Una de las cuatro leyes crea una vía legal en los tribunales estatales para que las personas puedan reclamar daños y solicitar reparación cuando funcionarios federales vulneren derechos protegidos por la Constitución.
PROVIDENCE, RI.— El gobernador Dan McKee firmó el pasado viernes, un paquete de cuatro leyes destinadas a fortalecer la protección de los derechos de los inmigrantes, garantizar el debido proceso y reforzar la seguridad de las comunidades. La firma de las legislaciones tuvo lugar en un acto simbólico celebrado en Dorcas International Institute of Rhode Island.
La ceremonia reunió a líderes legislativos, defensores de los derechos civiles y representantes de organizaciones comunitarias que respaldaron las iniciativas, las cuales buscan establecer límites claros en la aplicación de las leyes migratorias federales dentro del estado.
«Vamos a asegurarnos de apoyar a las personas que viven en este estado, y esta legislación hace precisamente eso», afirmó el gobernador McKee. «Las familias y los trabajadores de Rhode Island merecen sentirse seguros y tener acceso a todas las libertades civiles que les garantiza la Constitución”, enfatizó el mandatario estatal.
Las cuatro leyes
La primera medida se centra en la protección frente a violaciones constitucionales. Esta crea una vía legal en los tribunales estatales para que las personas puedan reclamar daños y solicitar reparación cuando funcionarios federales, actuando bajo autoridad federal, vulneren derechos protegidos por la Constitución de Estados Unidos.
Los promotores de la legislación sostienen que la medida busca ofrecer una herramienta adicional de protección para los residentes cuando se produzcan abusos por parte de autoridades federales.
La segunda se basa en los cambios en la definición de delitos menores. Esta ley redefine la duración máxima de una condena por delitos menores en Rhode Island, estableciendo que un «año» equivaldrá a 364 días.
Según los legisladores que impulsaron la iniciativa, este cambio elimina un vacío legal que, bajo la legislación migratoria federal, podía provocar consecuencias como procesos de deportación por infracciones menores, incluso cuando no existía una condena efectiva de cárcel.
Otra de las leyes aborda la protección en los tribunales. A la luz de esta legislación, se prohíben los arrestos civiles dentro de los tribunales estatales sin una orden judicial válida.
El objetivo es garantizar que víctimas, testigos, demandantes y acusados puedan acudir a las cortes sin temor a ser detenidos durante procedimientos civiles relacionados con inmigración.
Los legisladores señalaron que esta medida busca preservar la confianza en el sistema judicial y asegurar que todas las personas puedan participar plenamente en los procesos legales.
La cuarta legislación establece que empleados, agentes o funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrán permanecer dentro de un radio de 200 pies (aproximadamente 61 metros) de los centros de votación durante la votación anticipada y el día de las elecciones.
Sus patrocinadores argumentan que la presencia de agentes migratorios cerca de los lugares de votación puede generar intimidación y desalentar la participación electoral, especialmente entre ciudadanos naturalizados y comunidades inmigrantes.
Respaldo de legisladores y organizaciones
Milagro Sique, directora ejecutiva del Instituto Internacional Dorcas, afirmó que la organización celebra la aprobación de estas medidas.
«Durante más de cien años hemos trabajado para construir una comunidad inclusiva para inmigrantes y personas refugiadas. Agradecemos que Rhode Island continúe implementando políticas destinadas a proteger a las familias a las que servimos», expresó.
Las iniciativas fueron patrocinadas por legisladores demócratas de la Asamblea General de Rhode Island, entre ellos el líder de la mayoría del Senado, Frank Ciccone, así como los representantes Brandon Potter, Leonela Félix, Joshua Giraldo y José Batista, además de los senadores Jonathon Acosta, Meghan Kallman y Ana Quezada.
Con este paquete legislativo, el estado de Rhode Island reafirma su intención de fortalecer las garantías constitucionales, proteger el acceso a la justicia y promover la participación cívica de todas las personas que residen en el estado, mientras mantiene el cumplimiento de los procesos legales establecidos.
