. "La agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley", subrayó la gobernadora, al tiempo que reconoció "las contribuciones importantes" que hacen a la economía de la isla los inmigrantes.

Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional, como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes.

El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, por lo que se generó la expectativa de que los datos no serían entregados a las autoridades migratorias de EE.UU. (Fuente Externa)

Defensor del Pueblo y Consulado Dominicano en Nueva York realizaron un foro para prevenir estafas inmobiliarias, al destacar  el aumento de fraudes registrados en la venta de viviendas en RD por parte de empresas fantasmas. 

NUEVA YORK, NY.- Con la finalidad de crear conciencia sobre las estafas inmobiliarias y proporcionar herramientas para su prevención y denuncia, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana y el Consulado Dominicano en Nueva York realizaron un foro dirigido a la comunidad criolla en los Estados Unidos.

Bajo el título “Protegiendo el Sueño Dominicano: Prevención de estafas inmobiliarias para la comunidad dominicana en el exterior”, Pablo Ulloa, titular del organismo constitucional, mostró su preocupación por el aumento de inversiones desde el extranjero que se han visto afectadas por fraudes.

En ese sentido, señaló los datos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas entidades estiman que entre un 5% y un 8% de las compras de viviendas realizadas fuera del país han sido afectadas por ventas engañosas. Sostuvo que los mecanismos de extorsión han evolucionado, ocasionando desgaste físico, económico y mental de las personas que confían en constructoras que resultan al final como empresas fantasmas.

Entre las vulneraciones de derechos, producto de estas prácticas, puntualizó la suplantación de identidad, proyectos sin concretar, propiedades vendidas más de una vez, títulos ilegales, entre otras. “Estafas que no solo arrebatan dinero; arrebatan años de sacrificio, la esperanza de una casa propia, el legado que muchos soñaban dejar a sus hijos”, expresó el servidor público.

De su lado, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús (Chu) Vásquez, informó que este tipo de encuentros tiene la finalidad de diseñar acciones conjuntas que frenen las prácticas fraudulentas que han afectado a la diáspora.

“No podemos permitir que los sacrificios de nuestra gente terminen en manos de estafadores”, condenó el funcionario en el acto celebrado en el auditorio de la escuela Juan Pablo Duarte en Washington Heights, en Manhattan, ciudad de Nueva York.

En la actividad fue presentada una herramienta desarrollada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, la cual fue expuesta por su titular Carlos Bonilla, cuyo objetivo es prevenir las estafas inmobiliarias en el país a través de la tecnología de información y comunicación.

Durante la realización del foro fueron presentadas diversas iniciativas para prevenir las estafas inmobiliarias, las cuales estuvieron a cargo de la vice ministra de Relaciones Exteriores para las comunidades dominicanas en el exterior, Celinés Toribio; el senador Estatal en Nueva York, Luis Sepúlveda y el especialista en derecho inmobiliario, Robinson Cuello.

El evento representa una oportunidad clave para fortalecer la protección de los derechos de la diáspora dominicana en Nueva York, al mismo tiempo que se fomenta una mayor regulación y transparencia en el mercado inmobiliario de la República Dominicana.

En el marco del foro se efectuó el panel “Prevención de Estafas Inmobiliarias para la Comunidad Dominicana en el Exterior”, en el que participaron Rafael Barón Duluc, senador Provincia La Altagracia; Yorlin Vásquez, subdirectora Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos; Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor; Alberto Bogaert, presidente Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de la República Dominicana; Christian Molina, presidente Ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas; Annerys Melendez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, y Sovieski Naut, gerente de Economía Digital de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana; con la moderación de Denisse Hartling, encargada de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo.

Instituciones auspiciadoras

El foro “Protegiendo el Sueño Dominicano: Prevención de estafas inmobiliarias para la comunidad dominicana en el exterior” fue patrocinado por los ministerios de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) y de Vivienda y Edificaciones (MIVED), los consulados dominicanos en Nueva York y New Jersey, la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), el Consejo Nacional de Competitividad, Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de Reservas, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Registro Inmobiliario, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de la República Dominicana (AEI), y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), entre otros.

La Casa Blanca “celebró” la oportunidad de deportar a 500 mil “invasores” de suelo estadounidense, ratificando que “la Corte Suprema intervino con justicia”, tras su decisión.

WASHINGTON, DC.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración del presidente Donald Trump, abriendo las puertas para que miles de inmigrantes amparados bajo el “parole humanitario” sean deportados.

El anuncio de la decisión, que autoriza a la presente administración a revocar el estatus legal que protege a inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que residen en Estados Unidos, ha copado hoy los titulares de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

Y es que el "parole humanitario”, otorgado durante el mandato del ex presidente Joe Biden, permitió a más de 500 mil personas ingresar legalmente al país, y el fallo de este viernes echa por tierra las esperanzas de muchos inmigrantes, quienes vieron una oportunidad de permanencia cuando una orden previa de un juez federal decidió impedir al gobierno poner fin a este programa.

Deportaciones masivas

BBC News Mundo publicó hoy que “esa política se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que le da al secretario de Seguridad Nacional la potestad de otorgar "de manera discrecional" el permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, solicite ser admitido en EE.UU. de forma transitoria por "razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo".

En declaraciones para CNN, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, manifestó que la agencia “celebró” la oportunidad de deportar a 500 mil “invasores” de suelo estadounidense, y añadió que “la Corte Suprema intervino con justicia”.

Desde que asumió su segundo mandato en La Casa Blanca, en enero pasado, entre varias ordenes ejecutivas que firmo, el presidente Donald Trump puso especial énfasis en la que instruía al Departamento de Seguridad Nacional a eliminar los programas de parole, y días después, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem anunciaba el fin del parole humanitario.

El fallo se produce solo semanas más tardes de que la Corte Suprema, permitiera a los funcionarios de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que beneficia a aproximadamente 350.000 inmigrantes venezolanos que viven y trabajan en el país. (Fuente Externa)