Acontecer Latino

Al momento de su arresto por agentes de ICE, Kilmar Abrego Garcia residía en Maryland y días más tardes fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, acusado de ser miembro de la pandilla MS-13.

La historia del inmigrante salvadoreño deportado por error a mediados de marzo a El Salvador podría dar un giro de 180 grados, luego de que, según reportes de CNN en Español, se confirmara el regreso a los Estados Unidos de Kilmar Abrego Garcia.

Pero el regreso de Abrego Garcia no supone en ninguna manera la garantía para su permanencia definitiva en este país. El inmigrante será devuelto para enfrentar en suelo estadounidense cargos penales federales por conspiración para transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados con fines de lucro y transporte ilegal de inmigrantes indocumentados con fines de lucro.

Al momento de su arresto por agentes de ICE, Kilmar Abrego Garcia residía en Maryland y días más tardes fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, acusado por la administración Trump de ser miembro de la pandilla MS-13, designada por el Gobierno como organización terrorista extranjera. Estas acusaciones han sido refutadas por sus abogados.

La acusación formal, revelada este viernes, refiere que Kilmar Ábrego García y otros llevaron a Estados Unidos en los últimos años a miles de inmigrantes indocumentados de varios países de Centroamérica, “muchos de los cuales eran miembros y asociados de la MS-13”.

Sin embargo, tanto Ábrego García como su familia afirman que él huyó de la violencia de las pandillas en El Salvador y han negado las acusaciones de que sea miembro de la MS-13.

Enfrentamiento de poderes

El caso de Kilmar Abrego Garcia se convirtió en un tema político controversial para la administración Trump y su programa de deportaciones, mientras que la retórica cambiante del Presidente Trump sobre si podía lograr el regreso del salvadoreño generó dudas sobre la disposición del Gobierno a acatar las órdenes judiciales.

En la nota CNN refiere que el reconocimiento inicial de la actual “administración en un documento judicial de que lo deportó por error atrajo un mayor escrutinio, incluso entre republicanos que normalmente apoyan la agenda de Trump”.

Señala que Trump dijo recientemente que podía lograr el regreso de Ábrego García, contradiciendo declaraciones previas de él y sus principales asesores, quienes afirmaban que “EE.UU. no tenía la capacidad de traerlo de vuelta porque estaba bajo custodia de un Gobierno extranjero, a pesar del fallo de la Corte Suprema que ordenaba a la administración Trump “facilitar” su regreso”. (Fuente CNN)

Defensor del Pueblo y Consulado Dominicano en Nueva York realizaron un foro para prevenir estafas inmobiliarias, al destacar  el aumento de fraudes registrados en la venta de viviendas en RD por parte de empresas fantasmas. 

NUEVA YORK, NY.- Con la finalidad de crear conciencia sobre las estafas inmobiliarias y proporcionar herramientas para su prevención y denuncia, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana y el Consulado Dominicano en Nueva York realizaron un foro dirigido a la comunidad criolla en los Estados Unidos.

Bajo el título “Protegiendo el Sueño Dominicano: Prevención de estafas inmobiliarias para la comunidad dominicana en el exterior”, Pablo Ulloa, titular del organismo constitucional, mostró su preocupación por el aumento de inversiones desde el extranjero que se han visto afectadas por fraudes.

En ese sentido, señaló los datos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Estas entidades estiman que entre un 5% y un 8% de las compras de viviendas realizadas fuera del país han sido afectadas por ventas engañosas. Sostuvo que los mecanismos de extorsión han evolucionado, ocasionando desgaste físico, económico y mental de las personas que confían en constructoras que resultan al final como empresas fantasmas.

Entre las vulneraciones de derechos, producto de estas prácticas, puntualizó la suplantación de identidad, proyectos sin concretar, propiedades vendidas más de una vez, títulos ilegales, entre otras. “Estafas que no solo arrebatan dinero; arrebatan años de sacrificio, la esperanza de una casa propia, el legado que muchos soñaban dejar a sus hijos”, expresó el servidor público.

De su lado, el cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús (Chu) Vásquez, informó que este tipo de encuentros tiene la finalidad de diseñar acciones conjuntas que frenen las prácticas fraudulentas que han afectado a la diáspora.

“No podemos permitir que los sacrificios de nuestra gente terminen en manos de estafadores”, condenó el funcionario en el acto celebrado en el auditorio de la escuela Juan Pablo Duarte en Washington Heights, en Manhattan, ciudad de Nueva York.

En la actividad fue presentada una herramienta desarrollada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones de la República Dominicana, la cual fue expuesta por su titular Carlos Bonilla, cuyo objetivo es prevenir las estafas inmobiliarias en el país a través de la tecnología de información y comunicación.

Durante la realización del foro fueron presentadas diversas iniciativas para prevenir las estafas inmobiliarias, las cuales estuvieron a cargo de la vice ministra de Relaciones Exteriores para las comunidades dominicanas en el exterior, Celinés Toribio; el senador Estatal en Nueva York, Luis Sepúlveda y el especialista en derecho inmobiliario, Robinson Cuello.

El evento representa una oportunidad clave para fortalecer la protección de los derechos de la diáspora dominicana en Nueva York, al mismo tiempo que se fomenta una mayor regulación y transparencia en el mercado inmobiliario de la República Dominicana.

En el marco del foro se efectuó el panel “Prevención de Estafas Inmobiliarias para la Comunidad Dominicana en el Exterior”, en el que participaron Rafael Barón Duluc, senador Provincia La Altagracia; Yorlin Vásquez, subdirectora Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos; Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor; Alberto Bogaert, presidente Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de la República Dominicana; Christian Molina, presidente Ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas; Annerys Melendez, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la Vivienda, y Sovieski Naut, gerente de Economía Digital de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana; con la moderación de Denisse Hartling, encargada de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo.

Instituciones auspiciadoras

El foro “Protegiendo el Sueño Dominicano: Prevención de estafas inmobiliarias para la comunidad dominicana en el exterior” fue patrocinado por los ministerios de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (MIREX) y de Vivienda y Edificaciones (MIVED), los consulados dominicanos en Nueva York y New Jersey, la Dirección General de Impuesto Internos (DGII), el Consejo Nacional de Competitividad, Procuraduría General de la República (PGR), el Banco de Reservas, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), el Registro Inmobiliario, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias de la República Dominicana (AEI), y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), entre otros.

Durante el foro 'Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico', el primer evento organizado gracias a la alianza entre la Agencia EFE y GFR Media, distintas universidades destacaron sus programas y esfuerzos para atraer estudiantes internacionales.

SAN JUAN, PR (EFE).- Líderes de las universidades de Puerto Rico coincidieron en que su disponibilidad de estudios en inglés y en español, así como los cursos híbridos y las prácticas laborales, son puntos clave para atraer estudiantes internacionales.

Así se expresaron durante el foro 'Turismo Educativo: Puerto Rico como destino académico', el primer evento organizado gracias a la alianza entre la Agencia EFE y GFR Media, celebrado en el hotel Sheraton Puerto Rico Resort & Casino de San Juan. 

El presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Rafael Ramírez, comentó en la conferencia que su institución ofrece programas bilingües en todas las maestrías, así como en las carreras de Derecho, Optometría y Enfermería. Esto permite captar estudiantes foráneos.

"Los estudiantes internacionales vienen buscando acreditaciones, que sean transferibles, que sean homologables los programas, y que donde quieran ir puedan llevar su grado", añadió Ramírez durante el panel titulado 'La isla como salón de clases'.

Por su parte, Javier Carrión, encargado de Asuntos Internacionales de la Universidad de Puerto Rico (UPR), celebró que su centro educativo es el que cuenta con más alumnos extranjeros en la isla (unos 600), aunque su objetivo es incrementar esta cifra.

Carrión destacó la iniciativa de los cursos COOP de la UPR, que son aquellos que facilitan a los estudiantes obtener créditos universitarios a través de prácticas laborales supervisadas.

Asimismo, Gladys Nieves, presidenta de EDP University, resaltó su modalidad híbrida entre estudios presenciales y a distancia a través de Internet para las carreras sanitarias. "El estudiante trabaja en Estados Unidos, hace cursos online y viene a Puerto Rico a hacer la parte clínica. Solamente están tres meses de cada año", precisó Nieves.

Por último, la apuesta de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) para atraer a estudiantes internacionales, según detalló Rafael F. Nadal, el vicepresidente de Asuntos Internacionales de esta institución, son las carreras y postgrados cortos.

"Las carreras cortas son un mercado de oportunidad", aseveró Nadal, quien añadió que su objetivo es enfocarse más en "maestrías de un año" como, por ejemplo, hay en España.

También participó en este evento Francisco Millán, Consejero Económico y Comercial de España en Puerto Rico, que explicó las diferentes iniciativas que se han implantado en universidades españolas para conseguir estudiantes de otros países.

"Estudiantes universitarios en España tenemos 1,7 millones, de los cuales 200.000 son extranjeros, alrededor del 12 %, y la proporción de extranjeros es mucho mayor en postgrados, en masters, doctorados, que la gente que va a estudiar bachilleratos, por un tema de reconocimientos", recalcó Millán.

Los auspiciadores del foro fueron Discover Puerto Rico, T-Mobile, EDP Collage, Rooms to go y Sheraton Puerto Rico Resort & Casino. (EFE) 

El senador Luis R. Sepúlveda, tras mostrar indignación por las acciones de la gobernadora Jennifer González, reiteró su convicción de que los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, merecen ser tratados con dignidad, respeto y justicia.  

NUEVA YORK – El senador del Estado de Nueva York y reconocido defensor de los derechos de los inmigrantes, Luis R. Sepúlveda, expresó hoy su profunda indignación ante las recientes acciones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, relacionadas con la entrega de información personal de ciudadanos dominicanos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el país caribeño. 

La controversia por las acciones de la actual gobernadora de la Isla del Encanto estallaron este viernes, luego de que saliera a la luz que la incumbente facilitó a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) los datos de unos 6 mil migrantes con licencia de conducir pero que no tienen estatus migratorio definido.

El senador Sepúlveda afirmó que el acto de facilitar el acceso a datos confidenciales de ciudadanos dominicanos representa una traición inaceptable hacia una comunidad que ha contribuido de forma invaluable al desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico. “Se está poniendo en riesgo la seguridad, la privacidad y la estabilidad de miles de familias trabajadoras que ya enfrentan múltiples desafíos”, sostuvo el legislador. 

El senador neoyorquino hizo un firme llamado a la gobernadora González para que detenga de inmediato esta colaboración con las autoridades federales de inmigración, y establezca medidas claras que salvaguarden los derechos fundamentales de los inmigrantes en la isla. 

“Ningún gobierno debería colaborar con políticas que alimentan el miedo, la persecución y la criminalización de comunidades vulnerables. Estas decisiones, además de ser moralmente reprobables, erosionan la confianza pública y promueven un clima de exclusión que contradice los principios democráticos y humanitarios que todos compartimos”, aseguró Sepúlveda. 

El legislador reafirmó de manera enfática su compromiso con la defensa y protección de los derechos de los inmigrantes, destacando que esta causa es una prioridad fundamental en su agenda legislativa, y que su apoyo no se limita a una región específica, sino que se extiende a todas las comunidades inmigrantes en cada rincón de los Estados Unidos.

 La controversia

Según consta en una publicación de la agencia de noticias EFE, la gobernadora Jenniffer González se justificó, al alegar que las leyes de inmigración federal son "mandatorias”."No podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles", expresó González en nota de prensa.

Dijo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó la data el 29 de enero por requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), con fecha del 26 de enero. "La agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley", subrayó la gobernadora, al tiempo que reconoció "las contribuciones importantes" que hacen a la economía de la isla los inmigrantes.

Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional, como un reconocimiento a la aportación a la vida económica y comunitaria de las comunidades migrantes.

El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, por lo que se generó la expectativa de que los datos no serían entregados a las autoridades migratorias de EE.UU. (Fuente Externa)

La Casa Blanca “celebró” la oportunidad de deportar a 500 mil “invasores” de suelo estadounidense, ratificando que “la Corte Suprema intervino con justicia”, tras su decisión.

WASHINGTON, DC.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración del presidente Donald Trump, abriendo las puertas para que miles de inmigrantes amparados bajo el “parole humanitario” sean deportados.

El anuncio de la decisión, que autoriza a la presente administración a revocar el estatus legal que protege a inmigrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que residen en Estados Unidos, ha copado hoy los titulares de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional.

Y es que el "parole humanitario”, otorgado durante el mandato del ex presidente Joe Biden, permitió a más de 500 mil personas ingresar legalmente al país, y el fallo de este viernes echa por tierra las esperanzas de muchos inmigrantes, quienes vieron una oportunidad de permanencia cuando una orden previa de un juez federal decidió impedir al gobierno poner fin a este programa.

Deportaciones masivas

BBC News Mundo publicó hoy que “esa política se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que le da al secretario de Seguridad Nacional la potestad de otorgar "de manera discrecional" el permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, solicite ser admitido en EE.UU. de forma transitoria por "razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo".

En declaraciones para CNN, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, manifestó que la agencia “celebró” la oportunidad de deportar a 500 mil “invasores” de suelo estadounidense, y añadió que “la Corte Suprema intervino con justicia”.

Desde que asumió su segundo mandato en La Casa Blanca, en enero pasado, entre varias ordenes ejecutivas que firmo, el presidente Donald Trump puso especial énfasis en la que instruía al Departamento de Seguridad Nacional a eliminar los programas de parole, y días después, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem anunciaba el fin del parole humanitario.

El fallo se produce solo semanas más tardes de que la Corte Suprema, permitiera a los funcionarios de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que beneficia a aproximadamente 350.000 inmigrantes venezolanos que viven y trabajan en el país. (Fuente Externa)

La revocación de esta certificación impide que la institución matricule a estudiantes internacionales, afectando a maás de 6,800 estudiantes extranjeros inscritos actualmente en dicha universidad.

CAMBRIDGE, MA.- La administración del presidente Donald Trump intensificó su conflicto con la Universidad de Harvard al revocar hoy la certificación de la alta casa de estudios en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP por sus siglas en inglés).

La revocación de esta certificación impide que la institución matricule a estudiantes internacionales, afectando a aproximadamente 6,800 estudiantes extranjeros inscritos actualmente, quienes deberán transferirse a otras universidades o abandonar suelo estadounidense para mantener su estatus legal.  

El Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por la secretaria Kristi Noem, justificó la medida alegando que Harvard ha permitido un entorno inseguro en el campus, tolerando supuestamente violencia, antisemitismo y colaboraciones con el Partido Comunista Chino.  

Además de la revocación, se le exigió a la universidad entregar, en un plazo de 72 horas, registros disciplinarios de los últimos cinco años, así como grabaciones de actividades consideradas ilegales o peligrosas por parte de estudiantes extranjeros.  

Voceros de la Universidad Harvard calificaron la acción como "ilegal" y "represalia", argumentando que socava su misión académica y de investigación.  

Anunciaron que la universidad tomará medidas legales para impugnar la decisión y proteger a la comunidad de estudiantes internacionales que reciben docencia en el campus universitario.  

Antecedentes del conflicto

Este enfrentamiento forma parte de una serie de tensiones entre la administración Trump y Harvard.  

En abril, el gobierno federal congeló más de $2.2 mil millones en fondos destinados a la universidad, exigiendo reformas en políticas de contratación, admisiones y enseñanza para combatir el antisemitismo en el campus.  También se ha amenazado con revocar el estatus de exención fiscal de Harvard.  

Un juez federal en California ha emitido una orden judicial temporal que bloquea los intentos del gobierno de revocar el estatus legal de los estudiantes internacionales afectados, brindando un alivio provisional mientras se resuelve la disputa legal. (Fuente Externa)