PANAMA (EFE).- El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) espera que el Congreso de Estados Unidos no ratifique el fin del programa Acción Diferida para los Llegados de la Niñez (DACA), como lo pretende el Gobierno de Donald Trump, informó hoy el ente legislativo.
El organismo rechazó en una declaración la medida "por ser atentatoria de los derechos humanos y concretamente de los derechos de los jóvenes que se beneficiarían con la Acción Diferida", 800.000 de acuerdo con el Gobierno estadounidense.
El Parlatino indico en su texto, firmado el 8 de septiembre y divulgado hoy, que espera que el Congreso de EE.UU. defina alternativas legislativas que garanticen el respeto a los derechos, "incluida la no deportación de los migrantes en general y de quienes llegaron a los Estados Unidos sin la documentación correspondiente siendo niños".
El Gobierno de Trump anunció la semana pasada el fin de DACA -que protege de la deportación a los "soñadores"-, pero la suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018.
En estos seis meses el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EE.UU., debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Ya se han presentado en ambas Cámaras norteamericanas proyectos de ley bipartidistas para dar amparo a estos jóvenes indocumentados, pero ninguna ha conseguido avanzar.
El Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los "soñadores", y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.
Tanto la Casa Blanca como el propio Trump han dejado claro que no se tomará ninguna medida contra los beneficiarios de DACA en el plazo dado al Congreso.
El programa DACA fue promulgado por el anterior presidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), en 2012 y gracias a este 800.000 jóvenes indocumentados han podido frenar su expulsión del país, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.

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VENEZUELA, 12 sep (EFE).- El Gobierno y la oposición de Venezuela podrían reanudar un diálogo este miércoles en República Dominicana a invitación de ese país y del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han llamado a una negociación que de momento solo es aceptada abiertamente por el oficialismo.
Entretanto, el país se prepara para unas elecciones regionales que se celebrarán en octubre, motivo por el cual la oposición realizó el domingo unas primarias que al sol de hoy, y a pesar de los resultados definitivos, han generado discrepancias entre los partidos que conforman la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Este martes, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó en París a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, que las conversaciones entre el Gobierno venezolano y su oposición comenzarían mañana en República Dominicana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó horas antes la "invitación" a retomar este proceso.
"Quiero anunciar que (...) acepto esta nueva jornada de diálogo", informó el jefe de Estado venezolano en cadena obligatoria de radio y televisión, en referencia a lo que él mismo señaló como una "invitación" de Zapatero y del Gobierno dominicano.
El mandatario venezolano designó a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño Libertador y uno de los estrategas más influyentes en el Gobierno, para que le represente en esta reunión y para "continuar los esfuerzos de diálogo" del país.
Maduro aseguró que está comprometido con esta iniciativa. "No digo más. Me gustaría decir mucho más pero no debo, debemos ser prudentes para que en esta oportunidad fructifique de manera exitosa el diálogo por la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.
Por su parte, la MUD negó hoy que vaya a reabrir una negociación con el Gobierno, aunque aseguró que enviará una delegación para reunirse con el presidente dominicano Danilo Medina a quien, afirma, "presentará los objetivos de la lucha democrática nacional".
En un comunicado, la coalición detalló sus demandas en toda conversación con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"La Mesa de la Unidad reitera que no hay un reinicio del diálogo e informa a Venezuela y el mundo cuáles son sus condiciones para una negociación seria", dijo la alianza, entre cuyas peticiones destacó la presentación de un cronograma electoral que incluya una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para 2018.
Esto además de "la liberación de presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones a dirigentes opositores y el cese a la persecución".
Según la oposición, "la invitación del presidente Medina no representa el inicio de un diálogo formal con el Gobierno", para el que la MUD exige "acciones inmediatas que demuestren verdadera disposición a resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo".
En ese sentido, afirma que el encuentro -sobre el que la oposición habla sin mencionar una eventual presencia del oficialismo- es para "explorar, con facilitación internacional, las condiciones de la oposición para una negociación seria con el Gobierno, que cumpla con las exigencias reiteradamente planteadas".
Entretanto, la MUD anunció hoy los resultados que faltaban por conocerse sobre las primarias que realizó el domingo de cara a las elecciones a gobernadores regionales, en las que afirmó que participó 6,8 % (1.018.621 personas) de un padrón electoral de casi 15 millones.

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VENEZUELA (EFE).- La Cancillería venezolana dijo hoy que las sanciones que ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Nicolás Maduro "ponen en riesgo" su condición como "el proveedor de petróleo más cercano y seguro para los EE.UU." y señaló que afectarán al pueblo norteamericano.
"Las decisiones unilaterales e ilegales del presidente Trump no sólo afectarán al pueblo venezolano, sino también al pueblo estadounidense. Las sanciones anunciadas, ponen en riesgo nuestra condición, casi centenaria, como el proveedor de petróleo más cercano y seguro para los EE.UU.", dice una carta publicada en el portal web de la Cancillería y dirigida a la población de EE.UU.
Según Venezuela, las sanciones afectarán a los estadounidenses "ante la posibilidad" del alza de los precios de la gasolina, "mientras que miles de trabajadores corren el riesgo de perder sus ahorros (...) ante el impacto en los fondos de jubilación por el veto que pasa sobre los bonos venezolanos".
El pasado 25 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal", en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.
La medida, anunciada por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe también las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".
El Gobierno venezolano ya ha mostrado su rechazo a estas medidas y hoy la Cancillería indicó que el comportamiento de Trump "no se corresponde con el lema de campaña de Donald Trump de 'volver a hacer grande a América".

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SANTO DOMINGO (EFE).- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dominicano ordenó la evacuación obligatoria en las zonas vulnerables de las provincias declaradas en alerta roja ante el paso de Irma, de categoría 5, que se desplaza hoy sobre las islas caribeñas de San Martin y Anguila.
Un total de 17 provincias, entre ellas Santo Domingo, la capital, se encuentran en alerta roja (máxima), 12 en alerta amarilla (intermedia) y tres en verde (mínima).
Los directores del COE y la Defensa Civil, los generales Juan Manuel Méndez y Rafael Antonio Carrasco Paulino, respectivamente, informaron en una rueda de prensa de que se han enviado autobuses para evacuar a personas en riesgos en las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Valverde, Duarte y Monte Plata.
A la vez, recordaron que la medida es de carácter obligatoria, por lo que debe ser acatada, y no descartaron usar la fuerza pública de ser necesario.
Aunque no ofrecieron cifras de desplazados, explicaron que ya algunas personas han empezado a trasladarse a casas de amigos o familiares.
Por cuestiones de seguridad, también empezaron hoy a trasladar a los presos de la cárcel de Rafey (norte) a la prisión de La Vega (norte).
Las autoridades de socorro dominicanas aseguran que disponen de 3.261 albergues equipados, con capacidad para 900.000 personas.
El Gobierno dominicano ha adoptado varios planes de contingencia ante el paso de Irma, considerado ya el huracán más potente del Atlántico, y que llegó esta madrugada al Caribe.
El Ejecutivo Nacional se declaró el pasado lunes en sesión permanente ante el paso del ciclón y aseguró estar preparado para enfrentar cualquier eventualidad.
Por su lado, el Ministerio de Defensa anunció que sus unidades de rescate, mitigación de desastres y ayuda humanitaria "están listas" para encarar cualquier situación por el fenómeno, mientras que la Policía Nacional anunció hoy que puso en alerta a todas sus tropas.

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COLOMBIA, 12 sep (EFE).- Las autoridades colombianas se incautaron de 65 inmuebles valorados en 57.000 millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) y congelaron 24 cuentas bancarias de Mauricio Parra Rodríguez, alias "El Quesero", testaferro de las desmovilizadas FARC, informaron hoy fuentes judiciales.
Entre las propiedades confiscadas hay oficinas en un sector exclusivo del norte de Bogotá, cinco vehículos, tres lotes donde se iban a desarrollar proyectos urbanísticos en Ibagué (Tolima) y Pitalito (Huila), dijeron en una rueda de prensa el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía.
En la operación contra "El Quesero", del que las autoridades aseguran es uno de los principales testaferros del desaparecido Bloque Sur y la columna Teófilo Forero de las FARC, también figuran peluquerías y 10 sociedades dedicadas a la construcción y venta de vivienda que y servían de fachada para lavar activos obtenidos en actividades ilícitas.
Las autoridades le venían siguiendo la pista a Parra, quien fue arrestado hace 13 días en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
También debe responder ante la justicia como presunto responsable del homicidio de Jhonny Alonso Orjuela Rueda, propietario de los supermercados Surtifruver de la Sabana, ocurrido el 20 de octubre de 2016 en Bogotá.
Igualmente se le investiga por el homicidio del abogado, líder social y expersonero de Pitalito (sur), Luis Ochoa, ocurrido el 6 de abril del presente año, pues según la Fiscalía "habría tenido participación en este crimen".
La hipótesis que maneja la Fiscalía sobre el crimen es la defensa que el abogado Ochoa asumió de un grupo de casi 400 víctimas de una supuesta estafa por una urbanizadora ilegal.
Según las investigaciones, Parra legalizó durante quince años grandes sumas de dinero para las FARC, lo que le permitió ganar estatus de empresario, mantener contacto con diversas personalidades del país y adquirir lujosos bienes.
Para legalizar las propiedades, que estaban en varios municipios de los departamentos de Huila y Caquetá, al igual que en Bogotá, "El Quesero" las escrituraba a familiares y amigos.
Durante la investigación las autoridades recibieron testimonios de reinsertados de las FARC, quienes aseguraron que desde 1998 en la zona del Caguán (Caquetá), Parra llevaba mercados y diversos artículos a los campamentos de esa organización y allí comenzó su vínculo con el hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

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PERU (EFE).- El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori aseguró hoy que tuvo miedo de morir en su reciente paso por la unidad de cuidados intensivos (UCI) de una clínica de Lima sin antes haber unido "un poco más" a sus hijos.
"Viví dos días de zozobra y reconozco que sentí miedo, pero no a la muerte, sino a dejar pendientes, como los planes de pasear por el parque con los nietos y unir un poco más a mis hijos", escribió Fujimori en una carta publicada en su perfil de Twitter.
Tanto su hija Keiko Fujimori, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, como su hijo Kenji, el congresista más votado en las dos últimas elecciones, mantienen diferencias acrecentadas en los últimos meses sobre las líneas ideológicas de la formación política y los caminos para lograr la liberación de su padre.
Mientras Keiko prefiere liberar a su padre mediante la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, Kenji prefiere abogar por el indulto presidencial o por una ley que permita a su padre cumplir la pena bajo arresto domiciliario.
En recientes entrevistas en televisión, Kenji sugirió cambios en los asesores de Fuerza Popular, liderado por su hermana, Keiko Fujimori, después de que esta haya perdido en la segunda vuelta las dos últimas elecciones presidenciales de 2011 y 2016.
En los últimos comicios, Kenji Fujimori no fue a votar a las urnas y, días antes, aseguró que se postularía a la Presidencia de Perú en 2021 si su hermana no vencía en las elecciones del año pasado.
Alberto Fujimori estuvo internado del martes al sábado de la pasada semana en la Clínica Centenario Peruano Japonesa para ser tratado de una fibrilación auricular, de la que ya ha sufrido dos episodios en los que su ritmo cardíaco puede variar de las 65 a las 140 pulsaciones por minuto, explicó el mismo expresidente.
Fujimori, quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, es trasladado regularmente a clínicas de Lima para el tratamiento de los problemas gastrointestinales y de hipertensión que sufre de manera crónica, además de unas lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que ha sido operado hasta en cinco ocasiones.

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GUATEMALA (EFE).- La comisión integrada por el Congreso de Guatemala para estudiar la solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, acusado de financiación electoral ilícita, comenzó este miércoles con el análisis del voluminoso expediente enviado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente de esa instancia, Julio Ixcamey, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que por ahora no pueden anunciar un cronograma de trabajo sin antes evaluar el expediente que tiene al menos 963 folios, contrario a lo que había anunciado este martes.
Además, porque el secretario de la comisión, Juan José Porras, del partido Visión con Valores (VIVA), también de oposición, se encuentra fuera de Guatemala y no volverá hasta la tarde del jueves.
Ixcamey dijo que el cronograma no se presentará este miércoles porque tampoco tiene conocimiento sobre cuáles funcionarios tienen que citar a la comisión, además del sindicado, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quienes solicitaron el antejuicio el pasado 25 de agosto.
Aunque la ley no establece un tiempo para que se entregue el informe al pleno, el Congreso le dio a esta instancia un plazo de cinco días, aunque Ixcamey anunció este miércoles que de ser necesario pedirá una ampliación del tiempo.
Uno de los vocales de la instancia, Gabriel Heredia, de la UNE, explicó que se han declarado en "reunión permanente" para estudiar el extenso expediente que contendría las pruebas en contra de Morales, quien fue secretario general en 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el que ganó la presidencia ese año.
En 2015, según la investigación preliminar, FCN-Nación habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y gastado unos 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado a la autoridad electoral el origen de los recursos con los que realizó los pagos.

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