Rosselló indicó que debido a las quejas de supuestas irregularidades, la Guardia Nacional supervisará la entrega de la ayuda en algunos municipios.

San Juan, (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico investigará los problemas en la distribución de alimentos a la población necesitada tras la devastación de la isla causada por el paso del huracán María, que destrozó infraestructuras y dejó 36 muertos.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó hoy en su conferencia de prensa diaria que la investigación responde a denuncias de la población por supuestas irregularidades en la entrega en algunos municipios de agua y comida a las personas necesitadas.
Rosselló indicó que debido a las quejas la Guardia Nacional supervisará la entrega de la ayuda en algunos municipios.
Además, el Departamento de Justicia investigará si se están produciendo irregularidades en la entrega de alimentos, tal y como denuncian algunas personas.
El jefe del Ejecutivo anunció también que firmará una orden para que personal del Departamento de Hacienda vigile los suministros que se entregan a los municipios, con lo que se completan las medidas para dar respuesta a una incertidumbre que ha creado malestar entre la ciudadanía.
Rosselló indicó que empleados del Departamento de Asuntos del Consumidor (Daco) visitarán comercios para asegurar que se estén cumpliendo las ordenes que "congelan" en alza de los precios, otra de las quejas generalizadas entre los puertorriqueños desde que el huracán María golpeó la isla caribeña el pasado 20 de septiembre.
Dijo que hay personas que se han querellado por el cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), tasa que se había eximido en determinadas circunstancias, por lo que también se prestará atención por parte de funcionarios públicos a este asunto.
El gobernador subrayó que ahora la prioridad del Ejecutivo es evitar las enfermedades y los contagios generalizados, un asunto sobre el que también ha habido denuncias, aunque matizó que no tiene conocimiento de casos.
Para evitar posibles contagios masivos hay 67 hospitales operando, de los que 39 tienen energía suministrada por la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE).
La energética estatal informó a través de su cuenta en twitter que la Central San Juan ha vuelto a operar después de una avería registrada hoy, con lo que las personas con servicio de la AEE en la isla se sitúa en 6,7 %.
"Hay que mejorarlo y se debe hacer más fuerte", dijo Rosselló sobre la infraestructura eléctrica de la isla, completamente devastada tras el paso del huracán María.
La caída de la planta de la Central en San Juan dejó sin luz al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de la capital y al Centro Médico, el principal hospital de la isla caribeña.
Además, también se cerraron áreas del Puerto de San Juan sin que se haya informado de los motivos.
La situación avanza en el combustible y el 78 % de las estaciones de gasolina de la isla operan, lo que es perceptible en las calles de la capital, donde las filas para repostar han desaparecido.
Las telecomunicaciones en el área de telefonía móvil operan a 52 % de su capacidad.

Washington, 6 oct (EFE).- Unos 64.000 jóvenes inmigrantes, conocidos como "soñadores" (dreamers), presentaron solicitudes para renovar su inscripción al programa de alivio migratorio DACA desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara su fin el pasado 5 de septiembre, informó hoy a Efe un portavoz del Gobierno.
El plazo para renovar la inscripción al programa migratorio acaba justo esta medianoche, por lo que las cifras son provisionales debido al volumen de solicitudes recibidas en los últimos días, dijo a Efe un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de la gestión de DACA.
El 5 de septiembre, Trump anunció el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio al Congreso seis meses, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.
En total, el plan DACA, proclamado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama, benefició a 800.000 jóvenes, una cifra que ha ido descendiendo y actualmente se sitúa en 690.000 "soñadores", quienes aún tienen un permiso para trabajar temporalmente y no ser deportados, según datos de USCIS.
En esta ocasión, solo pudieron renovar su inscripción aquellos "soñadores" con un permiso que expiraba entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018.
Esos "soñadores" que acaban de renovar su inscripción a DACA estarán protegidos hasta 2019, aunque el Congreso no apruebe ningún tipo de ley migratoria.
A partir de ese momento, tendrán que salir del país o convertirse en inmigrantes indocumentados, pues DACA no otorga ningún estatus permanente y tiene un límite de dos años.
El balón está ahora en el tejado del Congreso, que se encuentra dividido en líneas partidistas, pues los demócratas quieren aprobar una ley que sirva solo para dar residencia a los "soñadores", mientras que la mayoría de los republicanos condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad fronteriza.
Entre las propuestas legislativas que se están debatiendo en el Congreso figura el "Dream Act", una ley que cuenta con el apoyo de legisladores de ambos partidos y que podría beneficiar a 3,4 millones de personas, según cálculos del Instituto de Política Migratoria, un grupo progresista.

El congresista por Las Vegas, Ruben Kihuen, habla sobre la tragedia en un concierto de Jason Aldin y dice por qué en los Estados Unidos se debe hacer algo para reformar el uso de armas.