Las reacciones a la orden ejecutiva emitida por la nueva administración, que cataloga a las ciudades de Providence y Central Falls cómo santuarios para indocumentados, y sus implicaciones no sean hecho esperar. Funcionarios locales han levantado su voz sobre el “escamoso” tema.
RHODE ISLAND, EE.UU.- La primera en expresar su sentir, públicamente, fue la alcalde de la ciudad más pequeña de Rhode Island. En la página de Facebook de la Alcaldía de Central Falls, Maria Rivera dijo, en respuesta a la inclusion de la ciudad que lidera como un santuario para indocumentados, que: “Quiero que sepan que hemos anticipado esto y estamos observando el tema de cerca. Entiendo el miedo que esto ha provocado aquí, pero por favor sepan: su ciudad le respalda”.
Rivera expresó que los valores de la ciudad de Central Falls no han cambiado. “Creemos que todos aquí merecen sentirse seguros en su propia comunidad. Es por eso que aprobamos una ordenanza local hace años para proteger la confianza pública en nuestra policía local, y es por eso que llevamos a la primera Administración Trump a los tribunales cuando intentaron castigarnos por ello. Y ganamos entonces, una y otra vez”.
El gobernador de Rhode Island, Dan McKee manifestó que no ha recibido un comunicado oficial del Departamento de Seguridad al respeto. No obstante negó que Rhode Island sea un estado santuario, y que solo cumplen con una decisión judicial federal, conocida como el caso Morales, que establece que las autoridades locales no pueden detener a una persona basándose únicamente en una orden de detención de ICE sin una orden judicial.
“Creo que lo importante que todos deben saber es que no somos un estado santuario, que seguimos una decisión de un tribunal federal, llamada Morales, y lo que dice es que cooperaremos con ICE cuando haya una orden judicial, y sin una orden judicial, no vamos a detener a las personas porque eso violaría la cuarta y la quinta enmienda”, enfatizó McKee.
La vice gobernadora Sabina Matos refirió, en una reciente entrevista para The Public Radio, a propósito de las políticas implementadas por la administración Trump contra los indocumentados, que las mismas están afectando no solo a las personas sin documentos sino también a la comunidad en general.
“He escuchado historias de personas que viajan fuera del país y han sido detenidas y cuestionadas a su regreso. Es importante que todos conozcamos nuestros derechos. Lo que esta administración está haciendo empieza a parecerse a algo que me preocupa profundamente: la aparición de un estilo de gobierno autoritario”, aseveró Matos.
La orden ejecutiva
Luego de la firma de la orden ejecutiva 14287, el pasado 28 de abril, y que instaba al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Fiscalía General a emitir una lista completa de jurisdicciones santuario, incluyendo ciudades, condados y estados que obstruyen deliberadamente la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses, la agencia hizo de dominio público dicho documento.
La orden también ordena a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la Fiscal General, Pam Bondi, identificar y denunciar públicamente las jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.
El listado nombró jurisdicciones en 30 estados, entre los que se encuentran Rhode Island y dos de sus ciudades, así como comunidades en estados como Massachusetts, New Hampshire, Maine, Vermont y Connecticut, entre otras.
La definición que promueve la orden ejecutiva sobre las ciudades santuario es que son comunidades que protegen a los inmigrantes ilegales delincuentes y peligrosos de las consecuencias, y ponen en grave peligro a las fuerzas del orden.
De acuerdo a la orden ejecutiva, el DHS está comprometido a exponer estas jurisdicciones ilegales al público y exigirles responsabilidades por no respetar el estado de derecho. “Estos políticos que defienden las ciudades santuario están poniendo en peligro a los estadounidenses y a las fuerzas del orden para proteger a los inmigrantes ilegales delincuentes violentos”, declaró la secretaria Kristi Noem.
Noem dijo que el DHS expone a estos políticos que apoyan comunidades santuario que albergan a inmigrantes ilegales delincuentes y desafían la ley federal. “El presidente Trump y yo siempre priorizaremos la seguridad del pueblo estadounidense. Se les advierte a los políticos santuario: cumplan con la ley federal”.
El Departamento de Seguridad Nacional procederá a enviar a cada jurisdicción expuesta en el listado una notificación formal de su incumplimiento y de todas las posibles violaciones de las leyes penales federales, con la finalidad de que estas revisen y modifiquen sus políticas para “alinearlas con las leyes federales de inmigración y renovar su obligación de proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales peligrosos”. (Fuente Externa)
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