Washington, 21 abril (EFE).- Los demócratas se debaten entre iniciar o no un juicio político contra el presidente Donald Trump, tras la publicación de una versión censurada del informe de la investigación sobre la trama rusa, que suscita dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia del mandatario.
Así lo expresaron este domingo dirigentes del Partido Demócrata, como los jefes de dos comités de la Cámara Baja del Congreso, Adam Schiff y Jerrold Nadler.
Schiff, que está al frente del Comité de Inteligencia de la Cámara de los Representantes, no descartó que los demócratas inicien un proceso de destitución contra Trump, aunque se mostró pesimista de que pueda prosperar.
Los republicanos "están dispuestos a llevarle el agua al presidente independientemente de que la conducta del presidente pueda ser corrupta, inmoral y deshonesta", opinó Schiff en una entrevista a la cadena de televisión ABC News.
"Sin embargo -subrayó-, puede que emprendamos un proceso de destitución. Creo que como caucus vamos a decidir qué es lo mejor para el país".
"Entonces tendremos que decidir ¿Aun así vamos a un proceso de destitución, porque de lo contrario sería una señal de que de alguna manera la conducta de este presidente está bien, o decidimos que es mejor hacer la supervisión en el contexto de audiencias de supervisión por varios comités (del Congreso) en vez de un proceso de destitución formal?", reflexionó.
Schiff hizo hincapié en que la decisión va a ser "muy significativa".
El Departamento de Justicia publicó esta semana una versión censurada del informe elaborado por el fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación acerca de los presuntos lazos entre miembros del equipo electoral de Trump y Rusia durante la campaña para los comicios presidenciales de 2016, y la posible obstrucción a la Justicia del mandatario.
El documento concluye que no hay "pruebas suficientes para apoyar cargos criminales" relacionados con los "numerosos contactos entre individuos vinculados al Gobierno ruso" y la campaña de Trump, pero arroja dudas sobre una posible obstrucción a la Justicia.
Schiff consideró que, "en particular, la obstrucción a la Justicia en este caso es mucho peor que cualquier cosa que hizo (el expresidente) Richard Nixon. El hackeo de los rusos a instituciones demócratas, un adversario extranjero mucho más significante que 'fontaneros' asaltando la sede demócrata..."
"Por tanto, sí, diría que en todos los sentidos esto es más significativo que Watergate", zanjó.
Por su parte, Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, dijo que si se demuestra una posible obstrucción a la Justicia por parte de Trump, podría ser motivo de un proceso de destitución del mandatario, en declaraciones a la cadena NBC.
"Sí, si se prueba, hasta ahora no ha sido probada (la obstrucción a la justicia)", respondió Nadler a una pregunta sobre si se podría iniciar un procedimiento para destituir a Trump.
"La obstrucción a la Justicia sería enjuiciable políticamente. Vamos a ver a dónde nos llevan los hechos", añadió.
Tras la publicación del informe, de más de 400 páginas y con numerosas tachaduras, la única demócrata que ha pedido claramente un "impeachment", como se denomina en inglés el proceso de destitución, ha sido la senadora y precandidata de su partido a la Presidencia, Elizabeth Warren.
La política instó hace dos días a la Cámara de Representantes a iniciar el juicio político por la "gravedad" de las revelaciones incluidas en el informe de la trama rusa.
Al disponer de la mayoría, los demócratas podrían comenzar el proceso de destitución en la Cámara Baja, donde su aprobación solo requiere de mayoría simple, pero fracasaría con toda probabilidad en el Senado, controlado por los republicanos.
En la Cámara Alta, al menos 20 de los 53 senadores republicanos deberían votar en contra de Trump para alcanzar los dos tercios que permitan que el procedimiento de destitución triunfe, lo que abriría el paso a la Presidencia al ahora vicepresidente, Mike Pence.
El cargo de obstrucción a la Justicia estuvo también detrás del intento de juicio político al expresidente Bill Clinton (1993-2001) y de la dimisión de Nixon (1969-1974), que abandonó la Casa Blanca ante la certeza de enfrentarse a un proceso de este tipo. Susana Samhan

Los fiscales y las víctimas formaron la coalición para denunciar que el gobernador expidió "una orden ilegal y en blanco al establecer una moratoria de la pena de muerte", según explicó el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer.

Los Ángeles, 12 abr (EFE).- Una coalición de fiscales californianos y familiares de víctimas de criminales sentenciados a la pena de muerte de Estados Unidos manifestaron su rechazo a la reciente suspensión de las ejecuciones firmada por el gobernador estatal, Gavin Newsom.
Los fiscales y las víctimas formaron la coalición para denunciar que el gobernador expidió "una orden ilegal y en blanco al establecer una moratoria de la pena de muerte", según explicó el fiscal del Condado de Orange, Todd Spitzer.
"El gobernador Newsom tomó un cuchillo y lo enterró en el corazón de todas estas víctimas de crímenes y de los miles de víctimas de personas que recibieron la pena de muerte en California por un jurado", criticó Spitzer en una rueda de prensa realizada en Sacramento, capital del estado.
Los fiscales argumentaron que la pena de muerte fue respaldada por la mayoría de votantes de este estado en los plebiscito de 2012 y 2016, en éste último año además se aprobó una proposición para agilizar el proceso de ejecuciones.
Spitzer señaló que llevará videos de los familiares de las víctimas a una reunión programada este jueves con el gobernador y que también solicitará a Newsom que "se reúna inmediatamente con las víctimas" de los condenados a pena de muerte.
Junto al fiscal del Condado de Orange estuvieron presentes los fiscales de los condados de El Dorado, Vern Pierson; de Riverside, Mike Hestrin; de Sacramento, Anne Marie Schubert; de San Luis Obispo, Dan Dow; y de Ventura, Greg Totten.
Participaron además familiares de víctimas, entre ellos Steve Herr y su esposa Raquel, quienes presentaron una foto de su hijo Sam Herr, el cual fue asesinado con premeditación por su vecino de apartamento Daniel Wozniak en el sureste de Los Ángeles, en mayo de 2010.
El pasado mes de marzo, el demócrata Newsom anunció una moratoria de las ejecuciones en California, estado en el que no se ha aplicado la pena capital desde 2006 debido a una querella legal en torno a los protocolos para la utilización de la inyección letal.
El gobernador californiano aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de raza negra y a aquellos que no pueden pagar "una representación legal costosa".
Actualmente hay 737 reos en el corredor de la muerte en este estado, donde desde 1978 han sido sentenciados a la pena capital más de 900 personas pero solo 13 han sido ejecutadas. Desde ese año además han muerto 79 de estos condenados por causas naturales y 26 más por suicidio.
Además de anunciar la suspensión de las ejecuciones, Newsom, que tomó posesión como gobernador de California en enero pasado, anunció el cierre de la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín, en el norte de California.

El informe del forense permitirá a la Fiscalía formular cargos contra el actor en una audiencia prevista para el próximo 1 de mayo.

Miami, 11 abr (EFE).- El informe forense del Condado de Miami-Dade difundido este miércoles reveló que el cubano Juan Ricardo Hernández, golpeado por el actor mexicano Pablo Lyle, murió a raíz de "complicaciones por trauma contundente en la cabeza".
El escrito del médico forense indica "homicidio" como probable causa de la muerte del hombre de 63 años, quien se enfrascó en una discusión en la calle con el mexicano Lyle, actualmente en arresto domiciliario en Miami y con grillete electrónico.
La difusión del informe se da el mismo día en que estaba programada una audiencia en la que los abogados del actor querían que no se difundiera su situación financiera, no obstante retiraron el pedido en vista de que ya con anterioridad se había difundido la información y es de dominio público.
El informe del forense permitirá a la Fiscalía formular cargos contra el actor en una audiencia prevista para el próximo 1 de mayo.
El cuerpo de Hernández fue velado en una funeraria de Miami la noche del martes, donde su pareja durante los últimos tres años, Mercedez Arce, con quien la víctima planeaba casarse, así como familiares y allegados le dieron un último adiós, informó el canal Telemundo 51.
Entre tanto, Pablo Lyle se halla en arresto domiciliario tras salir el martes de la prisión con un grillete electrónico, a raíz del hecho ocasionado por una discusión de tráfico el 31 de marzo pasado.
Hernández tuvo que ser hospitalizado tras la discusión y murió el pasado jueves. El actor de telenovelas, que estaba en libertad bajo fianza de 5,000 dólares y había sido autorizado a viajar a México, debió regresar a Estados Unidos para una audiencia judicial que tuvo lugar este lunes.
El actor, que pasó la noche en prisión, fue liberado el martes y trasladado por un oficial a un edificio de la zona de Brickell, aledaña al centro de Miami, según medios de Miami.
El juez Alan S. Fine elevó el lunes a 50,000 dólares la fianza impuesta al actor, le retiró el pasaporte y le prohibió salir de Miami.
"Es una tragedia, una absoluta tragedia; pero el señor Lyle no tuvo intención de matar a nadie. No es un caso de asesinato", dijo a los medios al concluir la audiencia Bruce Lehr, uno de los abogados del actor mexicano.
Según un vídeo grabado por una cámara de seguridad, después de haber golpeado a Hernández, el automóvil en el que Lyle viajaba como pasajero abandonó el lugar dejando al cubano inconsciente en el piso.