Un gran jurado formuló este jueves siete cargos contra Roger Stone: cinco por declaraciones falsas, uno por obstrucción a la Justicia y otro por manipulación de testigos, informó a Efe la oficina del fiscal especial Robert Mueller.

Fort Lauderdale (EE.UU.), 25 ene (EFE).- El asesor político republicano Roger Stone, que fue colaborador del equipo de campaña de Donald Trump en su carrera hacia la Casa Blanca, fue detenido este jueves por cargos relacionados con la llamada "trama rusa" que investiga el fiscal especial Robert Mueller.
Esta es la sexta persona vinculada a Trump que es acusada a raíz de la investigación abierta por Mueller para determinar si hubo injerencia rusa en la campaña electoral de 2016.
Según el contenido de los documentos judiciales hechos públicos a raíz de la detención, Stone parece haber actuado como un enlace entre la campaña de Trump y Wikileaks, que en medio de la campaña difundió correos electrónicos robados al Comité Nacional Demócrata que eran "perjudiciales" para la campaña de Hillary Clinton, la rival del hoy presidente en las elecciones de 2016.
Stone, de 66 años, ha proclamado su inocencia desde que comenzó la investigación y ha aseverado que no testificará contra Trump.
Sin embargo, un gran jurado formuló este jueves siete cargos contra él: cinco por declaraciones falsas, uno por obstrucción a la Justicia y otro por manipulación de testigos, informó a Efe la oficina del fiscal especial Robert Mueller.
Con esa acusación, agentes del FBI (policía de investigación) irrumpieron hoy en la casa de Stone en Fort Lauderdale cuando aún no había amanecido para detenerle, según se pudo ver en unas imágenes exclusivas obtenidas por CNN.
El propio Stone, un personaje excéntrico con aspecto de "dandy" que se siente como pez en el agua en los medios y al que Netflix ha dedicado un documental, les abrió la puerta, según ese medio.
Está previsto que Stone comparezca hoy ante la jueza Lurana S. Snow en la sede de las cortes federales en Fort Lauderdale. Su abogado defensor es Grant Smith, según medios de Florida.
La Casa Blanca rápidamente se distanció del excolaborador del presidente Trump y dijo que su detención "no tiene nada que ver" con el gobernante.
"Esto no tiene nada que ver con el presidente, nada que ver con la Casa Blanca", dijo la portavoz de Trump, Sarah Sanders, en declaraciones a la cadena de televisión CNN.
También el abogado del presidente, Rudolph Giuliani, dijo al diario The Washington Post en relación a la detención de Stone que "el presidente está a salvo aquí", ya que el caso tiene que ver principalmente con declaraciones falsas, y no con una conspiración con Rusia que salpique al presidente.
Las declaraciones falsas "no están bien, no deberías hacer eso", afirmó Giuliani al rotativo, e insistió en que "no hay evidencia de otra cosa que no sean declaraciones falsas".
Por su lado, Stone se ha mostrado hasta ahora tranquilo sobre las consecuencias que para él pueda tener la investigación de Mueller sobre una presunta conspiración con el Gobierno ruso para favorecer a Trump en las elecciones de 2016 en detrimento de la candidata demócrata, Hillary Clinton.
"Duermo bien por las noches sabiendo que no he cometido delito alguno en relación con las elecciones de 2016 o cualquier otra cosa", subrayó Stone en unas declaraciones en diciembre pasado.
En los documentos judiciales de su caso se afirma que en el verano de 2016 Stone fue contactado por altos funcionarios de la campaña de Trump en relación con "futuras filtraciones" de la "Organización 1".
La palabra Wikileaks no aparece mencionada en esos documentos.
"Después de que el 22 de julio de 2016 la Organización 1 divulgara correos electrónicos robados (del Comité Nacional Demócrata) se dio instrucciones a un alto funcionario de la campaña de Trump para que contactase con Stone con respecto a otras futuras filtraciones y sobre otra información perjudicial que tuviera la Organización 1 sobre la campaña de (Hillary) Clinton", señalan los fiscales en esos documentos.
"Stone, por consiguiente, habló con la campaña de Trump sobre futuras filtraciones de material perjudicial por parte de Organización 1", agregan.
El documento acusatorio también señala que Stone "hizo deliberadamente declaraciones falsas y engañosas al Comité de Inteligencia del Senado".

El mandatario señaló que esta suspensión "es algo triste" para el país, aunque agregó que tomará alguna "alternativa" al respecto. "Tendremos una respuesta para Nancy Pelosi a su debido tiempo", agregó.

Washington, 23 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este miércoles que su discurso anual sobre el Estado de la Unión, previsto para el próximo martes, ha sido "cancelado", y acusó a la titular de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de no querer "escuchar la verdad".
"El Estado de la Unión ha sido cancelado por Nancy Pelosi porque no quiere escuchar la verdad", afirmó Trump en un acto en la Casa Blanca, tras el anuncio de la líder demócrata de que no permitiría el discurso hasta que termine el cierre parcial de la Administración, que se prolonga ya por más de un mes.
El mandatario señaló que esta suspensión "es algo triste" para el país, aunque agregó que tomará alguna "alternativa" al respecto.
"Tendremos una respuesta para Nancy Pelosi a su debido tiempo", agregó.
Trump señaló que la presidenta de la Cámara Baja teme "a los radicales demócratas" y calificó de "terrible lo que está ocurriendo en ese partido".
El mandatario respondía así al anuncio de la líder demócrata esta mañana de que no considerará adoptar una "resolución" para autorizar el discurso en la Cámara de Representantes "hasta que el Gobierno sea abierto".
"Una vez más, espero darle la bienvenida en una fecha de mutuo agrado para este discurso una vez se haya abierto el gobierno", subrayó la líder demócrata.
La relación entre la presidenta de la Cámara de Representantes y el mandatario se ha tensado notablemente, con reproches y desplantes mutuos, como consecuencia del bloqueo político que mantiene el cierre parcial de la Administración, que ha cumplido ya un mes.
Tras la sugerencia de Pelosi de aplazar el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, que el presidente ofrece todos los años ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, por el cierre parcial de la Administración y cuestiones de seguridad, Trump replicó cancelando un viaje de la líder demócrata a Afganistán.
Este fin de semana, el mandatario ofreció extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para refugiados extranjeros, a cambio de los 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México para reabrir la Administración.
El Senado prevé votar este jueves dos propuestas, una demócrata y otra republicana, para poner fin al cierre, el más largo que ha enfrentado Estados Unidos desde 1976, que ha obligado a suspender las actividades en varias agencias federales y ha afectado a unos 800.000 empleados, muchos de los cuales deben trabajar sin recibir su pago.
Ambas iniciativas tienen pocas probabilidades de salir adelante, debido al choque frontal entre republicanos y demócratas.

El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó en noviembre al Supremo que evaluara distintos casos sobre la cancelación del DACA. Sin embargo, el Tribunal Superior decidió rechazar la petición, lo que supone un golpe para la Casa Blanca.

Washington, 22 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a desestimar este martes algún tipo de intervención en la disputa sobre el programa migratorio de Acción Diferida (DACA), que actualmente protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".
En una breve notificación, el alto tribunal anunció su decisión de no admitir a trámite el caso y rechazó así la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En la práctica, la decisión significa que el plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) sigue vigente y los servicios migratorios de Estados Unidos deben seguir aceptando las peticiones de renovación de ese permiso migratorio, que frena la deportación de los jóvenes indocumentados y les permite trabajar.
El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó en noviembre al Supremo que evaluara distintos casos sobre la cancelación del mandatario de DACA, una petición en la que reclamó a la sala -de mayoría conservadora- que lo haga durante el actual periodo judicial, que se extenderá hasta finales de junio 2019, la legalidad de la eliminación del programa.
DACA fue aprobado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en 2012 para proteger de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños; pero en septiembre de 2017 Trump acabó con este cuando aún amparaba a 690.000 personas.
En concreto, el Gobierno pidió al Supremo que examinase tres casos: uno de una corte federal en California, otro en Nueva York y otro en Washington.
Sin embargo, el Supremo decidió rechazar la petición, lo que supone un golpe para la Casa Blanca.
Esta no fue la primera vez que el Ejecutivo solicitó al Supremo estudiar esta disputa.
Antes, en enero de 2018, un tribunal federal decidió suspender la cancelación de DACA a nivel nacional y ordenó al Gobierno que siguiera aceptando solicitudes para inscribirse en el programa.
El Ejecutivo apeló entonces ante el Tribunal Supremo para que se posicionara al respecto, pero este consideró en febrero del año pasado que esa decisión debía recaer en la corte de apelaciones, que lo haría de forma rápida.
El pasado 17 de octubre, el Gobierno amenazó a una corte de apelaciones de California con volver a recurrir al Supremo si no emitía un fallo el pasado 31 de octubre, algo que no sucedió.
Estos tribunales de apelaciones no se han posicionado aún, razón por la que Trump ha argumentado en los últimos meses que no se están cumpliendo las condiciones previstas y que, por tanto, debería ser el Supremo quien aborde la disputa y emita una resolución "definitiva".
Este fin de semana, se ha filtrado que los senadores republicanos presentarán una propuesta de ley para acabar con el cierre parcial de la Administración, que inició el pasado 22 de diciembre, que incluya una cláusula que otorgue a los "soñadores" tres años más de amparo a cambio de 5.700 millones de dólares para el muro.
No obstante, los demócratas, que buscan una solución permanente para los jóvenes indocumentados, han rechazado frontalmente esta idea.