Una de las leyes amplía el Programa de Compensación para que las víctimas de acoso persistente (stalking) puedan recibir ayuda económica destinada a cubrir gastos de reubicación o modificaciones de seguridad en sus viviendas.
PROVIDENCE, RI.- El tesorero general de Rhode Island, James A. Diossa participó, junto a legisladores estatales, defensores de víctimas y líderes comunitarios, de la firma ceremonial del gobernador Dan McKee de cuatro nuevas leyes destinadas a ampliar las protecciones para las víctimas de delitos y reforzar la rendición de cuentas en el servicio público.
Las nuevas medidas fortalecen el Programa de Compensación para Víctimas del Crimen de Rhode Island, ampliando el acceso a asistencia económica para sobrevivientes de delitos violentos, incrementando el apoyo para quienes necesitan reubicarse por razones de seguridad y estableciendo mayores mecanismos de responsabilidad para funcionarios públicos condenados por ciertos delitos.
Durante la ceremonia, James Diossa expresó: “Como tesorero, tengo el privilegio de supervisar el Programa de Compensación para Víctimas del Crimen y he visto de primera mano lo importantes que son estos recursos para las personas y familias que intentan reconstruir sus vidas después de experimentar traumas inimaginables”.
Asimismo, manifestó que “estas nuevas leyes representan un avance significativo hacia un sistema más compasivo y receptivo que elimina barreras y garantiza que las víctimas reciban la ayuda que merecen».
Tras la firma, el gobernador McKee señaló que la legislación refleja el compromiso del estado con las víctimas y sobrevivientes de delitos. «Estas leyes demuestran el compromiso de Rhode Island de apoyar a las víctimas, brindar respaldo a los sobrevivientes y construir un sistema que combine compasión con responsabilidad», afirmó el mandatario.
Las cuatro leyes aprobadas
Protección para víctimas de acoso (stalking)
Una de las leyes amplía el Programa de Compensación para que las víctimas de acoso persistente (stalking) puedan recibir ayuda económica destinada a cubrir gastos de reubicación o modificaciones de seguridad en sus viviendas, como la instalación de cerraduras, sistemas de vigilancia u otras mejoras.
La representante estatal Jenni A. Furtado señaló que este tipo de apoyo puede salvar vidas al permitir que las víctimas abandonen situaciones de peligro sin que las limitaciones económicas sean un obstáculo.
Asistencia para víctimas de choques con fuga
Otra legislación incorpora al programa a las personas que sufran lesiones corporales graves como consecuencia de accidentes de tránsito en los que el conductor responsable huya del lugar.
El representante Brandon T. Voas destacó que la medida permitirá que las víctimas puedan concentrarse en su recuperación sin enfrentar solas los altos costos derivados del delito.
Mayor ayuda para reubicación
La tercera ley aumenta el monto máximo disponible para gastos de reubicación de víctimas de delitos violentos.
Según la representante Grace Diaz, mudarse de emergencia suele representar un enorme reto económico para quienes acaban de sufrir un crimen, por lo que ampliar esta asistencia permitirá que más personas puedan comenzar una nueva etapa en un entorno seguro.
Revocación de pensiones a funcionarios condenados
La cuarta medida autoriza a la Junta Estatal de Retiro a revocar o reducir la pensión de funcionarios públicos que sean condenados o se declaren culpables de delitos sexuales graves relacionados con el ejercicio de su cargo.
La presidenta del Comité Legislativo, Carol Hagan McEntee, afirmó que ningún servidor público debería conservar beneficios de jubilación financiados con fondos públicos después de haber cometido este tipo de delitos durante el desempeño de sus funciones.
Un programa que apoya a las víctimas
Administrado por la Oficina del Tesorero General, el Programa de Compensación para Víctimas del Crimen de Rhode Island ofrece asistencia económica a víctimas elegibles de delitos violentos para cubrir gastos diversos. Entre estos se encuentran los gastos para tratamientos médicos, terapias de salud mental, salarios perdidos, gastos funerarios, reubicación por razones de seguridad y otros costos relacionados que no sean cubiertos por seguros u otras fuentes.
Con estas reformas, las autoridades estatales buscan fortalecer la capacidad del programa para responder a las necesidades de las víctimas durante algunos de los momentos más difíciles de sus vidas, al tiempo que promueven la seguridad pública, la justicia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
