Las autoridades federales reiteraron que continuarán investigando y procesando a quienes hayan obtenido de manera fraudulenta fondos de los programas de ayuda económica implementados en la pandemia.
BOSTON, MA.- Un exsargento de la Policía Estatal de Massachusetts fue sentenciado por obtener de manera fraudulenta un préstamo del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés), un beneficio federal creado para ayudar a pequeñas empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.
Damian Halfkenny, de 54 años y residente de Boston, fue condenado el 22 de julio de 2026 por el juez federal de distrito Nathaniel M. Gorton a un año de libertad condicional. Además, deberá pagar una multa de $5,000, restitución por $21,333 y el decomiso de $21,333. En abril de 2026, Halfkenny había sido acusado formalmente de un cargo de fraude electrónico (wire fraud).
De acuerdo con las autoridades federales, en 2021 Halfkenny trabajaba a tiempo completo como sargento de la Policía Estatal de Massachusetts y percibía un salario anual de $160,378. Paralelamente, era propietario y arrendador de varias propiedades inmobiliarias en Boston.
La investigación determinó que, en marzo de 2021, presentó una solicitud de préstamo PPP para su negocio inmobiliario, en la que afirmó falsamente tener gastos mensuales de nómina por $8,488. Para respaldar la solicitud, presentó un Formulario Schedule C del Servicio de Impuestos Internos (IRS) falsificado.
Como resultado de esas declaraciones fraudulentas, la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA) aprobó un préstamo por $21,220, el cual posteriormente fue perdonado por el gobierno federal.
El caso fue anunciado por la fiscal federal para el Distrito de Massachusetts, Leah B. Foley, y por el agente especial a cargo de la oficina de Boston del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Ted E. Docks. La acusación estuvo a cargo de la fiscal federal asistente Christine Wichers, de la Unidad de Corrupción Pública y Procesamientos Especiales.
Las autoridades federales reiteraron que continuarán investigando y procesando a quienes hayan obtenido de manera fraudulenta fondos de los programas de ayuda económica implementados durante la pandemia.
