PROVIDENCE, RI.- La comisión legislativa especial de 19 miembros para estudiar los efectos de la legalización de la marihuana recreativa en Rhode Island ha nombrado a sus miembros, en previsión de su primera reunión en octubre.

El representante estatal Dennis M. Canario (D-Dist. 71, Portsmouth, Little Compton, Tiverton) y la senadora Cynthia A Coyne (D-Dist. 32, Barrington, Bristol, East Providence) patrocinaron la legislación (2017-H 5551Aaa / 2017 -S 277A) que creó la comisión.

"Los efectos potenciales de legalizar la marihuana recreativa en Rhode Island tendrían impactos drásticos en la estructura de nuestro estado y esta comisión es necesaria para determinar si esos efectos vendrían con resultados positivos o negativos", dijo Canario.

El legislador agregó que "hay demasiado en juego, tanto desde el punto de vista financiero como de salud pública, para precipitarse en la legalización solo porque Massachusetts ha elegido hacerlo. Esta comisión tomará un enfoque reflexivo y basado en datos para determinar si legalizar la marihuana es el camino correcto para Rhode Island".

"Sobre la base de mi experiencia como teniente jubilado de la Policía Estatal y madre de cuatro hijos, entiendo que la legalización de la marihuana para uso recreativo podría tener graves consecuencias para la seguridad pública, la salud pública y la sociedad”, expresó por su parte la senadora Coyne, quien exhortó a tomar nota de las lecciones aprendidas en Colorado y Washington.

La comisión estará integrada por legisladores, expertos en prevención y tratamiento de abuso de sustancias, empresarios, autoridades del Departamento de Salud, la Fiscalía y la Policía del estado, entre otros.

Add a comment

En una carta enviada a la gobernadora Raimondo, Ovalles dice que cuando se juramentó como juez en julio del 2005, tomó un juramento por vida, pero que, aunque está dispuesto y disponible para continuar desempeñando esas funciones, su habilidad para servir efectivamente ha quedado en entredicho, como resultado de las acciones disciplinarias en su contra.

PROVIDENCE, RI.- El juez de la Corte de Distrito Rafael Ovalles, quien fuera el primer hispano en llegar a esta posición en el estado de Rhode Island, anunció su decisión de retirarse de esta posición y dar así por concluida la disputa sostenida con los miembros de una Junta Disciplinaria que recomendó sanciones en su contra, en respuesta a las acusaciones hechas en su contra por alegadas inconductas, de naturaleza ética y moral. 

"Los acontecimientos ocurridos durante estos últimos años me han llevado a concluir que la salida honorable para mi familia, el poder judicial estatal y para mí mismo, es el retiro de mi servicio regular activo como Juez Asociado de la Corte de Distrito de Rhode Island", expresa Ovalles en una carta en la que comunica su decisión a la gobernadora Gina Raimondo.

En la carta, enviada el pasado 28 de septiembre, y a la cual tuvo acceso Acontecer Latino, Ovalles dice también que se juramentó como juez en julio del 2005, tomó un juramento por vida, pero que, aunque está dispuesto y disponible para continuar desempeñando esas funciones, su habilidad para servir efectivamente ha quedado en entredicho, como resultado de las acciones disciplinarias en su contra. “Por esa razón, creo que es necesario para mi retirarme”, precisó.

Pidió disculpas a  sus colegas en la judicatura, los miembros de la asociación de abogados, y el comité de empleados del estado, por cualquier distracción que los recientes procedimientos disciplinarios hayan podido ocasionar.

El pasado mes de agosto, la Junta Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia publicó un informe de 240 páginas en el que concluyó que Ovalles había cometido 41 violaciones al Código de Conducta Judicial de Rhode Island.

"Ahora, después de limpiar mi nombre de las acusaciones más personales y serias, me retiro del servicio activo regular para cerrar este asunto, para beneficio de todas las partes involucradas y para darle la oportunidad a alguien más de servir a la gente del estado de Rhode Island”, puntualizó Ovalles en su carta a la gobernadora, aludiendo al a la desestimación por parte de la junta disciplinaria de la acusación hecha en su contra por empleados de la corte, quienes afirmaron haber visto al juez con sus pantalones bajados mientras se encontraba en los tribunales.

Según WPRI, cuando se le preguntó al portavoz del Poder Judicial, Craig Berke, si Ovalles calificará para los beneficios de jubilación cuando se retire, su respuesta fue la siguiente: "Es la posición de la administración de la corte, según el consejo de su abogado general, que el juez Ovalles no tiene derecho a una pensión”.

Add a comment

El gobierno federal reiteró que este cinco de octubre se cierra el plazo para renovar el DACA para los beneficiarios que califican, como última oportunidad antes de la terminación de ese plan a partir del año próximo.

PROVIDENCE, RI.- Diversas organizaciones locales solicitaron al gobierno federal la extensión del plazo para la renovación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

En una carta dirigida a Elaine Duke, secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, la Red Católica de Inmigración Legal, la Oficina de Migración y Servicios a Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y Charities USA, pidieron tomar en cuenta los efectos que el paso de los  huracanes Harvey e Irma han tenido para familias beneficiarias de este programa.

“A la luz de la terrible devastación causada por estos huracanes, urgimos a usted proveer a los jóvenes impactados aplicando para renovar el DACA con una extensión del plazo final y una oportunidad para que califiquen para la ayuda en el pago del costo de la renovación”, dicen las instituciones en la carta.

Destacan el trabajo que realizan estas organizaciones para ayudar a estos jóvenes inmigrantes y sus familias, desde el punto de vista de la fe. “Como católicos, creemos que la dignidad de cada ser humano, particularmente de los niños y jóvenes, debe ser protegida. Con la más larga población de recipientes de DACA residiendo en Florida y Texas, sabemos que estos individuos están entre las personas cuyas vidas fueron impactadas por estos huracanes”.

El gobierno federal, por su parte, reiteró que este cinco de octubre se cierra el plazo para renovar el DACA para los beneficiarios que califican, como última oportunidad antes de la terminación de ese plan a partir del año próximo.

La gobernadora Gina Raimondo logró recaudar más de 170 mil dólares para ayudar a residentes de Rhode Island que califican en el proceso de renovación del DACA. Al cierre de esta edición se habían recibido unas 100 solicitudes de reembolso. (Foto Octavio Gómez)

Add a comment

La medida, incluida dentro de las acciones pertinentes al Modified Privacy Act System of Records, publicado junto a otras acciones en el Website del Registro Federal, establece que el DHS, colectaría información manejada por esos inmigrantes en las referidas plataformas digitales, empezando este 18 de octubre.

PROVIDENCE, RI.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) empezaría a aplicar de manera ampliada, a partir del 18 de este mes de octubre, la medida de revisar la información contenida en los perfiles de Facebook y otras redes sociales de los residentes y ciudadanos americanos por naturalización en los Estados Unidos.

La medida, que está incluida dentro de las acciones pertinentes al Modified Privacy Act System of Records, publicado junto a otras acciones en el Website del Registro Federal, establece que el DHS, colectaría información manejada por esos inmigrantes en las referidas plataformas digitales, empezando en la fecha indicada.

Expertos en inmigración y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos civiles criticaron esta medida.

“Pensamos que esto es una intrusión innecesaria que haría poco o nada para proteger o salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero eso no es algo nuevo, lo que ellos están tratando de hacer es incluir a más personas como a los residentes y ciudadanos naturalizados”, explicó la abogada Rosa E. Arias Perry, de la firma Mills & Born LLP, localizada en Providence, respondiendo a preguntas de Acontecer Latino.

La abogada indicó que esta práctica de monitoreo ya se ha visto en casos de peticiones de parejas. “Es algo que Inmigración lo ha venido haciendo desde la administración de Obama para chequear a las personas y hacerles preguntas durante una entrevista con inmigración en un proceso de petición a un cónyuge.  Ahora eso sería algo más amplio, y por otro lado tenemos que entender que la información que ponemos en Facebook automáticamente es pública, no importa si luego la borramos. Lo que molesta es que no sabemos cómo ellos van a usar esa información”.

Agregó que la disposición afecta directamente a la comunidad inmigrante en lo concerniente a la libertad de expresión. “A uno ahora le va a dar miedo poner cualquier detalle de su vida personal en las redes sociales. Las personas lo van a pensar dos veces antes de compartir su vida privada en el Internet. Esto va a incrementar el temor entre las personas que usan las redes sociales”, sostuvo.

El director político de la Unión de Libertades Civiles Americana (ACLU, por sus siglas en inglés) Faiz Shakir, consideró que la nueva medida anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional es una manera ineficaz de proteger la seguridad nacional, y “un ejemplo más de la agenda contra la inmigración que mantiene la administración Trump”.

“Este aviso de la Ley de Privacidad deja claro que el gobierno tiene la intención de conservar la información de las redes sociales de las personas que han emigrado a este país, destacando a un grupo enorme de personas para mantener archivos sobre lo que dicen. Esto sin duda tendrá un efecto escalofriante en la libertad de expresión que se manifiesta cada día en los medios de comunicación social”, sostuvo Shakir. 

El manejo de las redes sociales y las búsquedas de Internet está considerado como parte del récord oficial de la historia de inmigración de los extranjeros residentes o naturalizados como ciudadanos en Estados Unidos.

El pasado mes de mayo, el gobierno federal aprobó un nuevo cuestionario para los solicitantes de visas a Estados Unidos, en el que solicita acceso a sus cuentas en redes sociales en los últimos cinco años, así como información biográfica de los últimos 15 años.

 

Add a comment

Más artículos...