Como miembro de la Comisión Especial Legislativa Conjunta de Gastos de Emergencia COVID-19, me complació leer sobre los esfuerzos de los funcionarios estatales de Rhode Island para proteger a los contribuyentes de los "especuladores de virus" en la edición del 25 de mayo del Providence Journal. La administración de la gobernadora Raimondo ha respondido rápida y efectivamente a este desafío sin precedentes, y ha sido fundamental para evitar millones de dólares en gastos adicionales para combatir esta pandemia.
Sin embargo, es decepcionante ver que los proveedores minoritarios calificados han sido ignorados por completo, ya que el estado otorga millones de dólares en contratos relacionados. Esto es especialmente desalentador considerando que la comunidad minoritaria de Rhode Island se ha visto desproporcionadamente afectada por COVID-19.
El tiempo es esencial en cualquier respuesta de emergencia, y las autoridades tuvieron que reaccionar rápidamente ante escenarios impredecibles y potencialmente devastadores. Estoy orgullosa del trabajo realizado y aprecio los esfuerzos de la administración, así como el trabajo y los servicios de alta calidad proporcionados por muchos contratistas de Rhode Island.
Nuestros trabajadores de la construcción realizaron un trabajo excepcional. Sin embargo, incluso en las circunstancias más extremas, es cuestionable en el mejor de los casos e inaceptable en el peor, que los contratistas minoritarios debidamente registrados de Rhode Island, comúnmente conocidos como Empresas Comerciales Minoritarias (MBE), fueron pasados por alto.
Mientras Rhode Island se preparaba para un aumento potencial en las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19, se gastaron $34 millones en la construcción y equipamiento de hospitales de campaña. De esos $34 millones en contratos, ni un solo dólar se ha destinado a una compañía minoritaria de Rhode Island.
Con cientos de MBE en la lista maestra de proveedores del estado, es inconcebible que ni siquiera uno sea digno de consideración. Por ley, el diez por ciento de todos los contratos estatales de construcción y servicios deben adjudicarse a empresas pertenecientes a minorías que hayan completado un riguroso proceso de certificación estatal.
Esta pandemia ha puesto en primer plano las desigualdades sistémicas de larga data en nuestra sociedad. Nuestras comunidades minoritarias reflejan indicadores de salud, educación y económicos significativamente más bajos en comparación con la población en general.
No debería sorprendernos, entonces, que las minorías en nuestro estado hayan sido particularmente afectadas por COVID-19. Sin embargo, lo que es sorprendente y decepcionante es que las empresas calificadas y certificadas dirigidas por minorías también se han quedado atrás durante uno de los períodos más desafiantes de nuestra historia reciente.
La respuesta de Rhode Island al COVID-19 ha sido notable. Hemos liderado a la nación en la prueba y adquisición de EPP durante estos tiempos difíciles. El éxito del estado en proteger a los contribuyentes de los llamados especuladores de virus es apreciado y debe extenderse para proteger a nuestros propios vendedores minoritarios en Rhode Island.
También me ha impresionado la respuesta de mis colegas en el Comité de Finanzas del Senado y en el Senado, que están trabajando para abordar la crisis fiscal de manera responsable y han sido incansables a lo largo de esta crisis en sus esfuerzos por ayudar a los electores necesitados.
Tomemos el mismo enfoque reflexivo para garantizar que no dejemos a nadie atrás en la adquisición de bienes y servicios, y a medida que tomemos medidas adicionales para reabrir la economía. Mientras lo hacemos, no nos conformamos con simplemente volver a ser como eran las cosas.
Dado que esta horrible pandemia ha devastado nuestras comunidades minoritarias, concentrémonos en garantizar la equidad para todos los habitantes de Rhode Island, independientemente de sus códigos postales.
Sandra Cano es una senadora estatal de Rhode Island que representa al Distrito 8 en Pawtucket.
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