BOLIVIA (EFE).- Una indígena aimara boliviana denunció hoy, junto a autoridades nacionales, que trabajó durante 38 años para una familia de La Paz en condiciones de esclavitud, sin salir de la casa ni percibir remuneración económica.
La mujer, identificada como Tomasa M., se presentó ante los medios en una rueda de prensa junto al ministro de Justicia, Héctor Arce, quien pidió a la Fiscalía que investigue este caso.
"Vamos a pedirle al Ministerio Público, a rogarle encarecidamente que extreme los esfuerzos en este caso porque, de confirmarse todo lo que nos ha contado la señora Tomasa, estamos ante un caso gravísimo", señaló la autoridad.
En una reunión previa a la conferencia de prensa, la mujer contó a las autoridades que ella vivía en la provincia paceña Camacho y que la trajeron a La Paz cuando tenía 15 años para que trabajara como empleada doméstica para una familia de La Paz.
"Ella no recibió remuneración por su trabajo, no recibía las salidas mínimas que cualquier trabajadora del hogar puede tener, ella no salía de la casa, no circulaba en ningún momento, no tenía contacto con sus familiares", relató Arce.
Enfatizó que la mujer, que actualmente tiene 54 años, no tuvo atención médica, no maneja el significado de la moneda y no tiene escolaridad.
El caso se hizo público el martes a través de los medios locales, a los que la mujer aseguró que sufría constantes maltratos verbales de sus empleadores, quienes en ocasiones le golpeaban, y, además, le hicieron creer que sus familiares habían muerto.
Tomasa contó que hace unos meses decidió escapar de la casa en la que trabajó, ubicada en la zona sur paceña, por miedo a que le amputen una pierna en la que tiene una lesión, ya que sus empleadores dieron la autorización para ese procedimiento.
La mujer acudió en busca de ayuda a un canal de televisión de la ciudad vecina de El Alto y a través de ese medio pudo recibir atención médica y reunirse con sus familiares.
Los empleadores de Tomasa la denunciaron ante la Fiscalía por el supuesto robo de algunos objetos de valor y ella, a su vez, presentó una demanda contra ellos por el delito de trata de personas.
"Hemos conversado con ella, es bastante creíble su versión, hay elementos que indican que todo lo que nos ha contado es cierto", señaló el ministro Arce.
Anunció que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía por este caso y que se conformará un equipo junto a los Ministerios de Educación y de Salud para hacer el seguimiento correspondiente.
"De confirmarse todo lo que nos ha contado, estamos ante un caso gravísimo, extremadamente grave donde en pleno siglo XXI, en plena ciudad de La Paz se ha esclavizado a un ser humano", señaló Arce.

SAO PAULO (EFE).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo hoy ser víctima de una "cacería de brujas" en el testimonio que rindió ante el juez que lo investiga por corrupción, y calificó como "mentiroso", "frío" y "calculista" a uno de sus ministros, que se convirtió en importante testigo en su contra.
Lula aseguró que su exministro de Hacienda Antonio Palocci, que lo acusó de haber hecho un "pacto de sangre" con la constructora Odebrecht para recibir millonarios sobornos a cambio de contratos públicos con la petrolera Petrobras, tan sólo pronunció mentiras en el testimonio que rindió al mismo juez la semana pasada.
"Yo vi a Palocci mentir aquí. Nada de lo que dijo es verdad", aseguró el exgobernante, quien dijo sentir "pena" por Palocci, quien fuera uno de sus principales correligionarios y colaboradores, aunque aclaró que su exministro tan sólo busca un acuerdo que le permita salir de la cárcel y "conservar parte del dinero que ganó en los últimos años como conferenciante".
Lula aprovechó el testimonio de 2 horas y 10 minutos de este miércoles ante el juez Sergio Moro en la ciudad de Curitiba para desmentir todas las acusaciones, insistir en que se trata de una persecución política y descalificar a todos sus acusadores, aunque se negó a responder a algunas preguntas y dejó dudas en otras.
El exlíder sindical, que encabeza todas las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018, asegura que todos sus líos judiciales buscan impedirle que asuma nuevamente el cargo que ocupó entre 2003 y 2010.
"La verdad es que la Fiscalía entró por un camino del que tiene dificultades de salir. Su objetivo es encontrar a alguien que me criminalice", afirmó el exmandatario en sus consideraciones finales al dar a entender que sus acusadores carecen de pruebas y siguen presionando testigos presos para convertirlos en delatores.
"Sólo quiero decir que hay una cacería de brujas. Voy a enfrentar todas las acusaciones con el mismo respeto pero alegando que todo lo que hacen es ilegítimo, que las acusaciones no proceden", agregó.
Esta fue la segunda vez que Lula declaró ante el juez Sergio Moro, responsable por el caso de corrupción en Petrobras y que ya condenó al expresidente en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por corrupción, por haber recibido sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal.
En el proceso por el que fue interrogado hoy, uno de los seis abiertos en su contra, el exgobernante fue denunciado por la Fiscalía por los delitos de corrupción y lavado de dinero bajo la sospecha de que recibió sobornos de Odebrecht a través de Palocci.

PANAMA (EFE).- El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) espera que el Congreso de Estados Unidos no ratifique el fin del programa Acción Diferida para los Llegados de la Niñez (DACA), como lo pretende el Gobierno de Donald Trump, informó hoy el ente legislativo.
El organismo rechazó en una declaración la medida "por ser atentatoria de los derechos humanos y concretamente de los derechos de los jóvenes que se beneficiarían con la Acción Diferida", 800.000 de acuerdo con el Gobierno estadounidense.
El Parlatino indico en su texto, firmado el 8 de septiembre y divulgado hoy, que espera que el Congreso de EE.UU. defina alternativas legislativas que garanticen el respeto a los derechos, "incluida la no deportación de los migrantes en general y de quienes llegaron a los Estados Unidos sin la documentación correspondiente siendo niños".
El Gobierno de Trump anunció la semana pasada el fin de DACA -que protege de la deportación a los "soñadores"-, pero la suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018.
En estos seis meses el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio en EE.UU., debe encontrar una solución para regularizar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Ya se han presentado en ambas Cámaras norteamericanas proyectos de ley bipartidistas para dar amparo a estos jóvenes indocumentados, pero ninguna ha conseguido avanzar.
El Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los "soñadores", y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.
Tanto la Casa Blanca como el propio Trump han dejado claro que no se tomará ninguna medida contra los beneficiarios de DACA en el plazo dado al Congreso.
El programa DACA fue promulgado por el anterior presidente estadounidense, Barack Obama (2009-2017), en 2012 y gracias a este 800.000 jóvenes indocumentados han podido frenar su expulsión del país, obtener un permiso temporal de trabajo y, en algunos estados, una licencia de conducir.