La restricción de visas para embarazadas "defenderá a los contribuyentes para que los dólares que han ganado con esfuerzo no se canalicen a financiar los costes directos y futuros asociados con el 'turismo de parto'", según la Casa Blanca.

Washington, 23 enero (EFE).- El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que, a partir de este viernes, no otorgará visas de turista a las mujeres extranjeras embarazadas que visiten el país en lo que calificó de "turismo de nacimiento", una práctica que asegura la ciudadanía de los niños nacidos en territorio de Estados Unidos.

Este cambio en las regulaciones para el otorgamiento de las visas de turista (B1 y B2) "es necesario para fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la integridad de nuestro sistema de inmigración", aseguró la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca en un comunicado.

De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, las personas nacidas en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía, aún si sus parientes no son ciudadanos.

A los 21 años de edad, esos hijos tienen el derecho a solicitar la residencia permanente legal de sus familiares, algo que los críticos del sistema califican como "inmigración en cadena".

"La industria del turismo de parto amenaza con sobrecargar los valiosos recursos hospitalarios y supone una actividad criminal en sí", añadió el comunicado, que indicó que al cerrar la posibilidad de que se siga empleando esta debilidad del sistema migratorio, el gobierno combate un abuso y protege al país "de los riesgos para la seguridad nacional creados por esta práctica".

Asimismo, la restricción de visas para embarazadas "defenderá a los contribuyentes para que los dólares que han ganado con esfuerzo no se canalicen a financiar los costes directos y futuros asociados con el 'turismo de parto'", según la Casa Blanca.

El comunicado no ofreció cifras de lo que representa el llamado "turismo de embarazo" en cuanto a número de casos, los costos que esa práctica puede tener para la economía ni explicó en qué forma ese "turismo" amenaza la seguridad nacional.

En el período fiscal 2018 el gobierno de EE.UU. emitió 5,7 millones de visas B1 y B2.

El Centro para Estudios de Inmigración (CIS, en inglés) calcula que cada año hay unos 20.000 partos de mujeres que llegaron al país con visas de turista y luego se fueron de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el Gobierno admite cada año 1,1 millones de inmigrantes y el 79 % de la inmigración legal se sustenta en la reunificación familiar.

Esta cadena de visas, según el DHS, "ha sido la fuente principal de inmigración legal de personas con baja capacitación, ha deprimido los salarios y las oportunidades de empleo papara los trabajadores estadounidenses con los mismos niveles de capacitación".

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Washington, 22 ene (EFE).- La oposición demócrata pidió este miércoles que el Senado de Estados Unidos destituya al presidente Donald Trump por su "corrupta" presión a Ucrania y sus intentos de encubrirla, al advertir que el mandatario podría buscar nuevas injerencias extranjeras en las elecciones presidenciales de noviembre.

En la segunda jornada del juicio político a Trump, los siete congresistas demócratas de la Cámara Baja reconvertidos en "fiscales" del proceso de destitución iniciaron su alegato contra el presidente, que podría extenderse hasta el viernes.

"Van a escuchar pruebas muy contundentes del plan corrupto del presidente Trump y de su encubrimiento", dijo al comenzar la sesión el jefe de los "fiscales", Adam Schiff, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.

SIN GARANTÍAS DE "UN VOTO JUSTO EN NOVIEMBRE"

El "fiscal" jefe pidió "condenar" a Trump y destituirle por su abuso de poder y obstrucción del Congreso, los dos cargos de los que la Cámara Baja ha acusado al presidente en relación con sus presiones a Ucrania para que investigara a uno de sus posibles rivales en noviembre, el exvicepresidente Joe Biden.

"La negligencia del presidente no puede evaluarse en las urnas (en noviembre), porque no podemos garantizar que ese voto vaya a ganarse de forma justa", y sin interferencias extranjeras solicitadas por Trump, opinó Schiff.

El congresista argumentó que al buscar la ayuda de Ucrania para reforzar su campaña de reelección y negar la presunta interferencia de Rusia en los comicios de 2016, Trump demostró que está dispuesto a saltarse las normas electorales de Estados Unidos, y podría aceptar nuevas injerencias extranjeras para lograr un segundo mandato.

Otra "fiscal", la congresista latina Sylvia García, reforzó esa idea al reproducir en el pleno del Senado parte de una entrevista que Trump concedió el pasado junio a la cadena ABC, y en la que dijo que no vería "nada malo en escuchar" una hipotética información sobre sus rivales que pudieran ofrecerle países como Rusia o China.

Schiff acusó a Trump de haber "socavado la integridad de las elecciones" de Estados Unidos al condicionar la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a su exigencia de que Kiev investigara a Biden.

"(Trump) negó ayuda militar a un aliado estratégico que estaba en guerra con Rusia, y lo hizo con el fin de lograr ayuda extranjera para su reelección, en otras palabras, para hacer trampas", subrayó.

La Casa Blanca niega que retuviera la ayuda militar a Ucrania para forzar a Kiev a investigar a Biden, pero varios testigos en la investigación de la Cámara Baja han afirmado que ese fue el motivo del retraso en la entrega del dinero, que solo fluyó a Kiev una vez que el caso llegó a oídos de los congresistas.

BRONCA POR LOS TESTIGOS

La oposición demócrata cree que no podrá llegar al fondo del caso hasta que no escuche a dos testigos clave de las presiones de Trump a Ucrania: el exasesor de seguridad nacional John Bolton y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.

Esa petición suscitó un largo y bronco debate en la primera jornada del juicio político, que concluyó con una riña del "juez" del proceso y presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para restaurar el decoro en la Cámara Alta.

Finalmente, la mayoría republicana en el Senado aplazó hasta la semana que viene el debate sobre si se convocan nuevos testigos, la única esperanza de los demócratas para atraer algún voto en un proceso que promete terminar en la absolución de Trump, dado que se necesitaría una amplia mayoría de dos tercios para destituirle.

"Esperamos que los senadores sientan más presión (para convocar testigos y exigir más documentos) ahora que la atención del país está más centrada que nunca en este tema", afirmó este miércoles Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado.

Schumer descartó, sin embargo, la posibilidad de "intercambiar testigos" con los republicanos, que han sugerido la idea de permitir una comparecencia de Bolton si también testifica Biden: "Eso está fuera de la mesa", zanjó el senador.

El propio Biden rechazó también la posibilidad de participar en ese trato por considerar que alimentaría el "teatro político", mientras que Trump insinuó que prefiere que Bolton no comparezca.

"Hay un problema de seguridad nacional con John (Bolton). Él sabe lo que pienso de los líderes. ¿Qué pasa si revela lo que pienso sobre algún líder y luego me toca lidiar con eso? Va a ser muy difícil. Sabe muchas cosas, y no sé si acabamos en muy buenos términos", dijo Trump en una rueda de prensa en Davos (Suiza).

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Miami, (EFE).- La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix, productora de la exitosa serie "The Crown" sobre la realeza británica, podría ofrecer un espacio de trabajo al príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, según vaticinó informalmente el director de contenidos de la empresa, Ted Sarandos.

El sábado, durante la entrega de galardones del Sindicato de Productores (PGA, en inglés), Sarandos expresó que la gigante plataforma de contenidos en streaming tiene reservado un lugar para el príncipe Enrique y Meghan si ellos estuvieran interesados, según recogen este domingo medios especializados como Dadline.

"¿A quién no le interesaría? Sí, claro", dijo Sarandos cuando se le preguntó acerca de la pareja que se alejó de sus deberes oficiales en la realeza con el fin de forjar un nuevo camino, con el entretenimiento como objetivo aparentemente fijado.

The Mail on Sunday la semana pasada publicó un video del príncipe Enrique promocionando las habilidades de voz de su esposa junto al director ejecutivo y presidente de Disney, Bob Iger, durante un evento en julio, según recoge Deadline.

El príncipe Enrique y su esposa romperán formalmente la próxima primavera sus lazos con la monarquía británica para cumplir su deseo de ser "económicamente independientes", pero tienen a la vista lucrativos contratos incentivados por su popularidad.

No usarán más sus títulos monárquicos ni recibirán fondos públicos a cambio de poder llevar una vida independiente, según anunció este sábado el Palacio de Buckingham en un comunicado.

El anuncio de un acuerdo dentro de la Familia Real del Reino Unido llega después de que la semana pasada los duques de Sussex comunicaran su deseo de dejar la primera línea de la monarquía para pasar a ser económicamente autónomos y vivir parte del año en Norteamérica.

En un inusual comunicado personal, la reina Isabel II, abuela de Enrique y jefa del Estado, afirmó que, tras intensas conversaciones, se ha llegado a una solución "constructiva" que apoya los deseos de su nieto y la familia de éste.

El príncipe, de 35 años, y la exactriz estadounidense, de 38, devolverán los 2,4 millones de libras esterlinas de dinero público usados para reformar su mansión de Frogmore Cottage en Windsor (afueras de Londres), que seguirá siendo su hogar cuando estén en el Reino Unido aunque, de acuerdo con la prensa, pagarán alquiler.

Por su parte, la serie "The Crown", un drama histórico sobre el reinado de la reina Isabel II, ha completado tres temporadas de una lista anticipada de seis y es muy probable que el príncipe Enrique y Meghan aparezcan como personajes en venideros capítulos.

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Washington, (EFE).- El Senado de Estados Unidos culminó hoy los preparativos para un juicio político al mandatario Donald Trump, que técnicamente comenzó este jueves, aunque se iniciará de facto el próximo martes, con el juramento del presidente del Tribunal Supremo y de los senadores, que harán de "juez" y "jurado", respectivamente.

La jornada fue tildada por los medios de comunicación nacionales de histórica, aunque posiblemente las venideras sean también históricas, ya que solo hay dos precedentes de jefes de Estado que se hayan enfrentado a un proceso similar en EE.UU., Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869).

La sesión del Senado se abrió con un acto solemne con la entrega oficial de los cargos políticos contra Trump, de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, por parte de los siete legisladores de la Cámara Baja que harán de "fiscales" en el juicio político.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff, que será el "fiscal" jefe en este proceso, fue el encargado de leer los cargos políticos ante los senadores.

El primer cargo contempla que "en su conducta como presidente de EE.UU. (...) Donald J. Trump ha abusado de los poderes de la Presidencia".

La segunda acusación, de obstrucción al Congreso, asegura que "sin motivo o excusa legal, el presidente Trump ha ordenado a agencias, oficinas y funcionarios del brazo Ejecutivo no cumplir con las citaciones del Congreso" a posibles testigos para que declararan durante la investigación para iniciar el juicio político.

Después de la lectura de las acusaciones, los senadores se tomaron un descanso para reanudar la sesión poco después.

En la segunda parte de la jornada, el presidente del Tribunal Supremo, el juez John G. Roberts, juró como jefe de la Cámara Alta, en sustitución del vicepresidente Mike Pence, para asumir el papel de "juez" durante el juicio político.

Por su parte, 99 de los 100 legisladores del Senado (hubo uno, el republicano James Inhofe, que no pudo acudir a la sesión por enfermedad de un pariente) también lo hicieron como miembros del "jurado" en este proceso y firmaron en el llamado libro de juramentos en el que prometieron ser imparciales.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció durante su intervención en el pleno los plazos para que la Cámara Baja presente un informe sumario sobre el caso y que la defensa del presidente haga lo mismo.

McConnell agregó que el Senado volverá a reunirse el próximo martes a las 13.00 hora local (18.00 GMT), para comenzar el juicio político "de facto".

En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval durante un acto sobre libertad religiosa en las escuelas públicas, Trump tachó todo este proceso de "fraude".

"Creo que debería ir muy rápido, es un fraude, un completo fraude. Tienen esas llamadas perfectas...", indicó el mandatario.

"El presidente de Ucrania dijo que todo estaba perfecto -subrayó-, y (los demócratas) me imputan políticamente. Es completamente partidista".

El caso contra Trump se desencadenó en septiembre pasado cuando la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el comienzo de una investigación de "impeachment" contra él, tras la queja de un informante a los servicios de Inteligencia sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski.

En esa conversación, Trump pidió a Zelenski que abriera pesquisas contra su rival político, el exvicepresidente Joe Biden, actual precandidato demócrata a las elecciones de este año, y a su hijo Hunter, por presunta corrupción en Ucrania.

Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con Zelenski en la Casa Blanca a su exigencia de que Kiev anunciara que planeaba investigar a Biden.

Pese a la expectación generada y el contexto de aguda división política en EE.UU., el resultado del juicio político es previsible que sea favorable a Trump, dado que los republicanos tienen mayoría en el Senado, donde se precisa una mayoría de dos tercios para destituir al presidente.

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