Acontecer Latino

Hasta el momento, el abogado y juez del Tribunal Municipal de Central Falls no ha sido acusado de ningún delito.

PROVIDENCE, RI.- Aun no se han dado a conocer las razones que motivaron, ayer jueves, una redada en las oficinas del abogado Joseph Molina Flynn, juez del Tribunal Municipal de Central Falls. Hasta el momento, el abogado no ha sido acusado de ningún delito.

La oficina de Molina Flynn fue allanada por agentes del FBI, no obstante trascendió que la operación realizada en el bufete de abogados del juez colombiano, que brinda servicios en asuntos de inmigración, familia y casos penales,  no está relacionada con las redadas que se han desprendido de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump en materia de inmigración.  Medios locales han señalado que las investigaciones en torno a Molina Flynn ya estaban en curso.

Tras el incidente, el abogado y profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Roger Williams, renunció a su cargo como Juez del Tribunal Municipal de Central Falls, sin explicar los motivos de su dimisión.  

En un comunicado enviado a la redacción de Acontecer Latino, María Rivera, alcaldesa de Central Falls, declaro su preocupación al enterarse de la redada en las oficinas del abogado. “Me preocupó profundamente ver los informes de una redada del FBI en el bufete de abogados de Joseph Molina Flynn. Como sabe la comunidad de Central Falls, la transparencia y la rendición de cuentas son mis prioridades. En un esfuerzo por mantener la integridad y el enfoque del Tribunal Municipal, el juez Molina Flynn ha decidido renunciar oficialmente a su cargo”.

El aumento más reciente en el salario mínimo en Rhode Island fue de $15, el 1 de enero de 2025.

RHODE ISLAND - El representante estatal David A. Bennett presentó una legislación que aumentaría el salario mínimo de $15 a $20 por hora en un período de cinco años.

El proyecto de ley (2025-H 5029) supondría un aumento de $16 para el 1 de enero de 2026; para 2027 sería $17; al año siguiente de $18; en 2029 lo elevaría a $19; y finalmente a $20 para el 1 de enero de 2030.

Bennett, Representante Estatal demócrata por el distrito 20 - Warwick-Cranston, manifestó que  “durante los últimos años hemos aumentado el salario mínimo para ayudar a compensar el aumento del costo de la vida, ayudando a nuestras familias trabajadoras a mantenerse y manteniéndonos competitivos con los estados vecinos. Pero es importante para nosotros mantener ese progreso, porque el costo de vida continúa aumentando y nuestro salario mínimo no está programado para aumentar después de este año”.

Dijo que la legislación mantendrá el salario mínimo aumentando de una manera predecible y estable para permitir a las empresas de Rhode Island planificar los próximos aumentos, manteniendo al mismo tiempo un compromiso con salarios dignos para los trabajadores.

El aumento más reciente en el salario mínimo en Rhode Island fue de $15, el 1 de enero de 2025. Massachusetts también tiene un salario mínimo actual de $15. Mientras que el salario mínimo de Connecticut, que está indexado para aumentar con la inflación, es actualmente de $16.35 por hora.

“Los aumentos regulares y asequibles del salario mínimo son un componente importante para la economía de Rhode Island. Aumentan la seguridad económica de los habitantes de clase trabajadora de Rhode Island que dependen de los salarios para la vivienda, la atención médica y para satisfacer las necesidades básicas, al mismo tiempo que brindan previsibilidad económica a las empresas en todo el estado”, dijo Patrick Crowley, presidente de la AFL-CIO en Rhode Island.

El representante Bennett, quien es presidente del Comité de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ha sido el principal patrocinador de cada ley promulgada para aumentar el salario mínimo de Rhode Island desde 2012, cuando el salario mínimo era de $7.40 por hora.

Más de 22 estados han presentado demandas contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, la cual pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

RHODE ISLAND.- El fiscal general Peter F. Neronha anunció que se unirá a otros 19 estados, en una demanda para desafiar la orden ejecutiva inconstitucional del presidente Donald Trump, la cual pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país.

Neronha expresó que en su primer día, el presidente Trump actuó para utilizar el poder ejecutivo con la finalidad enmendar la Constitución de una manera sin precedentes, pero no inesperada”.

El Fiscal General aseveró: “Con excepción de los pueblos indígenas y los descendientes de los pueblos esclavizados, Estados Unidos es una nación de descendientes de inmigrantes, muchos de los cuales arriesgaron sus vidas por la promesa de una vida mejor. La Decimocuarta Enmienda garantiza que, sin importar el país de origen de su familia, sí nació aquí, este es su hogar, este es su país”. 

Apuntó que con esta orden ejecutiva, el presidente busca negar la ciudadanía a los estadounidenses que residirían legalmente aquí, pagarían impuestos, criarían a sus familias y contribuirían al extraordinario tejido del país. “Si se permite, esta orden ejecutiva tendrá ramificaciones económicas, sociales y de derechos humanos de gran alcance, cuyo alcance total no podemos saber. Ahora es el momento de unirnos como estadounidenses y proteger a nuestros conciudadanos, independientemente de nuestras diferencias y debido a nuestras diferencias. Mientras tanto, trabajaremos incansablemente para defender la ciudadanía por derecho de nacimiento, tal como lo consagra la Constitución”.

El presidente Trump emitió el lunes una orden ejecutiva cumpliendo su promesa de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo que se considera una violación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos”, y la Sección 1401 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El Procurador General Neronha presentó la demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts, con el fin de invalidar la orden ejecutiva y prohibir cualquier medida adoptada para implementarla. Rhode Island y los demás estados demandantes solicitan una reparación inmediata para impedir que la orden del Presidente entre en vigor, mediante una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar.

Manifestó que esta orden resultará en recortes a programas de financiación federal, como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y programas de cuidado temporal y asistencia para la adopción. La demanda está siendo manejada en Rhode Island por la Procuradora General Katherine Connolly Sadeck, de la Oficina del Fiscal General.

A Rhode Island se suman en la presentación de la demanda California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Vermont, Wisconsin y la ciudad de San Francisco. Por su parte, Arizona, Illinois, Oregón y Washington presentaron su propia demanda ante un tribunal federal.

La orden ejecutiva de Trump

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump declara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán considerados ciudadanos. El argumento es que como los hijos de no-ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción del país, tampoco están protegidos por la Constitución. Asimismo, la orden cuestiona que la Enmienda 14, que es considerada una de las más importantes y la que acabó con la esclavitud después de la guerra de Secesión, le otorgue la ciudadanía automáticamente a cualquier persona nacida en territorio estadounidense. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”, dice la enmienda en cuestión.

Dicho decreto excluye de la ciudadanía automática a las personas cuyas madres no estén legalmente en Estados Unidos y los padres no sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, así como las personas cuyas madres estén en el país legalmente pero de forma temporal y cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes legales. La orden prohíbe a los organismos federales reconocer la ciudadanía de las personas incluidas en esas categorías. La orden ejecutiva Entrará en vigor el 19 de febrero 2025.

Criticó su decisión de indultar a quienes atacaron a los agentes de policía en el Capitolio, aduciendo que esto “envía un mensaje particularmente peligroso”.

Seth Magaziner, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el distrito 2 de Rhode Island, condenó las acciones del presidente Donald Trump, luego de que el mandatario firmara varias órdenes ejecutivas este pasado lunes 20 de enero, durante la ceremonia de toma de posesión en la Casa Blanca.

Magaziner aseveró que: “Donald Trump tuvo la oportunidad de comenzar su nueva administración como unificador de nuestro país. En cambio, ha optado por tomar una serie de acciones extremas que nos dividirán aún más al facilitar que los ricos evadan impuestos, que las grandes corporaciones contaminen, que el gobierno discrimine a los estadounidenses LGBTQ+ y elimine la financiación de la salud pública, entre otras acciones extremas”.

El Representante criticó además la decisión del Presidente número 47 de Estados Unidos, de indultar “a los criminales violentos que atacaron a los agentes de policía en el Capitolio”, aduciendo que dicha decision “envía un mensaje particularmente peligroso”.

El asalto al Capitolio sucedió el 6 de enero de 2021, dejando un saldo de cuatro muertos y varios heridos. El suceso interrumpió una sesión conjunta del poder legislativo para contar el voto del Colegio Electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

“Ninguna de estas órdenes fortalecerá la economía ni reducirá los costos, que es lo que más le importa al pueblo estadounidense. Sigo comprometido a trabajar con la administración, siempre que sea bueno para Rhode Island, pero el presidente Trump debe escuchar a las personas que quieren soluciones con sentido común y no guerras culturales interminables”, puntualizó el Representante Seth Magaziner.

Hasta donde se sabe, cualquier persona que haya recibido o solicitado cobertura médica y/o programas o beneficios de salud y servicios humanos podría verse afectada por esta filtración de datos

PROVIDENCE, RI – El gobernador Dan McKee, acompañado por miembros de su Administración, celebró una conferencia de prensa el viernes por la noche para informar sobre una violación de ciberseguridad del sistema RIBridges. El encuentro con los medios de comunicación fue realizado en la sala de conferencias del segundo piso del Departamento de Administración ubicada en One Capital Hill, Providence.

Estas fueron las informaciones ofrecidas por el gobernador:

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2024, el proveedor del estado, Deloitte, informó que existía una amenaza importante para la seguridad del sistema RIBridges. "En respuesta, hemos desconectado el sistema de manera proactiva para que el estado y Deloitte puedan trabajar para abordar la amenaza y restaurar el sistema lo más rápido posible. Además, Deloitte confirmó que existe una alta probabilidad de que un ciberdelincuente haya obtenido archivos con información de identificación personal de RIBridges", dio a conocer el gobernador. 

Información para clientes 

"Entendemos que esta es una situación alarmante para nuestros clientes", expresó McKee Los clientes actuales no podrán iniciar sesión en su cuenta a través del portal o la aplicación móvil mientras el sistema esté fuera de línea. Las actualizaciones estarán disponibles en https://admin.ri.gov/ribridges-alert .

Los residentes de Rhode Island que deseen solicitar beneficios aún pueden enviar una solicitud en papel.

Detalles sobre la amenaza

El 5 de diciembre, el proveedor del estado, Deloitte, informó al estado que el sistema de datos de RIBridges era el objetivo de un posible ciberataque. En ese momento, no estaba claro si se había violado alguna información confidencial. En ese momento, se notificó a las agencias y a las fuerzas del orden federales correspondientes, así como a la policía estatal de Rhode Island. 

"Después de consultar con nuestro departamento de TI estatal, Deloitte implementó de inmediato medidas de seguridad adicionales y comenzó a evaluar la amenaza. Era importante, por razones de seguridad, mantener este conocimiento interno hasta que pudiéramos proteger el sistema RIBridges. Al mismo tiempo, nuestro equipo inició una investigación sobre qué datos podrían haber sido comprometidos y cómo pudo ocurrir un posible ataque", explicó McKee.

El 10 de diciembre, el Estado recibió confirmación de Deloitte de que se había producido una vulneración del sistema RIBridges basándose en una captura de pantalla de las carpetas de archivos enviadas por el pirata informático a Deloitte. El 11 de diciembre, Deloitte confirmó que existe una alta probabilidad de que las carpetas implicadas contengan datos personales identificables de RIBridges. El 13 de diciembre, Deloitte confirmó que había un código malicioso presente en el sistema y el Estado ordenó a Deloitte que cerrara RIBridges para remediar la amenaza. La policía estatal y las fuerzas del orden federales están involucradas en calidad de asesoras y no se han proporcionado más pistas. 

Detalles sobre la vulneración de datos 

Hasta donde se sabe, cualquier persona que haya recibido o solicitado cobertura médica y/o programas o beneficios de salud y servicios humanos podría verse afectada por esta filtración. Los programas y beneficios administrados a través del sistema RIBridges incluyen, entre otros: 

• Medicaid
• Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) 
• Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)
• Programa de asistencia para el cuidado infantil (CCAP)
• Cobertura de salud adquirida a través de HealthSource RI 
• Rhode Island Works (RIW)
• Servicios y apoyos a largo plazo (LTSS)
• Programa de asistencia pública general (GPA) 

Si bien el análisis de la filtración aún está en curso, lamentablemente, Deloitte ha indicado que la información involucrada puede incluir nombres, direcciones, fechas de nacimiento y números de Seguro Social, así como cierta información bancaria, pero aún está evaluando la situación.

Los hogares cuya información personal pueda haber sido comprometida recibirán una carta por correo del Estado que explica cómo acceder a un monitoreo de crédito gratuito. Un centro de llamadas exclusivo para los clientes afectados estará disponible el domingo 15 de diciembre de 11 a. m. a 8 p. m. Después del domingo, el centro de atención telefónica estará abierto de lunes a viernes de 9 a. m. a 9 p. m. EDT. El estado actualizará su sitio web con el número del centro de atención telefónica el domingo por la mañana. 

"Actualmente no tenemos conocimiento de ningún robo de identidad o fraude relacionado con esta filtración de datos. Sin embargo, recomendamos a los clientes que permanezcan atentos y controlen sus cuentas para detectar cualquier actividad no autorizada", dijo el gobernador. Esto incluye:

Tomar medidas para congelar el crédito y/o colocar una alerta de fraude a través de las tres agencias de crédito principales (visite https://www.usa.gov/credit-freeze para obtener más información y vea la información de contacto de las tres agencias de crédito a continuación). 

Como práctica recomendada, los clientes deben cambiar las contraseñas comunes o reutilizadas por una nueva y única. El uso de un administrador de contraseñas seguro es la forma más eficaz de reducir los riesgos de uso indebido de contraseñas. 

Los clientes también pueden llamar a su banco para preguntar qué medidas se pueden tomar relacionadas con la seguridad de su cuenta bancaria.

Continuaremos brindando actualizaciones a medida que las recibamos. Visite nuestro sitio web https://admin.ri.gov/ribridges-alert para obtener la información más reciente.