"Pese a la actual orden del Departamento de Estado de no testificar, el embajador Sondland atenderá la citación judicial de los comités (de la Cámara Baja) y desea testificar el jueves", informaron los abogados del diplomático, Robert Luskin y Kwame Manley.

Washington, 11 oct (EFE).- El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, uno de los testigos claves en la investigación de los demócratas para abrir un juicio político al presidente Donald Trump, comparecerá la próxima semana ante los legisladores, pese a que la Casa Blanca se lo había prohibido.

"Pese a la actual orden del Departamento de Estado de no testificar, el embajador Sondland atenderá la citación judicial de los comités (de la Cámara Baja) y desea testificar el jueves", informaron los abogados del diplomático, Robert Luskin y Kwame Manley.

Estaba previsto que Sondland compareciera el martes pasado ante los tres comités de la Cámara de Representantes que llevan a cabo las pesquisas para abrir un juicio político a Trump por haber presionado a Ucrania para que investigara al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

Sin embargo, el Departamento de Estado canceló la comparecencia en el último momento, lo que llevó a los comités de Inteligencia, de Asuntos Exteriores y de Supervisión a anunciar que emitirían una citación judicial para que Sondland presentara su testimonio y varios documentos.

En su comunicado, los abogados del embajador ante la UE señalaron que él no tiene la capacidad de entregar a los legisladores los documentos requeridos, porque son propiedad del Gobierno federal, con lo que depende del Departamento de Estado.

"El embajador Sondland no controla la disposición de estos documentos. Por la ley federal y la regulación, el Departamento de Estado es la única autoridad que produce esos documentos, y el embajador Sondland espera que el material se comparta con los comités antes de su testimonio el jueves", indicaron los letrados.

El nombre del embajador fue identificado en mensajes de texto intercambiados con otros diplomáticos en los que hablaban de los esfuerzos de Trump para que Ucrania investigara a Biden, uno de los favoritos a la candidatura del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2020.

Entretanto, la exembajadora de EE.UU. en Ucrania Marie Yovanovitch llegó este viernes al Capitolio para comparecer a puerta cerrada ante los legisladores de los tres comités en el marco de estas pesquisas.

De acuerdo al diario The Wall Street Journal, Trump ordenó la retirada de Yovanovitch del puesto la pasada primavera tras meses de quejas de colaboradores suyos que no trabajan en el Gobierno, como su abogado personal, Rudy Giuliani.

La victoria de Castillo quedó ensombrecida por la decisión de Fernández de no reconocer los resultados, que considera que han sido "adulterados".

Santo Domingo,(EFE).- El candidato Gonzalo Castillo, apoyado por el presidente dominicano, Danilo Medina, se impuso hoy en las primarias oficialistas al expresidente Leonel Fernández, por un estrechísimo margen de cerca de 12.700 votos, pero este rechazó la validez de los resultados.

Castillo, un empresario de 58 años, tuvo un 48,34 % de los votos, frente al 47,61 % de Fernández, con el 99,68 % escrutado, en las primeras elecciones primarias abiertas de la historia del país y cuyo resultado ha causado fuertes tensiones entre las dos corrientes dominantes en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Con estos resultados, Castillo se proclamó ganador de las primarias del PLD, en lo que calificó como una "victoria histórica", aunque subrayó que falta "un largo camino" hasta las elecciones de mayo de 2020.

En esa cita electoral, el exministro tendrá como principal rival al empresario Luis Abinader, que hoy se impuso con un amplio margen, un 74,07 % de los votos, en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La victoria de Castillo quedó ensombrecida por la decisión de Fernández de no reconocer los resultados, que considera que han sido "adulterados".

Fernández sembró dudas sobre la limpieza del proceso electoral y, en especial, sobre el sistema de voto automatizado, que se usa por primera vez en el país.

El exmandatario sostuvo que un algoritmo introducido en las máquinas de votación cambió el resultado, que le debería haber sido favorable a él, según las proyecciones que maneja.

Como prueba, alegó los cambios de tendencia que se produjeron durante el recuento, que fue de infarto porque ambos candidatos siempre fueron de la mano, separados por menos de un 1 %.

Fernández encabezó el escrutinio gran parte de la tarde-noche electoral, hasta que se produjo un vuelco con cerca del 91 % del recuento y ya no volvió a recuperar terreno.

Una vez que el resultado era prácticamente irreversible, Fernández rechazó la validez del escrutinio, afirmando que "se ha adulterado la voluntad popular".

En respuesta a Fernández, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, defendió el buen funcionamiento del sistema, asegurando que el voto automatizado "ha funcionado bien, muy bien".

El responsable de la JCE, ente organizador de las elecciones, sostuvo que la auditoría física que se ha realizado del 20 % de los votos fue "perfectamente bien", correspondiéndose el resultado de las papeletas depositadas en la urna con los datos contabilizados en las urnas automatizadas.

El sistema de votación automatizado también causó retrasos en las votaciones y largas filas en los colegios electorales, que tuvieron que permanecer abiertos, en algunos casos, más de dos horas después de la hora de cierre prevista, las 16.00 (20.00 GMT).

De hecho, en el centro de votación del Instituto Azucarero Dominicano la votación se alargó hasta entrada la noche y los encargados de las mesas tuvieron que usar las linternas de sus teléfonos para iluminarse, debido a que no había luz en el local, según constató Efe.

En la jornada los observadores también denunciaron otras irregularidades, la más grave, la compra de votos.

La organización Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, que desplegó cerca de 600 observadores, aseguró haber registrado casos de compra de voto en el 30 % de las mesas, en su mayoría, por parte de personas favorables a candidatos del PLD.

Las primarias sirvieron para definir no solo los candidatos a la Presidencia, sino a la mayoría de los aspirantes del PLD y PRM a senador, diputado, alcalde y otros cargos locales, de cara a las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 y las generales del 17 de mayo.

Washington, 6 de octubre (EFE).- Un segundo agente de la inteligencia de Estados Unidos quiere ofrecer al Congreso información de primera mano sobre las presiones del presidente Donald Trump a Ucrania, lo que podría reforzar la investigación de los demócratas para abrir un juicio político contra el mandatario.

Marz Zaid, el abogado que representa al primer informante, dijo en Twitter que su firma está asesorando a un segundo agente de Inteligencia, aunque no detalló su identidad ni para qué agencia trabaja.

"Puedo confirmar las informaciones de prensa sobre que un segundo informante está siendo representado por nuestro equipo legal. También ha hecho una divulgación (de información) que está protegida por la ley y no se pueden tomar represalias contra él. Este informante tiene conocimiento directo", subrayó el letrado.

La cadena ABC, la primera en informar de la noticia, detalló que el denunciante todavía no se ha puesto en contacto con los comités del Congreso que lideran la investigación sobre el juicio político.

El segundo informante no ha redactado una queja, como sí hizo el primero, y se ha limitado a conversar con el inspector general de la inteligencia, una figura independiente de las influencias del Ejecutivo que se dedica a velar por el buen funcionamiento de la CIA y otras agencias, como la DIA, dedicada al espionaje militar.

La queja del primer agente hizo que los demócratas anunciaran el 24 de septiembre el inicio de una investigación para determinar si el presidente abusó de su poder al presionar a Ucrania para que interfiriera en las elecciones de 2020 y, por tanto, debe ser sometido a un juicio político.

En el centro de la polémica se encuentra una llamada telefónica que se produjo el 25 de julio, en la que Trump pidió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que investigara por corrupción en Ucrania al exvicepresidente de EE.UU. Joe Biden y a uno de sus hijos, Hunter, que asesoró a una empresa de gas ucraniana.

El objetivo de Trump, que busca la reelección, era supuestamente perjudicar a Biden, favorito en las encuestas para ser el candidato demócrata en los comicios presidenciales de 2020.

Sin embargo, ese segundo informante podría no ser el último. En Twitter, el letrado Andrew Bakaj, que también representa al primer agente, indicó que su despacho de abogados está presentando a "múltiples informantes" y no especificó si eso significa que habrá más denuncias.

Tanto Zaid como Bakaj trabajan para el grupo legal "Rosa de los vientos" que se especializa en la defensa de los llamados "whistleblowers" o informantes, es decir, quienes tienen conocimiento de infracciones en su lugar de trabajo y deciden denunciarlas.

Desde que estalló el escándalo, Trump ha intentado cuestionar la credibilidad del primer denunciante, supuestamente un agente de la CIA. El mandatario ha afirmado que ese individuo confió en "información de segunda mano", ya que su queja fue elaborada a partir del testimonio de media docena de funcionarios del Gobierno.

"El primer informante con información de segunda mano entendió mi conversación telefónica casi completamente de manera equivocada, así que ahora le ponen en el banquillo y otro informante llega desde el estado profundo, también con información de segunda mano", se quejó Trump el sábado por la noche, en alusión aparentemente a un artículo de The New York Times.

El viernes, el rotativo neoyorquino ya había adelantado que un segundo agente se estaba planteando ofrecer al Congreso información dañina sobre el mandatario.

En su mensaje, Trump se refirió al "estado profundo", un término que usa para avanzar una polémica teoría conspiratoria según la cual un grupo de burócratas intenta perjudicarle y evitar que gobierne.

Además, el dirigente presumió hoy de seguir manteniendo un nivel alto de aprobación entre los republicanos; aunque, según las encuestas, el respaldo de los estadounidenses a un juicio político ha crecido varios puntos en las últimas dos semanas, especialmente entre los votantes demócratas e independientes.

Hasta ahora, los republicanos del Congreso han sido muy cautos porque temen que hacer frente a Trump se traduzca en el rechazo total de la base del partido, siempre fiel al presidente.

No obstante, este fin de semana, los senadores republicanos Mitt Romney, Ben Sasse y Susan Collins dieron un paso adelante para expresar preocupación por la actitud del mandatario.

Los demócratas necesitan el respaldo de los republicanos en el Senado para poder destituir al presidente, algo que nunca antes ha ocurrido en la historia de EE.UU.

Solo tres presidentes han afrontado hasta ahora procesos de destitución: Andrew Johnson (1865-1869) y Bill Clinton (1993-2001), quienes fueron absueltos; y Richard Nixon (1964-1974), quien dimitió antes de que se produjera su juicio político.