La Fiscalía de Barcelona (noreste), ciudad en la que reside, acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014.

Barcelona, España, 25 feb (EFE).- La cantante colombiana Shakira fue citada este lunes por la Justicia española para declarar como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública.
La Fiscalía de Barcelona (noreste), ciudad en la que reside, acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales de 2012 a 2014.
Fuentes del entorno de la cantante apuntaron a Efe que la cantante colombiana ya se ofreció a declarar como investigada y está dispuesta colaborar con la Justicia siempre que se le requiera.
Asimismo, insisten en que su declaración es un trámite más dentro de la instrucción de la causa derivada de la querella, que se encuentra en un punto muy inicial, y recuerdan que Shakira ya ha pagado los 14,5 millones que se le exigía, por lo que puede asegurar que ya no está en deuda con el Estado español.
Las mismas fuentes recalcan que Shakira cumplió con todas sus obligaciones tributarias y siguió las recomendaciones del bufete Pricewaterhouse (PwC), unos de los despachos más reconocidos en materia fiscal de España y del mundo.
La querella de la Fiscalía española se dirige tanto contra la cantante como contra su asesor fiscal en Estados Unidos, que fue director de varias de las compañías de su propiedad.
Apunta además que por el momento "se desconoce cuál pudo ser la participación de miembros del despacho profesional Pricewaterhouse (PwC) en el "mantenimiento o reestructuración" del entramado societario que utilizó.
Según la Fiscalía, la artista urdió un "plan" para no pagar ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Concretamente, el Ministerio Público sostiene que la cantante "canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional" -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense 'The Voice' (La Voz) o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
Además, añade la querella, que la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados "Tax Ruling", para lograr unas condiciones "específicas y privilegiadas de tributación", cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.
Según el Ministerio Público, la cantante utilizó ese entramado "con el deseo de no tributar", a sabiendas de que "vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio".
La Fiscalía considera que la querellada tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.
En ese sentido, la querella añade que, en los años 2012, 2013 y 2014 en que participó en el programa estadounidense "The Voice", la cantante presentó declaración del impuesto del Estado de California, aduciendo no ser residente fiscal en dicho país, y afirmó haber permanecido en él 61, 118 y 117 días, respectivamente.
Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación a la cantante, ésta "no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio", alegando como motivo que no residía en España.
En total, la querella estima en 12,3 millones de euros la cantidad que Shakira debió tributar a la Hacienda española por el IRPF de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y en casi 2,2 millones la suma que tendría que haber pagado a la Agencia Tributaria de la región de Cataluña, donde vive, por el patrimonio de que dispuso en esos años.

Del lado colombiano y luego de que se registraran 285 heridos, las autoridades cerraron tres pasos fronterizos en el departamento de Norte de Santander para evaluar los daños ocasionados ayer, razón por la cual estuvieron acordonados por la Policía.

Cúcuta (Colombia), 24 feb (EFE).- La frontera entre Colombia y Venezuela vivió este domingo una jornada en la que hubo tensión por cuenta de algunas escaramuzas e incertidumbre tras el intento fallido de ingresar la ayuda humanitaria el día anterior y que derivó en cruentos disturbios. Del lado colombiano y luego de que se registraran 285 heridos, las autoridades cerraron tres pasos fronterizos en el departamento de Norte de Santander para evaluar los daños ocasionados ayer, razón por la cual estuvieron acordonados por la Policía.
En el puente Francisco de Paula Santander, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de Ureña y en donde fueron incendiados dos camiones que llevaban ayuda humanitaria, la Policía mantuvo el control.
Allí, unas 50 personas, la mayoría jóvenes, intentaron ingresar a Venezuela por pasos ilegales, cercanos al puente, razón por la cual las autoridades del país petrolero comenzaron a arrojar gases lacrimógenos y a disparar perdigones.
La tensión creció cuando algunas de esas personas escalaron el puente con cuerdas para arrojarle cócteles molotov y piedras a las autoridades venezolanas, que aguardaban detrás de uno de los camiones que fue incinerado.
Los civiles se ubicaron en el espacio de menos de 100 metros que había entre las vallas colombianas y los uniformados venezolanos.
Mientras la tensión crecía apareció en el puente el asambleísta ecuatoriano Fernando Flores, quien apoyó ayer quienes intentaron pasar la asistencia humanitaria.
Flores le pidió a los jóvenes, la mayoría de ellos encapuchados, que no arrojaran piedras porque había una venezolana que quería cruzar a su país.
La mujer buscaba llegar a la nación petrolera para enterrar a su hijo, que nació horas antes en Cúcuta y falleció momentos después del parto, pero los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rechazaron la petición.
"Acaban de decir que no van a permitir pasar a nadie y que se retiren del puente. No sé si una vez que los jóvenes se retiren del puente podríamos tener alguna opción", afirmó Flores.
Luego de esa situación, la Policía colombiana evacuó la zona, los manifestantes se fueron y la calma volvió al puente, en donde del otro lado la ministra del Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, se plantó acompañada de hombres vestidos de civil que se encontraban armados y un grupo de la GNB.
Quien también estuvo allí fue el presidente colombiano, Iván Duque, que fue a constatar la "barbarie" que ocurrió durante el intento de ingreso de ayuda a Venezuela y para evaluar los daños.
"Miren esta barbarie. Ayer lo que vimos fue una dictadura atacando a sus hijos, a los hijos de su propio país para evitar que llevaran medicamentos y alimentos a sus familiares", dijo Duque al terminar un recorrido por el puente.
Al tiempo que ocurrió esto, en el puente Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre ambos países y que une a Cúcuta con San Antonio, también hubo tensión y movimiento.
En la mañana los cónsules colombianos en las ciudades venezolanas de San Antonio y San Cristóbal cruzaron el puente luego de que el Gobierno ordenara el regreso de los funcionarios diplomáticos tras la decisión del gobernante Nicolás Maduro de romper "todo tipo de relaciones" con Colombia.
A ellos se sumaron los cónsules de Puerto Ayacucho, quien llegó por Puerto Carreño, capital del departamento del Vichada (este), y el de San Carlos del Zulia, en el oeste de Venezuela, que ingresó por el Puente La Unión al municipio colombiano de Puerto Santander, que hace parte del departamento de Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta.
El puente Simón Bolívar fue visitado también por Duque y está custodiado por militares, policías y algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Del lado venezolano del cruce algunas personas escalaron el puente hasta llegar a un camión que fue atravesado para bloquear el paso y comenzaron a quitarle piezas, aunque no lograron moverlo del sitio.
Las autoridades arrojaron gases lacrimógenos a quienes estaban lanzando al abismo las piezas del camión y luego les dispararon a quemarropa con perdigones.
Mientras tanto, Efe constató que en la parte de abajo del puente se armó una gresca entre civiles de ambos países, algunos de los cuales, en la zona venezolana, llevaban armas de fuego, en un hecho que, por el momento, no deja heridos.
Con el paso de las horas las escaramuzas se diluyeron pero la tensión se mantuvo en toda la frontera, donde centenares de venezolanos en Colombia esperan que los pasos sean reabiertos para regresar a su país.

La investigación llevada a cabo durante más de un año por un equipo de fiscales demuestra que, "además de recibir sobornos pagados por la constructora brasileña y, de paso, blanquear dinero ilícito, el imputado se enriqueció ilícitamente  por más de 1,000 millones de pesos, mientras ejerció sus funciones como senador desde 1998 hasta el 2006".

Santo Domingo, (EFE).- La investigación sobre los sobornos pagados por Odebrecht en República Dominicana dio pruebas del enriquecimiento ilícito por más de 1,000 millones de pesos (20 millones de dólares) del expresidente del Senado del país Andrés Bautista, imputado en el caso, informó este martes la Procuraduría.
La Procuraduría dio detalles sobre las pesquisas en un comunicado donde señala que el exsenador no consignó en sus declaraciones juradas de patrimonio "las cuentas bancarias y otros bienes que intentó ocultar".
La investigación llevada a cabo durante más de un año por un equipo de fiscales demuestra que, "además de recibir sobornos pagados por la constructora brasileña y, de paso, blanquear dinero ilícito, el imputado se enriqueció ilícitamente mientras ejerció sus funciones como senador desde 1998 hasta el 2006".
Partiendo del crecimiento obtenido desde la fecha en que toma posesión de su cargo como senador por primera vez, en 1994, hasta su última declaración de patrimonio, en 2006, "el incremento patrimonial de Bautista se eleva un 1.074 % de forma injustificada", según la información.
También violó la ley intentando disimular dicho crecimiento, al tratar de ocultar numerosos inmuebles en sus declaraciones juradas, apunta el informe.
El análisis financiero realizado por el Ministerio Público desveló que Bautista recibió más de 16 millones de pesos (unos 320,000 dólares) en concepto de salario, cantidad "irrisoria" frente a los ingresos consolidados en sus cuentas bancarias, ascendentes a más de 1,116 millones de pesos (unos 22 millones de dólares).
La investigación también demuestra que "el exsenador incurrió en enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada de bienes para ocultar un nivel de ingresos que le es imposible justificar", y también se detectó su participación en unas diez sociedades donde oculta parte del dinero obtenido de forma irregular.
Asimismo, la indagatoria estableció que Bautista incurrió "en el delito de lavado de activos, que realizó al convertir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y enriquecimiento ilícito cometidos contra el Estado dominicano".
Mediante la pesquisa se comprobó que el imputado introdujo más de 1.800 millones de pesos (unos 35,5 millones de dólares) en el sistema bancario entre los años 2002-2017, "acciones que lo convierten en responsable de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y otros ilícitos colaterales".
Para esto, el encartado utilizó varios productos financieros en distintas entidades, en los que colocó del dinero generado con sus actividades delictivas.
El proceso de lavado del dinero recibido en concepto de soborno por parte de la empresa Odebrecht, y como producto del enriquecimiento ilícito "tuvo como elemento esencial la integración de los mismos en la economía formal a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles y por medio de su participación societaria en un entramado de empresas, en cuyas operaciones también utilizó a familiares y amigos cercanos".
Esto explica, agregó la investigación, la cantidad de bienes que exhibe su esposa, Nuris del Carmen Taveras, "que sin ninguna actividad productiva declarada formalmente ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ostenta la propiedad de 19 inmuebles registrados".
Bautista es uno de los siete imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado en la República Dominicana, y que este lunes comenzaron a presentar su defensa, después de que el Ministerio Público concluyera el 5 de febrero la etapa de presentación pruebas.