La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Santiago de Chile, 20 de ocubret (EFE).- El Gobierno chileno decretó el estado de emergencia para controlar los sectores de Santiago que este viernes fueron escenario de violentas protestas, lo que supone confiar a un mando militar la seguridad de la zona e implica una restricción la libertad de locomoción y reunión por un plazo 15 días.

La radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del billete del metro de Santiago derivó este viernes en una jornada de graves desórdenes, con incendios en varios puntos de la ciudad, saqueos y actos vandálicos que sumieron a la capital en el caos.

Mientras los efectivos policiales del cuerpo de Carabineros trabajaban para tratar de aplacar los disturbios y los bomberos apagaban las llamas que prendían en diversas estaciones de metro, autobuses urbanos, barricadas callejeras e incluso en la sede de la eléctrica Enel, el Gobierno analizaba las posibles medidas a tomar.

Así, el presidente del país, Sebastián Piñera, tras una larga reunión en La Moneda (sede del Gobierno) con los ministros de Interior, Andrés Chadwick, y de Defensa, Alberto Espina, decretó el estado de emergencia y nombró al general de división Javier Iturriaga del Campo como jefe de la Defensa Nacional en las zonas de la Región Metropolitana (RM) más afectadas por los desórdenes.

En concreto, el decreto rige para la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana-, la provincia Chacabuco y las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM.

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana, he decretado estado de emergencia. El objetivo es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos", señaló el presidente por medio de una cadena nacional.

Con esta medida, que en caso de ser necesario puede ser prorrogada por otros 15 días si el Congreso Nacional lo autoriza, Iturriaga asumió el mando de las fuerzas policiales en esos sectores y quedó autorizado para desplegar a los militares, algo que ya ordenó.

He asumido el control y el mando de las fuerzas militares y las fuerzas de orden y seguridad y estamos mandatados para evitar que se sigan cometiendo desmanes y destrozos en la ciudad y, lo más importante, recuperar a la brevedad los derechos y las libertades de las personas para que puedan seguir ejerciendo su vida con normalidad", dijo Ituarriaga en rueda de prensa.

"Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos", agregó.

Aunque recomendó a los ciudadanos que regresaran a sus casas, el general de división descartó por el momento que se vaya a decretar el toque de queda.

Desde el pasado lunes, cientos de personas, en especial estudiantes de secundaria y universitarios, llevan a cabo medidas de protesta por el alza de 30 pesos en el precio de los billetes del metro decretado hace dos semanas, hasta los 830 pesos actuales (unos 1,2 dólares) en hora punta.

Acudían en masa a las estaciones de metro colándose sin pagar, causando destrozos y enfrentándose a la Policía, disturbios que fueron en aumento hasta motivar que el Metro de Santiago, que transportan diariamente casi 3 millones de personas, cerrase este viernes todas las estaciones, lo que produjo el colapso del tránsito de vehículos y peatones, que se quedaron sin locomoción.

En paralelo, grupos violentos radicales tomaron el protagonismo con enfrentamientos directos con los Carabineros y la quema y destrozo de varias estaciones de metro y de mobiliario urbano.

Según los primeros informes, 19 estaciones de metro y 16 autobuses urbanos fueron dañados y 180 personas fueron detenidas.

El Metro de Santiago es una empresa privada en cuya propiedad participa el Estado chileno.

El precio lo fija el llamado Panel de Expertos con base en varios indicadores, como la inflación, el costo de los suministros para su operación y el tipo cambio, entre otros, y es aprobado por el Ministerio de Transportes.

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Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que "Tony" Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

Tegucigalpa, 19 de octubre (EFE).- La condena en Estados Unidos por narcotráfico contra el exdiputado Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha agudizado la crisis política y social que vive el país desde 2009.


Luego de que el jurado de la corte del Distrito Sur de Nueva York resolviera el viernes, después de un juicio que comenzó el pasado día 2, que "Tony" Hernández es culpable por cuatro delitos ligados al narcotráfico, las principales fuerzas de oposición se hicieron sentir con protestas, de las que al menos una terminó en violencia.

La protesta promovida por el coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 con un golpe de Estado, fue disuelta con bombas de gas lacrimógeno cerca de la antigua Casa Presidencial.

La manifestación se desarrollaba pacíficamente, incluso hubo varios discursos, entre ellos el de Hortensia, hija del exgobernante; su esposa, Xiomara Castro, y del propio Manuel Zelaya, entre otros participantes en la protesta.

Pero luego, entre los manifestantes, que habían quemado neumáticos, algunos comenzaron a lanzar piedras a las fuerzas del orden, que respondieron con un descomunal lanzamiento de gas.

También hubo protestas exigiendo la salida de Hernández del poder en varias ciudades que se extendieron hasta horas de la noche.

La oposición política hondureña, que es capaz de crear crisis a cada rato, pero no de resolverlas, de nuevo ha vuelto a pedir la salida de la presidencia de Juan Orlando Hernández, a quien tildan de "narco-usurpador" y acusan de haberse reelegido mediante un "fraude" en las elecciones generales de 2017.

Zelaya, quien desde a finales de 2017, luego del "fraude" que asegura hizo Hernández en 2017, ha venido haciendo llamamientos a la insurrección popular, lo que de nuevo pidió el viernes de "manera organizada y permanente" hasta sacar al gobernante del poder.

"Llamamos a toda nuestra militancia a nivel nacional a movilización total, organizada y permanente, con acciones de protestas pacíficas, pero firmes y contundentes", dijo Zelaya, en cuyo Gobierno, como en otros, el narcotráfico también operó con libertad en Honduras.

La situación de Honduras preocupa porque a raíz de la crisis por el golpe de Estado a Zelaya, su sociedad se dividió y su clase política, desde entonces, no ha sido capaz de resolver la situación.

La crisis iniciada en 2009 ha tenido repercusiones en lo político, social y económico, y se agudizó con el "fraude" que la oposición alega hizo Juan Orlando Hernández para continuar en el poder, pese a que la Constitución de la República no permite la reelección presidencial bajo ninguna modalidad.

El país, con 9,3 millones de habitantes, sigue sufriendo de la violencia criminal que deja entre 10 y 14 muertos diarios, la pobreza que afecta al más del 60 % de su población, una corrupción galopante y un Parlamento que no contribuye a resolver la crisis, sino que le crea más problemas a los hondureños, según diversos sectores.

Actualmente, sectores sociales, entre ellos los obispos de la Conferencia Episcopal, demandan que no entre en vigor en noviembre, como está previsto, el nuevo Código Penal que fue aprobado en mayo, por considerar que está favoreciendo la corrupción e impunidad, flagelos que le han hecho mucho daño al país a lo largo de su historia y han salpicado a los tres poderes del Estado.

Además, esta semana el Parlamento, en el que tiene mayoría (61 de sus 128 diputados) el gobernante Partido Nacional, aprobó a matacaballo una Ley de Fondos Departamentales y de inmunidad parlamentaria, que también cuestionan la oposición y otros sectores.

La crisis ha tenido en octubre un nuevo elemento para agudizarla, el juicio y condena en EE.UU. del exdiputado "Tony" Hernández, que ha salpicado a su hermano Juan Orlando, quien según narcotraficantes que atestiguaron en Nueva York, recibió dinero de Joaquín "el Chapo" Guzmán para financiar sus dos campañas presidenciales.

El presidente ha rechazado todas las acusaciones y reiterado que no son creíbles declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos, a quienes se les incautaron bienes que amasaron con el tráfico de drogas en el país y negociaron con autoridades de EE.UU. para que les reduzcan sus penas, y en venganza lo han acusado a él.

El juicio contra "Tony" Hernández también salpicó al expresidente Porfirio Lobo, quien además tiene a un hijo preso y condenado a 24 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico.

La Conferencia Episcopal dijo esta semana en un comunicado que la lacra del narcotráfico es una realidad sostenida por hombres "sin escrúpulos" que ha permeado las instituciones del país y deteriorado la imagen de la nación.

Los obispos señalaron además que nada de lo realizado por grupos del narcotráfico en Honduras podría "haberse alcanzado sin la colusión de los órganos que por la razón de su ser estaban llamados a defender la vida y a proporcionar seguridad a todos".

"Debemos admitir que en mucho de esto son culpables los políticos que han pactado con el crimen organizado, olvidando que la ética les obligaba ante todo a velar por el bien común y no por el beneficio personal o los de su grupo", subrayó la Conferencia Episcopal.

Honduras también sufre la falta de verdaderos líderes en sus instituciones políticas, tanto, que ninguno de las principales fuerzas de oposición le genera confianza a un pueblo ansioso de paz, trabajo, seguridad, justicia y una verdadera democracia que no se resuma en asistir a las urnas cada cuatro años a votar.

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La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes

México, 19 de octubre (EFE).- Las autoridades mexicanas acumulan un historial de errores y ridículos con el clan de Joaquín "el Chapo" Guzmán por el caos generado este jueves con el arresto y posterior liberación de uno de los hijos del narcotraficante.


La respuesta con armas de alto calibre de los secuaces del hijo del Chapo obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo para evitar un baño de sangre en la ciudad de Culiacán, en el noroccidental estado de Sinaloa, que estuvo tomada durante horas por los narcotraficantes.

"Más que en ridículo, (el Gobierno) queda en una evidente situación de debilidad por su notable improvisación", dijo este sábado a Efe el especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva.

La relación entre lo ocurrido el jueves y las dos fugas de sendas prisiones mexicanas de alta seguridad del Chapo reflejan la continuidad de fallas y corrupción durante décadas en las fuerzas de seguridad, sin importar el gobernante.

Errores que ahora continúan bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a su promesa de transformar la nación.

"No hay falta de Estado ni ausencia del Gobierno federal", aseguró, no obstante, este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, en una incómoda rueda de prensa del Gabinete de Seguridad tras el "fallido" operativo.

LAS FUGAS DE PELÍCULA DEL CHAPO

El Gobierno mexicano se marcó un tanto con el arresto y posterior extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán, quien hoy cumple cadena perpetua en un penal de máxima seguridad de ese país.

No obstante, durante lustros fue la prueba de las fallas en seguridad del país. Y sobre todo de la relación existente entre el narcotráfico y unas autoridades fácilmente sobornables.

El Chapo fundó el Cártel de Sinaloa y en 1991 fue detenido, pero sobornó al jefe de Policía de Ciudad de México con 100.000 dólares para escapar.

Arrestado en 1993 en Guatemala y extraditado a México, fue procesado por narcotráfico y encarcelado.

Pero en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, protagonizó su primera gran fuga en el 2001.

Tan de película como cómica, pues se fugó escondido en un carrito de lavandería con la ayuda de una decena de funcionarios corruptos, según la versión más extendida.

Desde entonces se convirtió en uno de los principales fugitivos de la Justicia de México y Estados Unidos, hasta que en 2014 fue capturado en la ciudad de Mazatlán, en su natal Sinaloa.

Apenas año y medio después, logró su segunda y más espectacular fuga. Gracias a varios secuaces y con la supuesta ayuda de funcionarios de prisiones, huyó por un túnel de 1.500 metros desde una casa cercana hasta la ducha de su celda.

Fue detenido seis meses después, aunque la confianza de la ciudadanía hacia el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (2012-2018), quedó severamente dañada.

Y LA HISTORIA SE REPITE

Aunque sin tanto poder ni proyección, algunos de los hijos del Chapo también han logrado evadir la Justicia en varias ocasiones.

Ovidio era uno de los hermanos de más bajo perfil pero aún así logró que sus secuaces protagonizaran este jueves un pulso de fuerza contra una treintena de agentes de seguridad del que terminaron vencedores.

Pese a estar rodeado por un operativo de 30 agentes se desató tal caos en Culiacán que para preservar "vidas" -en palabras del mismísimo presidente- se decidió dejarlo en libertad.

El error de cálculo de las fuerzas de seguridad, tildado de "precipitado" por el titular del Ejército, Luis Cresencio Sandoval, expuso una aparente falta de profesionalidad o disciplina.

Otro hijo del Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, es considerado por el FBI como uno de los criminales más buscados. En 2012, las autoridades anunciaron su arresto y que le habían hallado armas, dinero e identificaciones falsas.

Pronto se descubrió, ante el escarnio general, que hubo una confusión y el apresado no era hijo del líder del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo Guzmán, uno de los cabecillas del cártel, estuvo detenido en el 2005 por el delito de lavado de dinero y tres años después fue dejado en libertad cuando un juez desestimó las acusaciones.

EN MEDIO, UN GRAN VACÍO INFORMATIVO

El suceso en Culiacán pone además en duda la estrategia de comunicación del Gobierno de México.

Durante horas, y mientras en la red se propagaban rumores y abundaban estremecedores videos de los ataques, la Administración federal -y también la estatal y la municipal- guardó silencio.

"Debe haber una reforma estructural en la comunicación, es importante cuidar el tipo de mensajes. (...) La desinformación o ausencia de información maximiza la distorsión y la manipulación política", dijo a Efe Pedro Isnardo De la Cruz, especialista en seguridad de la UNAM.

No fue hasta unas cinco horas después que se lanzó un corto mensaje de video de Durazo junto con altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional.

En lugar de calmar las aguas, no hizo más que sembrar dudas.

Si bien decía que se había localizado a Ovidio Guzmán -dando a entender que lo capturaron- posteriormente hablaba de una "suspensión de acciones".

Esta ambigüedad tuvo un efecto negativo. Y el enfado y la incomprensión se hizo sentir en las redes y en los medios.

Un día después se aclaró lo ocurrido con una versión oficial que reconoció que hubo 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados de una prisión local que aprovecharon el caos de la ciudad para provocar un motín y huir.

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Fue la población guatemalteca colonial, a finales del siglo XVI, la que creó este plato frío, especial para ser ingerido en las celebraciones mortuorias. Pero no quedaría arraigado y afianzado como "comida de muerto" hasta el siglo XIX, cuando se erigió por su simbolismo, exquisitez y exuberancia.

Guatemala,  (EFE).- El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala declaró este domingo los conocimientos y procesos de elaboración del fiambre, un platillo que se come tradicionalmente el Día de los Santos (1 de noviembre), como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

El titular de la cartera cultural, Elder Súchite Vargas, instó a la población guatemalteca a "preservar esta tradición", que consiste en una ensalada que llega a tener en ocasiones más de 50 ingredientes, cuyo contenido se clasifica en carnes, embutidos, verduras y quesos, además de varios tipos de aderezo.

En el marco del "Primer Rotary Fiambre Fest", realizado este domingo en el Parque de la Industria (zona 9 de la capital guatemalteca), Súchite recorrió los diferentes cubículos de expositores del exquisito platillo y celebró la preservación del mismo.

Por su parte, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón, destacó la "diversidad" del país reflejada en la receta del histórico alimento, que cuenta con una variedad de recetas y tipos, siendo los más conocidos el blanco y el rojo.

En el primero se destacan los jugos fermentados de las verduras, las cuales son preparadas con varios días de antelación y posteriormente se mezclan con el resto de ingredientes.

Pero el morado o rojo, tiene como base el curtido de remolacha, mezclado con tiras de pacaya y cebolla. Después se revuelve con los embutidos, carnes y quesos, y prevalece ese color rojo tan característicos. Este es originario de la región central, la capital y el área kaqchikel.

El fiambre, según explica el antropólogo e historiador Celso Lara en su libro "Fieles difuntos, santos y ánimas benditas en Guatemala: una invocación ancestral", es una de las mejores expresiones de la tradición guatemalteca: representa la pluriculturalidad y multiculturalidad.

En esta comida se ve la identidad de varias subculturas: el uso de las verduras y su aderezo es herencia del mundo prehispánico, el empleo de distintos tipos de carnes y embutidos tiene ascendencia española, y el uso de quesos, alcaparras, aceitunas y otras especias tiene sello árabe.

Fue la población guatemalteca colonial, a finales del siglo XVI, la que creó este plato frío, especial para ser ingerido en las celebraciones mortuorias. Pero no quedaría arraigado y afianzado como "comida de muerto" hasta el siglo XIX, cuando se erigió por su simbolismo, exquisitez y exuberancia.

Y es que sus ingredientes, unidos a las más elaboradas maneras de cocción, expresan como nada la cosmovisión y la manera de ver el mundo del guatemalteco, tanto mestizo como maya.

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