Ortiz, de 44 años, tiene otro caso abierto en la República Dominicana, donde el 9 de junio fue objeto, supuestamente por confusión, de un ataque armado en un bar de la capital del país, hecho por el que hay 14 personas en prisión.

Santo Domingo, 18 de junio (EFE).- Un tribunal dominicano dictó una orden de alejamiento contra el exbeisbolista David 'Big Papi' Ortiz, leyenda de las Grandes Ligas, después de que una expareja, con la que tiene un hijo, le acusara de violar la Ley de Violencia Intrafamiliar.

"Se emitió una orden de protección provisional" en ese caso, dijo a Efe Julieta Tejeda, portavoz de la Procuraduría General de la República.

La orden, dictada por la Unidad de Violencia de Género del Distrito Nacional, impide al expelotero dominicano radicado en Estados Unidos acercarse, molestar o intimidar a la mujer, identificada como Fary Almánzar, y quien le denunció el 21 de mayo.

Ortiz, de 44 años, tiene otro caso abierto en la República Dominicana, donde el 9 de junio fue objeto, supuestamente por confusión, de un ataque armado en un bar de la capital del país, hecho por el que hay 14 personas en prisión.

'Big Papi' fue sometido a una intervención quirúrgica de varias horas en un centro privado de Santo Domingo, donde le extirparon parte de los intestinos, el colon, la vesícula y el hígado.

Un día después fue trasladado a Boston en un avión-ambulancia que su antiguo equipo, los Medias Rojas, enviaron a Santo Domingo y pasó siete semanas ingresado en el Hospital General de Massachusetts, donde fue sometido a otras dos intervenciones quirúrgicas.

Ortiz fue tiroteado por un hombre que las autoridades dominicanas dijeron que buscaba a otro individuo, relacionado con el tráfico de drogas.

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Por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el expresidente Barack Obama.

Washington, 18 de junio (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este jueves una victoria a casi 650,000 jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" al mantener en pie el programa que desde hace ocho años les protege temporalmente de la deportación, en un enorme revés para el presidente Donald Trump.

El fallo del Supremo puso fin a un limbo de casi tres años para los inmigrantes que se benefician del programa DACA y enfureció a Trump, que reconoció el fracaso de su primer intento de derogar la medida y aseguró que empezará "de nuevo el proceso" para reemplazarla.

TRUMP ACTUÓ DE FORMA "ARBITRARIA"

Por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo concluyó que Trump no siguió los mecanismos establecidos en la ley cuando interrumpió en 2017 el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por el expresidente Barack Obama.

"La decisión del DHS (siglas del Departamento de Seguridad Nacional) de acabar con DACA fue arbitraria y caprichosa", escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, de tendencia conservadora, en un argumento al que se sumaron los cuatro jueces progresistas de la Corte.

La Corte no entró a valorar la legalidad de DACA, sino que rechazó "el procedimiento" que usó el Gobierno de Trump a la hora de tumbar el programa, y dejó claro que la Casa Blanca puede intentar interrumpirlo de nuevo si quiere, pero es probable que le resulte complicado hacerlo antes de las elecciones de noviembre.

La sentencia propinó un segundo revés a Trump en una semana, después de que el lunes el Supremo negara la razón a la Casa Blanca en un fallo que protege de la discriminación laboral a las lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ).

TRUMP TACHA EL FALLO DE "HORRIBLE"

"Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen del Tribunal Supremo son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores", escribió Trump en Twitter este jueves.

El mandatario pidió votar por él en noviembre para que pueda nominar a más jueces del Supremo si se retira o fallece alguno de los nueve magistrados con cargo vitalicio, y aseguró que lo que busca es "una solución legal, no política, en lo relativo a DACA".

"El Tribunal Supremo no quiere dárnosla, así que ahora tenemos que empezar este proceso de nuevo", afirmó Trump.

El presidente no aclaró si con eso se refería a que intentará derogar de nuevo DACA por la vía ejecutiva, o si quiso decir que presionará al Congreso para que negocie con él una ley que solucione el limbo en el que viven los jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, de la mano de sus padres.

UN PARCHE PARA PROTEGER A LOS "SOÑADORES"

El programa DACA, que concede a los "soñadores" permisos renovables de dos años para estudiar o trabajar en EE.UU. sin miedo a ser deportados, fue un parche ideado por Obama para solucionar temporalmente la situación de esos jóvenes, ante la inacción del Congreso a la hora de concederles una vía a la ciudadanía.

Cuando anunció el fin de DACA en 2017, Trump argumentó que lo hacía porque Obama había abusado de su poder al promulgarlo y para presionar al Congreso para aprobar una solución permanente, pero condicionó cualquier legislación sobre el tema a obtener fondos para el muro con México y otras medidas inaceptables para los demócratas.

Las víctimas de ese rifirrafe fueron de nuevo los "soñadores", que llevan dos décadas esperando a que el Congreso apruebe la llamada "Dream Act" y viendo cómo muchos políticos les utilizan para conseguir otras metas, a pesar de que el 74 % de los estadounidenses apoyan que se les conceda una vía a la ciudadanía.

¿ACEPTARÁ TRUMP NUEVAS SOLICITUDES?

La interrupción del programa DACA anunciada por Trump nunca llegó a entrar del todo en vigor, porque varias decisiones judiciales obligaron a su Gobierno a seguir renovando cada dos años los permisos de aquellos jóvenes indocumentados que ya eran beneficiarios del programa a finales de 2017.

El fallo del Supremo podría obligar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a aceptar otra vez solicitudes nuevas de jóvenes que cumplan los criterios de DACA, y no solo a renovar los permisos de los casi 650.000 "soñadores" que aún los tenían a principios de este año, según expertos.

"La decisión de hoy del Supremo restaura el programa DACA, y exige que la Administración acepte nuevas solicitudes además de renovarlas", afirmó a Efe la directora de la clínica de derechos de inmigrantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia, Elora Mukherjee, una experta en el programa.

USCIS no respondió inmediatamente a una petición de Efe al respecto, y aún no está claro cómo interpretará la decisión del Supremo, pero si Mukherjee está en lo cierto, decenas de miles de indocumentados que llegaron a EE.UU. antes de 2007 podrían solicitar la protección del programa por primera vez.

OBAMA CELEBRA LA DECISIÓN, BIDEN PROMETE IR MÁS ALLÁ

La sentencia llegó tres días después del octavo aniversario de DACA, y Obama no tardó en acudir a Twitter para declararse "feliz" por los "soñadores" y pedir el voto para el virtual candidato demócrata en las elecciones de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden.

En un comunicado, Biden prometió que si es elegido, impulsará un proyecto de ley que incluya una solución "permanente" para los "soñadores" en su "día uno" en el poder, en enero de 2021.

Decenas de "soñadores" y activistas que les respaldan celebraron la decisión delante del Supremo, con una enorme pancarta que rezaba "estamos aquí para quedarnos".

Entre ellos estaba la "soñadora" mexicana Greisa Martínez Rosas, para la que la decisión del Supremo "demuestra el poder de los jóvenes inmigrantes" en Estados Unidos, dijo en un comunicado.

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La conducta de la policía de Nueva York ha sido blanco de críticas durante las protestas por la muerte de Floyd en las que algunos fueron grabados en acciones como conducir una patrulla contra los manifestantes o lanzar contra el pavimento a una mujer, caso por el que se presentaron cargos a un agente.

Nueva York, 15 de junio (EFE).- El jefe de la policía de Nueva York, Dermot Shea, anunció este lunes que desmantelará la Unidad Contra el Crimen, integrada por 600 agentes que vestidos de civil patrullan las calles de la ciudad, porque a menudo ha sido acusada de usar tácticas fuertes contra comunidades minoritarias.

De acuerdo con Shea, los agentes serán reasignados en cada precinto a otras responsabilidades, señalan medios locales.

El anuncio llega luego de que el gobernador del estado, Andrew Cuomo, convirtiera en ley varias medidas de reformas en la policía con miras a la transparencia y la rendición de cuentas y de que anunciara que ese departamento será rediseñado con la participación del Gobierno y diversos sectores de la comunidad, que han pedido cambios por años.

Sin embargo, esos cambios llegaron en medio de las protestas a través del país, a veces violentas, incluida Nueva York, por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis.

"Damos la bienvenida a la reforma, pero también creemos que una reforma significativa comienza desde adentro", aseguró Shea, quien se ha atribuido la responsabilidad total del cambio de política en el departamento que dirige desde el año pasado.

"Es tiempo de seguir hacia adelante y cambiar la forma en cómo vigilamos en esta ciudad. Podemos hacerlo con inteligencia, astucia y no con fuerza bruta", afirmó el jefe de la policía.

Recordó que ya hicieron lo mismo cuando dejaron atrás la política del "stop and frisk", de detener y registrar a individuos, que impactó de forma desproporcionada a latinos y afroamericanos y fue declarada inconstitucional por un tribunal federal en el 2013.

La conducta de la policía de Nueva York ha sido blanco de críticas durante las protestas por la muerte de Floyd en las que algunos fueron grabados en acciones como conducir una patrulla contra los manifestantes o lanzar contra el pavimento a una mujer, caso por el que se presentaron cargos a un agente.

Ante los reclamos de los manifestantes de que se cortaran los fondos a ese departamento y se asignaran a otros programas, el Concejo de la ciudad ha propuesto un recorte de mil millones de los seis mil millones que se le asignan cada año fiscal.

El alcalde Bill de Blasio ha estado de acuerdo con reducir fondos y asignarlos a programas de jóvenes pero no con la reducción de los mil millones.

"Las protestas no fueron un factor en esto", aseguró Shea sobe su decisión.

Los cambios no han sido del agrado de la Asociación Benevolente de la Policía, el principal sindicato que les representa.

"La misión de la unidad contra el crimen era proteger a los neoyorquinos previniendo proactivamente el crimen, especialmente la violencia armada", indicó su presidente, Patrick Lynch.

"Los tiroteos y asesinatos están aumentando constantemente, pero los líderes de nuestra ciudad han decidido que la vigilancia proactiva ya no es una prioridad. Eligieron esta estrategia. Tendrán que tener en cuenta las consecuencias", indicó.

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"Hoy, debemos decidir si una compañía puede despedir a alguien meramente por ser homosexual o transgénero. La respuesta está clara", escribió en la sentencia el juez Neil Gorsuch. Se trata del fallo más importante a favor del colectivo desde la legalización del matrimonio igualitario en 2015.

Washington, 15 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorgó este lunes su mayor victoria en años a la comunidad LGTBIQ al considerar que las leyes de los derechos civiles aprobadas hace medio siglo prohíben la discriminación contra homosexuales y transexuales en el entorno laboral.

Se trata del fallo más importante a favor del colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ) desde la legalización del matrimonio igualitario en 2015.

La victoria, además, es significativa porque fue otorgada por un tribunal dominado por los conservadores.

"Hoy, debemos decidir si una compañía puede despedir a alguien meramente por ser homosexual o transgénero. La respuesta está clara", escribió en la sentencia el juez Neil Gorsuch, nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quien junto a otros cinco magistrados votó contra la discriminación hacia gais y trans.

LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ SON DERECHOS CIVILES

En un fallo histórico, el Tribunal Supremo determinó que el colectivo LGTBIQ está protegido por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, diseñada para garantizar la igualdad de los afroamericanos y que ya prohibía la discriminación por sexo, pero hasta ahora no cobijaba a los transexuales.

Durante medio siglo, el Tribunal Supremo interpretó que la "discriminación por sexo" de esa legislación solo se refería a las mujeres y, hasta ahora, no había considerado que también ampara a la comunidad LGTBIQ.

En el transcurso del caso, los abogados de la Administración Trump argumentaron que las leyes de derechos civiles no protegían ni a trans ni a gais; mientras que los demandantes consideraban que las leyes vigentes aplicaban a todos los seres humanos.

DOS DE LOS DEMANDANTES MURIERON ANTES DE CONOCER EL FALLO

Dos de las personas que forzaron al Tribunal Supremo a pronunciarse son Donald Zarda, que fue obligado a dejar su puesto de instructor de paracaidismo tras revelar que era gay, y Aimee Stephens, una mujer transgénero que fue despedida tras anunciar que iba a comenzar el proceso de transición.

Zarda murió en 2014 en un accidente de paracaidismo, mientras que Stephens falleció en mayo de este año por un fallo de riñón y pasó a ser representada en el caso por su esposa, Donna.

Stephens se había convertido en el rostro más conocido del caso debido a su incansable lucha hasta llegar al Tribunal Supremo, adonde acudió en octubre en silla de ruedas para la audiencia sobre su caso.

En 2013, Stephens fue despedida de la funeraria de Michigan en la que trabajaba por haber comunicado a sus superiores que, en realidad, era mujer y había decidido iniciar el proceso de transición de reasignación de sexo, por lo que a partir de entonces vestiría ropa femenina.

Semanas antes de ser despedida, en una carta a sus compañeros de trabajo, Stephens escribió: "Debo decirles algo que es muy difícil para mí y que toma todo el coraje que he podido reunir. Me siento encarcelada por un cuerpo que no coincide con mi mente y esto me está causando gran desesperación y soledad".

Sus compañeros la respaldaron y defendieron que era una persona compasiva capaz de hacer un trabajo excelente en la funeraria; pero su jefe decidió despedirla porque, al querer llevar ropa femenina, supuestamente incumplía el "código de vestimenta específico para cada sexo" determinado por la empresa.

IMPACTO EN 8,1 MILLONES DE PERSONAS

Aunque Stephens no estaba para conocer hoy el fallo del Tribunal Supremo, se espera que su lucha beneficie a los 8,1 millones de personas LGTBIQ en edad de trabajar en Estados Unidos de los que casi la mitad (3,9 millones) viven en estados que no tienen leyes para protegerles, según la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).

Como hasta ahora no había un estándar federal, la discriminación estaba permitida y quedaba a discreción de los estados proteger o no a transexuales y homosexuales.

Solo 23 de los 50 estados de Estados Unidos además de la capital, Washington DC,habían aprobado algún tipo de legislación para defender a transexuales y homosexuales; pero la discriminación seguía siendo legal en lugares como Misisipi, Virginia Occidental, Texas y Tennessee, que ahora tendrán que proteger a los la comunidad LGTBIQ.

El caso había provocado una gran expectación en Estados Unidos donde organizaciones religiosas pidieron al Supremo que fallara contra los trans; mientras que unas 200 empresas del país habían salido en su defensa.

UN GIRO IRREVERSIBLE PESE A TRUMP

Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos del colectivo LGTBIQ, en un intento por mantener el apoyo de su base de la derecha cristiana.

Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo sienta un precedente legal y supone un giro irreversible en la lucha por la igualdad. Hace solo medio siglo, todos los estados del país menos uno criminalizaban la homosexualidad y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la consideraba una enfermedad mental, pero ahora esas opiniones son cada vez más minoritarias en Estados Unidos.

De hecho, en 2019, el 63 % de los estadounidenses estaba a favor del matrimonio igualitario y el 53 % opinaba que la ley debía otorgar mayor protección a los transexuales, según la encuestadora Gallup.

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