La Comisión de Servicios Públicos rechazó casi todas las propuestas de Rhode Island Energy para aumentar sus ganancias y limitó el incremento de tarifas a un solo año.
PROVIDENCE, RI.- Los consumidores de Rhode Island recibirán aproximadamente $170 millones en créditos para sus facturas de electricidad y gas, luego de que la Comisión de Servicios Públicos del estado (PUC, por sus siglas en inglés) resolviera un caso tarifario en el que la Fiscalía General intervino para defender los intereses de los usuarios.
La decisión, emitida el viernes 21 de agosto, respaldó casi todas las posiciones planteadas por la oficina del fiscal general Peter F. Neronha durante el proceso contra Rhode Island Energy, empresa encargada de la distribución de electricidad y gas en el estado.
La Fiscalía General participó durante 17 días de audiencias probatorias en junio y julio, y posteriormente presentó sus argumentos finales ante la comisión. Uno de los principales puntos de disputa fue la solicitud de la empresa para elevar su rentabilidad mientras los consumidores enfrentan un elevado costo de la energía.
Uno de los resultados más importantes será la incorporación de $21.3 millones adicionales en créditos para las facturas. Con ello, el total de créditos asociados al compromiso de protección de los consumidores conocido como Hold Harmless llegará a unos $170 millones.
Según Neronha, esos créditos podrían haber sido hasta $39 millones menores bajo una fórmula propuesta anteriormente por Rhode Island Energy y respaldada inicialmente por la administración del gobernador. La propuesta fue retirada después de que la Fiscalía General cuestionara el cálculo ante la comisión.
“Rhode Island Energy continúa reconociendo públicamente que los precios de la energía son demasiado altos mientras solicita simultáneamente a nuestra Comisión de Servicios Públicos que le permita aumentar sus márgenes de ganancia”, afirmó el fiscal Neronha.
El Fiscal General también destacó que la resolución incorpora medidas relacionadas con la transición hacia una energía más limpia, incluyendo la eliminación gradual de subsidios a los combustibles fósiles y una planificación conjunta de largo plazo para los sistemas de gas y electricidad, en línea con los objetivos climáticos establecidos por el estado.
Rechazan aumento en las ganancias
Rhode Island Energy había solicitado a la PUC un incremento de más de $200 millones en las tarifas de distribución de sus sistemas de electricidad y gas.
Entre sus propuestas estaba elevar su tasa de retorno sobre el capital (ROE), que representa las ganancias permitidas a la compañía, del actual 9.275% al 10.75%.
La comisión rechazó ese aumento y mantuvo el ROE en 9.275%.
También rechazó la propuesta tarifaria de varios años presentada por la empresa y autorizó únicamente un aumento correspondiente a un año. Además, redujo la proporción de capital accionario utilizada para determinar las tarifas del 57% solicitado por Rhode Island Energy al 52%.
La decisión también contempla la eliminación gradual, durante tres años, de los subsidios conocidos como Line Extension Allowances. La reducción comenzará en abril de 2027, con una disminución inicial del 33%.
Cambio en las tarifas y planificación energética
La PUC ordenó a Rhode Island Energy presentar un calendario para implementar tarifas según el horario de consumo (Time of Use), un sistema que busca incentivar a los clientes a utilizar electricidad durante períodos de menor demanda.
La comisión también aprobó una modificación estacional de las tarifas de distribución eléctrica: las tarifas de invierno serán más bajas y las de verano más altas, con una diferencia de hasta 1.5 centavos por kilovatio-hora.
El cambio podría beneficiar especialmente a los hogares que utilizan bombas de calor durante el invierno, debido al mayor consumo eléctrico asociado con la calefacción.
Por otra parte, la empresa deberá avanzar en una planificación integrada y en pronósticos coordinados de largo plazo para sus sistemas de gas y electricidad, de acuerdo con las obligaciones derivadas de la Act on Climate, la legislación climática de Rhode Island.
La PUC también determinó que ciertas inversiones en tecnología de la información deberán ser examinadas en procesos posteriores y rechazó parte de la recuperación de esos costos, incluidos algunos pagos retroactivos. Asimismo, redujo en aproximadamente $450,000 la recuperación de gastos relacionados con abogados externos.
Caso Narragansett Electric
Este fue el primer caso de tarifas de distribución de Rhode Island Energy desde 2018. La demora estuvo relacionada, en parte, con una condición impuesta por la Fiscalía General durante la venta de Narragansett Electric a PPL Corporation, que opera en Rhode Island bajo el nombre de Rhode Island Energy.
Como parte de ese acuerdo, alcanzado en 2022, la Fiscalía General aseguró más de $200 millones en beneficios para los consumidores, incluidos $50 millones en créditos y $43.5 millones destinados a eliminar saldos de facturas de clientes de bajos ingresos y otros consumidores residenciales protegidos.
Además, PPL acordó no recuperar de los consumidores $103 millones en determinados costos vinculados con la adquisición y nuevas inversiones.
Desde entonces, la Fiscalía General ha intervenido en distintos procedimientos ante la PUC relacionados con las tarifas y la planificación energética. En 2022, Neronha se opuso a los efectos de aumentos propuestos para las tarifas eléctricas de invierno. En 2023, pidió rechazar un plan de Rhode Island Energy que habría incrementado aproximadamente 3% la factura anual promedio de gas, argumentando que no cumplía adecuadamente con las obligaciones climáticas estatales.
En octubre de 2025, la Fiscalía General también presentó argumentos y testimonio de expertos contra una propuesta de Rhode Island Energy para resolver el compromiso de protección de los consumidores mediante créditos que, según la oficina, subestimaban significativamente lo que correspondía pagar a los usuarios. La empresa posteriormente retiró esa propuesta.
Disputa por el futuro energético del estado
El fiscal Neronha sostuvo que los reguladores y funcionarios públicos deben mantener una supervisión estricta sobre las empresas de servicios públicos, en lugar de confiar únicamente en que actúen como socios de las comunidades.
“Debemos asegurarnos de que estas empresas de servicios públicos proporcionen energía asequible y limpia”, afirmó.
La Fiscalía General también ha emprendido acciones legales contra medidas de la administración del presidente Donald Trump relacionadas con el financiamiento y desarrollo de proyectos de energía renovable, incluyendo energía eólica, energía solar, infraestructura para vehículos eléctricos y programas de infraestructura energética.
La resolución de la PUC representa así una victoria significativa para la Fiscalía General en su disputa con Rhode Island Energy, al limitar el aumento de ingresos solicitado por la empresa, mantener sin cambios su tasa de retorno sobre el capital y garantizar nuevos créditos para los consumidores, al tiempo que incorpora requisitos adicionales vinculados con la transición energética del estado.
