Acontecer Latino

BOLIVIA (EFE).- Una indígena aimara boliviana denunció hoy, junto a autoridades nacionales, que trabajó durante 38 años para una familia de La Paz en condiciones de esclavitud, sin salir de la casa ni percibir remuneración económica.
La mujer, identificada como Tomasa M., se presentó ante los medios en una rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que investigue este caso.
"Vamos a pedirle al Ministerio Público, a rogarle encarecidamente que extreme los esfuerzos en este caso porque, de confirmarse todo lo que nos ha contado la señora Tomasa, estamos ante un caso gravísimo", señaló la autoridad.
En una reunión previa a la conferencia de prensa, la mujer contó a las autoridades que ella vivía en la provincia paceña Camacho y que la trajeron a La Paz cuando tenía 15 años para que trabajara como empleada doméstica para una familia de La Paz.
"Ella no recibió remuneración por su trabajo, no recibía las salidas mínimas que cualquier trabajadora del hogar puede tener, ella no salía de la casa, no circulaba en ningún momento, no tenía contacto con sus familiares", relató Arce.
Enfatizó que la mujer, que actualmente tiene 54 años, no tuvo atención médica, no maneja el significado de la moneda y no tiene escolaridad.
El caso se hizo público el martes a través de los medios locales, a los que la mujer aseguró que sufría constantes maltratos verbales de sus empleadores, quienes en ocasiones le golpeaban, y, además, le hicieron creer que sus familiares habían muerto.
Tomasa contó que hace unos meses decidió escapar de la casa en la que trabajó, ubicada en la zona sur paceña, por miedo a que le amputen una pierna en la que tiene una lesión, ya que sus empleadores dieron la autorización para ese procedimiento.
La mujer acudió en busca de ayuda a un canal de televisión de la ciudad vecina de El Alto y a través de ese medio pudo recibir atención médica y reunirse con sus familiares.
Los empleadores de Tomasa la denunciaron ante la Fiscalía por el supuesto robo de algunos objetos de valor y ella, a su vez, presentó una demanda contra ellos por el delito de trata de personas.
"Hemos conversado con ella, es bastante creíble su versión, hay elementos que indican que todo lo que nos ha contado es cierto", señaló el ministro Arce.
Anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía por este caso y que se conformará un equipo junto a los Ministerios de Educación y de Salud para hacer el seguimiento correspondiente.
"De confirmarse todo lo que nos ha contado, estamos ante un caso gravísimo, extremadamente grave donde en pleno siglo XXI, en plena ciudad de La Paz se ha esclavizado a un ser humano", señaló Arce.

PANAMA (EFE).- El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) espera que el Congreso de Estados Unidos no ratifique el fin del programa Acción Diferida para los Llegados de la Niñez (DACA), como lo pretende el Gobierno de Donald Trump, informó hoy el ente legislativo.
El organismo rechazó en una declaración la medida "por ser atentatoria de los derechos humanos y concretamente de los derechos de los jóvenes que se beneficiarían con la Acción Diferida", 800.000 de acuerdo con el Gobierno estadounidense.
El Parlatino indico en su texto, firmado el 8 de septiembre y divulgado hoy, que espera que el Congreso de EE.UU. defina alternativas legislativas que garanticen el respeto a los derechos, "incluida la no deportación de los migrantes en general y de quienes llegaron a los Estados Unidos sin la documentación correspondiente siendo niños".
El Gobierno de Trump anunció la semana pasada el fin de DACA -que protege de la deportación a los "soñadores"-, pero la suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018.
En estos seis meses el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EE.UU., debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Ya se han presentado en ambas Cámaras norteamericanas proyectos de ley bipartidistas para dar amparo a estos jóvenes indocumentados, pero ninguna ha conseguido avanzar.
El Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los "soñadores", y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.
Tanto la Casa Blanca como el propio Trump han dejado claro que no se tomará ninguna medida contra los beneficiarios de DACA en el plazo dado al Congreso.
El programa DACA fue promulgado por el anterior presidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), en 2012 y gracias a este 800.000 jóvenes indocumentados han podido frenar su expulsión del país, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.

COLOMBIA, 12 sep (EFE).- Las autoridades colombianas se incautaron de 65 inmuebles valorados en 57.000 millones de pesos (unos 19,5 millones de dólares) y congelaron 24 cuentas bancarias de Mauricio Parra Rodríguez, alias "El Quesero", testaferro de las desmovilizadas FARC, informaron hoy fuentes judiciales.
Entre las propiedades confiscadas hay oficinas en un sector exclusivo del norte de Bogotá, cinco vehículos, tres lotes donde se iban a desarrollar proyectos urbanísticos en Ibagué (Tolima) y Pitalito (Huila), dijeron en una rueda de prensa el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía.
En la operación contra "El Quesero", del que las autoridades aseguran es uno de los principales testaferros del desaparecido Bloque Sur y la columna Teófilo Forero de las FARC, también figuran peluquerías y 10 sociedades dedicadas a la construcción y venta de vivienda que y servían de fachada para lavar activos obtenidos en actividades ilícitas.
Las autoridades le venían siguiendo la pista a Parra, quien fue arrestado hace 13 días en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
También debe responder ante la justicia como presunto responsable del homicidio de Jhonny Alonso Orjuela Rueda, propietario de los supermercados Surtifruver de la Sabana, ocurrido el 20 de octubre de 2016 en Bogotá.
Igualmente se le investiga por el homicidio del abogado, líder social y expersonero de Pitalito (sur), Luis Ochoa, ocurrido el 6 de abril del presente año, pues según la Fiscalía "habría tenido participación en este crimen".
La hipótesis que maneja la Fiscalía sobre el crimen es la defensa que el abogado Ochoa asumió de un grupo de casi 400 víctimas de una supuesta estafa por una urbanizadora ilegal.
Según las investigaciones, Parra legalizó durante quince años grandes sumas de dinero para las FARC, lo que le permitió ganar estatus de empresario, mantener contacto con diversas personalidades del país y adquirir lujosos bienes.
Para legalizar las propiedades, que estaban en varios municipios de los departamentos de Huila y Caquetá, al igual que en Bogotá, "El Quesero" las escrituraba a familiares y amigos.
Durante la investigación las autoridades recibieron testimonios de reinsertados de las FARC, quienes aseguraron que desde 1998 en la zona del Caguán (Caquetá), Parra llevaba mercados y diversos artículos a los campamentos de esa organización y allí comenzó su vínculo con el hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

SAO PAULO (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy ser víctima de una "cacería de brujas" en el testimonio que rindió ante el juez que lo investiga por corrupción, y calificó como "mentiroso", "frío" y "calculista" a uno de sus ministros, que se convirtió en importante testigo en su contra.
Lula aseguró que su exministro de Hacienda Antonio Palocci, que lo acusó de haber hecho un "pacto de sangre" con la constructora Odebrecht para recibir millonarios sobornos a cambio de contratos públicos con la petrolera Petrobras, tan sólo pronunció mentiras en el testimonio que rindió al mismo juez la semana pasada.
"Yo vi a Palocci mentir aquí. Nada de lo que dijo es verdad", aseguró el exgobernante, quien dijo sentir "pena" por Palocci, quien fuera uno de sus principales correligionarios y colaboradores, aunque aclaró que su exministro tan sólo busca un acuerdo que le permita salir de la cárcel y "conservar parte del dinero que ganó en los últimos años como conferenciante".
Lula aprovechó el testimonio de 2 horas y 10 minutos de este miércoles ante el juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba para desmentir todas las acusaciones, insistir en que se trata de una persecución política y descalificar a todos sus acusadores, aunque se negó a responder a algunas preguntas y dejó dudas en otras.
El exlíder sindical, que encabeza todas las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018, asegura que todos sus líos judiciales buscan impedirle que asuma nuevamente el cargo que ocupó entre 2003 y 2010.
"La verdad es que la Fiscalía entró por un camino del que tiene dificultades de salir. Su objetivo es encontrar a alguien que me criminalice", afirmó el exmandatario en sus consideraciones finales al dar a entender que sus acusadores carecen de pruebas y siguen presionando testigos presos para convertirlos en delatores.
"Sólo quiero decir que hay una cacería de brujas. Voy a enfrentar todas las acusaciones con el mismo respeto pero alegando que todo lo que hacen es ilegítimo, que las acusaciones no proceden", agregó.
Esta fue la segunda vez que Lula declaró ante el juez Sergio Moro, responsable por el caso de corrupción en Petrobras y que ya condenó al expresidente en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por corrupción, por haber recibido sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal.
En el proceso por el que fue interrogado hoy, uno de los seis abiertos en su contra, el exgobernante fue denunciado por la Fiscalía por los delitos de corrupción y lavado de dinero bajo la sospecha de que recibió sobornos de Odebrecht a través de Palocci.

VENEZUELA, 12 sep (EFE).- El Gobierno y la oposición de Venezuela podrían reanudar un diálogo este miércoles en República Dominicana a invitación de ese país y del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han llamado a una negociación que de momento solo es aceptada abiertamente por el oficialismo.
Entretanto, el país se prepara para unas elecciones regionales que se celebrarán en octubre, motivo por el cual la oposición realizó el domingo unas primarias que al sol de hoy, y a pesar de los resultados definitivos, han generado discrepancias entre los partidos que conforman la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Este martes, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó en París a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, que las conversaciones entre el Gobierno venezolano y su oposición comenzarían mañana en República Dominicana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aceptó horas antes la "invitación" a retomar este proceso.
"Quiero anunciar que (...) acepto esta nueva jornada de diálogo", informó el jefe de Estado venezolano en cadena obligatoria de radio y televisión, en referencia a lo que él mismo señaló como una "invitación" de Zapatero y del Gobierno dominicano.
El mandatario venezolano designó a Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño Libertador y uno de los estrategas más influyentes en el Gobierno, para que le represente en esta reunión y para "continuar los esfuerzos de diálogo" del país.
Maduro aseguró que está comprometido con esta iniciativa. "No digo más. Me gustaría decir mucho más pero no debo, debemos ser prudentes para que en esta oportunidad fructifique de manera exitosa el diálogo por la paz y la soberanía de Venezuela", agregó.
Por su parte, la MUD negó hoy que vaya a reabrir una negociación con el Gobierno, aunque aseguró que enviará una delegación para reunirse con el presidente dominicano Danilo Medina a quien, afirma, "presentará los objetivos de la lucha democrática nacional".
En un comunicado, la coalición detalló sus demandas en toda conversación con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"La Mesa de la Unidad reitera que no hay un reinicio del diálogo e informa a Venezuela y el mundo cuáles son sus condiciones para una negociación seria", dijo la alianza, entre cuyas peticiones destacó la presentación de un cronograma electoral que incluya una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para 2018.
Esto además de "la liberación de presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones a dirigentes opositores y el cese a la persecución".
Según la oposición, "la invitación del presidente Medina no representa el inicio de un diálogo formal con el Gobierno", para el que la MUD exige "acciones inmediatas que demuestren verdadera disposición a resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo".
En ese sentido, afirma que el encuentro -sobre el que la oposición habla sin mencionar una eventual presencia del oficialismo- es para "explorar, con facilitación internacional, las condiciones de la oposición para una negociación seria con el Gobierno, que cumpla con las exigencias reiteradamente planteadas".
Entretanto, la MUD anunció hoy los resultados que faltaban por conocerse sobre las primarias que realizó el domingo de cara a las elecciones a gobernadores regionales, en las que afirmó que participó 6,8 % (1.018.621 personas) de un padrón electoral de casi 15 millones.

VENEZUELA (EFE).- La Cancillería venezolana dijo hoy que las sanciones que ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Nicolás Maduro "ponen en riesgo" su condición como "el proveedor de petróleo más cercano y seguro para los EE.UU." y señaló que afectarán al pueblo norteamericano.
"Las decisiones unilaterales e ilegales del presidente Trump no sólo afectarán al pueblo venezolano, sino también al pueblo estadounidense. Las sanciones anunciadas, ponen en riesgo nuestra condición, casi centenaria, como el proveedor de petróleo más cercano y seguro para los EE.UU.", dice una carta publicada en el portal web de la Cancillería y dirigida a la población de EE.UU.
Según Venezuela, las sanciones afectarán a los estadounidenses "ante la posibilidad" del alza de los precios de la gasolina, "mientras que miles de trabajadores corren el riesgo de perder sus ahorros (...) ante el impacto en los fondos de jubilación por el veto que pasa sobre los bonos venezolanos".
El pasado 25 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva por la que prohíbe las "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal", en las primeras sanciones al sistema financiero venezolano.
La medida, anunciada por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe también las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela".
El Gobierno venezolano ya ha mostrado su rechazo a estas medidas y hoy la Cancillería indicó que el comportamiento de Trump "no se corresponde con el lema de campaña de Donald Trump de 'volver a hacer grande a América".