VENEZUELA (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló hoy desde Caracas que su homólogo estadounidense, Donald Trump, se ha "rendido" ya que ahora muestra su apoyo al intento de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y su oposición política, y aseguró que su país no va a "abandonar" a Venezuela en su lucha.
"Ya (el) presidente de Estados Unidos se ha rendido, está apoyando el diálogo, ya hemos ganado esta batalla. Se amenazó con la intervención militar, la guerra económica, sanciones (...) después de que amenazó con intervención militar, no solamente el pueblo venezolano sino América Latina se rebeló", dijo.
Morales participa en un conversatorio preparado por el Gobierno venezolano y encabezado por el presidente, Nicolás Maduro, dentro de un evento de movimientos sociales denominado "Venezuela somos todos", que se lleva a cabo en la capital del país caribeño y que se extenderá hasta el próximo martes.
Este evento tiene como fin debatir distintos temas relacionados a la defensa de la soberanía y la paz, y planificar una agenda de políticas en defensa de los derechos ciudadanos.
La cumbre surge en medio de las sanciones económicas de Estados Unidos contra altos funcionarios venezolanos y que pesan también sobre algunas transacciones comerciales de la nación petrolera.
Además de las audiencias de las que Venezuela es objeto y que pretenden definir si hay motivos para denunciarle por violar derechos humanos ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Esta semana inició un proceso entre el Gobierno venezolano y su oposición que podría derivar en un diálogo y para el cual seis naciones serán acompañantes, entre ellos Chile, México, Nicaragua, Paraguay y Bolivia.
Morales aceptó esta propuesta y consideró que se trata del "mejor momento" para defender la democracia y la paz.
En ese sentido, el jefe de Estado boliviano aseguró a su homólogo venezolano que Bolivia respaldará a Venezuela a pesar de las críticas de "la derecha".
"Hermano Maduro y pueblo venezolano (...) tenga seguro (que) no los vamos a abandonar digan lo que digan la derecha boliviana o la derecha norteamericana. Somos pueblos, son movimientos sociales", dijo, a lo que agregó: "mientras exista imperialismo y capitalismo la lucha sigue, es una lucha permanente".

BOLIVIA (EFE).- Una indígena aimara boliviana denunció hoy, junto a autoridades nacionales, que trabajó durante 38 años para una familia de La Paz en condiciones de esclavitud, sin salir de la casa ni percibir remuneración económica.
La mujer, identificada como Tomasa M., se presentó ante los medios en una rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que investigue este caso.
"Vamos a pedirle al Ministerio Público, a rogarle encarecidamente que extreme los esfuerzos en este caso porque, de confirmarse todo lo que nos ha contado la señora Tomasa, estamos ante un caso gravísimo", señaló la autoridad.
En una reunión previa a la conferencia de prensa, la mujer contó a las autoridades que ella vivía en la provincia paceña Camacho y que la trajeron a La Paz cuando tenía 15 años para que trabajara como empleada doméstica para una familia de La Paz.
"Ella no recibió remuneración por su trabajo, no recibía las salidas mínimas que cualquier trabajadora del hogar puede tener, ella no salía de la casa, no circulaba en ningún momento, no tenía contacto con sus familiares", relató Arce.
Enfatizó que la mujer, que actualmente tiene 54 años, no tuvo atención médica, no maneja el significado de la moneda y no tiene escolaridad.
El caso se hizo público el martes a través de los medios locales, a los que la mujer aseguró que sufría constantes maltratos verbales de sus empleadores, quienes en ocasiones le golpeaban, y, además, le hicieron creer que sus familiares habían muerto.
Tomasa contó que hace unos meses decidió escapar de la casa en la que trabajó, ubicada en la zona sur paceña, por miedo a que le amputen una pierna en la que tiene una lesión, ya que sus empleadores dieron la autorización para ese procedimiento.
La mujer acudió en busca de ayuda a un canal de televisión de la ciudad vecina de El Alto y a través de ese medio pudo recibir atención médica y reunirse con sus familiares.
Los empleadores de Tomasa la denunciaron ante la Fiscalía por el supuesto robo de algunos objetos de valor y ella, a su vez, presentó una demanda contra ellos por el delito de trata de personas.
"Hemos conversado con ella, es bastante creíble su versión, hay elementos que indican que todo lo que nos ha contado es cierto", señaló el ministro Arce.
Anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía por este caso y que se conformará un equipo junto a los Ministerios de Educación y de Salud para hacer el seguimiento correspondiente.
"De confirmarse todo lo que nos ha contado, estamos ante un caso gravísimo, extremadamente grave donde en pleno siglo XXI, en plena ciudad de La Paz se ha esclavizado a un ser humano", señaló Arce.

EL SALVADOR (EFE).- El Gobierno de El Salvador pidió hoy al Congreso endurecer las penas de cárcel y eliminar cualquier beneficio procesal a los pandilleros involucrados en el asesinato de policías, soldados y custodios de cárceles.
El vicepresidente del país centroamericano, Óscar Ortiz, dijo en una conferencia de prensa que la propuesta de reforma al Código Penal establece como pena mínima los 50 años de prisión a quien asesine a un miembro de los cuerpos de seguridad, sin detallar el máximo de años que podrían penar estas personas.
Añadió que también pretenden endurecer las penas contra "quienes quieran atacar" a los agentes y establecer otras "disposiciones especiales" para proteger a los uniformados, fiscales y jueces.
El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, sostuvo una de las medidas que impulsan es que cualquiera de estos funcionarios, que sea "amenazado o vigilado" por pandilleros, pueda acudir ante un juez y este emita una orden de restricción, que al ser transgredida daría pie a la detención de los involucrados.
Por otra parte, los pandilleros vinculados al ataque o amenazas contra los agentes de seguridad serán sometidos a un "régimen especial" penitenciario en el que estarán aislados y sin visitas desde el momento de su detención.
La propuesta del Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén también estipula la suspensión de beneficios procesales a estas personas, con lo que no tendrían derecho a la libertad condicional o arresto domiciliario.
"En la medida en que estos grupos sigan considerando el uso de la violencia como su principal herramienta vamos a estar expuestos a esta amenaza; lo más importante es ser eficaces, fuertes y contundentes en el combate", acotó el Ramírez.
Por otra parte, Ortiz y el ministro de Seguridad presentaron al Congreso otra iniciativa para formar una unidad de inteligencia financiera en la Policía para darle "mayores herramientas" para atacar las extorsiones y las redes de blanqueo.
Esta también establece que las víctimas de extorsión de "las estructuras más violentas" no tengan que "comparecer en ninguna de las diligencias judiciales" y sean representados por la Fiscalía.
El Ejecutivo también llevó ante los diputados la propuesta de distribución en el último trimestre del año de 17 millones de dólares obtenidos mediante un impuesto especial a las telecomunicaciones.
Según el ministro de Seguridad, en lo que va de 2017 fueron asesinados 26 policías, la mayoría en los últimos meses y cuando se encontraban de licencia, 11 militares y 2 custodios de centros penales.
Las autoridades acusan a las pandillas salvadoreñas de mantener los altos índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo, con tasas de 103 y 81,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente.

SAO PAULO (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy ser víctima de una "cacería de brujas" en el testimonio que rindió ante el juez que lo investiga por corrupción, y calificó como "mentiroso", "frío" y "calculista" a uno de sus ministros, que se convirtió en importante testigo en su contra.
Lula aseguró que su exministro de Hacienda Antonio Palocci, que lo acusó de haber hecho un "pacto de sangre" con la constructora Odebrecht para recibir millonarios sobornos a cambio de contratos públicos con la petrolera Petrobras, tan sólo pronunció mentiras en el testimonio que rindió al mismo juez la semana pasada.
"Yo vi a Palocci mentir aquí. Nada de lo que dijo es verdad", aseguró el exgobernante, quien dijo sentir "pena" por Palocci, quien fuera uno de sus principales correligionarios y colaboradores, aunque aclaró que su exministro tan sólo busca un acuerdo que le permita salir de la cárcel y "conservar parte del dinero que ganó en los últimos años como conferenciante".
Lula aprovechó el testimonio de 2 horas y 10 minutos de este miércoles ante el juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba para desmentir todas las acusaciones, insistir en que se trata de una persecución política y descalificar a todos sus acusadores, aunque se negó a responder a algunas preguntas y dejó dudas en otras.
El exlíder sindical, que encabeza todas las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018, asegura que todos sus líos judiciales buscan impedirle que asuma nuevamente el cargo que ocupó entre 2003 y 2010.
"La verdad es que la Fiscalía entró por un camino del que tiene dificultades de salir. Su objetivo es encontrar a alguien que me criminalice", afirmó el exmandatario en sus consideraciones finales al dar a entender que sus acusadores carecen de pruebas y siguen presionando testigos presos para convertirlos en delatores.
"Sólo quiero decir que hay una cacería de brujas. Voy a enfrentar todas las acusaciones con el mismo respeto pero alegando que todo lo que hacen es ilegítimo, que las acusaciones no proceden", agregó.
Esta fue la segunda vez que Lula declaró ante el juez Sergio Moro, responsable por el caso de corrupción en Petrobras y que ya condenó al expresidente en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por corrupción, por haber recibido sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal.
En el proceso por el que fue interrogado hoy, uno de los seis abiertos en su contra, el exgobernante fue denunciado por la Fiscalía por los delitos de corrupción y lavado de dinero bajo la sospecha de que recibió sobornos de Odebrecht a través de Palocci.