Legisladores republicanos en RI preocupados ante plan de rastrear localización de celulares

Los senadores y representantes estatales del partido en el gobierno sostienen que dicha iniciativa despierta “profundas preocupaciones" en términos de privacidad, libertades civiles, así como en términos legales.

PROVIDENCE, RI. - Los legisladores del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes de Rhode Island expresaron preocupación frente a la medida anunciada por la gobernadora y la directora del Departamento de Salud del estado, concerniente a rastrear los datos de la ubicación de los teléfonos celulares de los residentes como forma de monitorear y controlar el posible contagio del Covid-19.

En una carta enviada este lunes 13 de abril a la gobernadora Gina Raimondo y la doctora Nicole Alexander-Scott, los senadores y representantes estatales republicanos dijeron que a raíz de la publicación de un artículo en WPRI, titulado “To reopen the economy. RI may try to track you and the people you know” (Para reabrir la economía, Rhode Island podría tratar de rastrearlo a usted y a las personas que usted conoce), muchos residentes han expresado una “significativa aprehensión” ante la posibilidad de que agencias estatales tengan acceso a los datos de localización de sus teléfonos móviles sin su consentimiento.

Sostienen los legisladores del partido en el gobierno que dicha iniciativa despierta “profundas preocupaciones" en términos de privacidad, libertades civiles, así como legales.

“Nuestra Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce la profunda naturaleza personal de loa datos de localización de los teléfonos celulares cuando decidió que los agentes de cumplimiento de ley deben obtener una orden judicial para tener acceso a esta información”, señalan los legisladores en su carta, citando de manera textual la decisión del alto tribunal en el caso Carpenter V. United States, 585 U.S., 38 (2018), en el cual se indica que la información contenida en los teléfonos móviles abre una ventana a la intimidad de la vida de sus usuarios, revelando, no solo sus movimientos particulares, sino también asuntos de tipo personal, familiar, político y profesional.

Indican los legisladores que, reconociendo su responsabilidad de proteger a los residentes de Rhode Island en esta era digital, en el año 2016 (dos años antes del caso Carpenter), la Asamblea General del estado aprobó una ley -firmada por la gobernadora Raimondo- en la que se prohíbe a las agencias estatales el acceso a los datos de localización de aparatos electrónicos sin tener una orden judicial.

“Dejando a un lado las legalidades, el rastreo involuntario de teléfonos celulares socavará nuestros esfuerzos para combatir la crisis del COVID-19. Toda gran crisis tiene sus propios desafíos únicos, pero el éxito siempre recae en un factor esencial – la confianza de la gente en sus líderes. En esta crisis, la confianza del público en su gobierno fomenta el necesario cumplimiento voluntario de las órdenes y recomendaciones. Rastrear a todos los residentes de Rhode Island como si estuvieran en libertad condicional corta el tejido mismo de la privacidad individual en nuestra sociedad libre y arriesga derribar esa confianza, lo que socava la disposición del público de voluntariamente acatar los futuros esfuerzos de respuesta al COVID-19”.

En este sentido, los firmantes de la carta solicitaron a las autoridades abstenerse de rastrear la localización de datos de los teléfonos celulares, a menos de que cuenten con el consentimiento específico del usuario o una orden judicial. También demandaron una clarificación inmediata de la medida para aliviar la creciente desconfianza que la iniciativa ha creado en los constituyentes.

La carta fue firmada a unanimidad por los miembros del Caucus Minoritario en la Casa de Representantes y el Senado del estado de Rhode Island, quienes agradecieron a Raimondo y Alexander-Scott por su liderazgo, trabajo duro y continua orientación en respuesta al COVID-19