Las políticas cuestionadas habían provocado la paralización indefinida de solicitudes de asilo, la congelación de trámites migratorios para personas de países sujetos a restricciones de ingreso y la reapertura de casos previamente aprobados, entre otros.
PROVIDENCE, RI.- Un tribunal federal emitió una decisión que representa una importante victoria para las comunidades inmigrantes, al declarar ilegales varias políticas migratorias implementadas por la administración Trump-Vance, las cuales habían suspendido el procesamiento de solicitudes de asilo y otros beneficios migratorios para millones de personas.
La decisión, emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, en la persona del juez John McConnell, concluyó que las medidas impugnadas discriminaban a inmigrantes en función de su país de origen y violaban la ley federal de inmigración, la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Las políticas cuestionadas habían provocado la paralización indefinida de solicitudes de asilo, la congelación de trámites migratorios para personas provenientes de países sujetos a restricciones de ingreso, la reapertura de casos previamente aprobados y la utilización de la nacionalidad como un factor negativo en la evaluación de solicitudes migratorias.
Según la sentencia de McConnell, las acciones del gobierno no estaban fundamentadas en conductas individuales de los solicitantes, sino únicamente en su lugar de nacimiento. El tribunal señaló que las consecuencias sufridas por los inmigrantes afectados “surgen únicamente por la circunstancia de su nacimiento”.
La demanda fue presentada por una coalición de organizaciones de apoyo a inmigrantes y sindicatos laborales que dependen de los servicios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para tramitar solicitudes de asilo, permisos de trabajo, residencia permanente y ciudadanía.
Milagro Sigue, directora ejecutiva de Dorcas International Institute of Rhode Island (DIIRI), demandante principal, comentó: “Hoy es un buen día. En nombre de los miles de inmigrantes a quienes atendemos, agradecemos al juez McConnell su fallo. Estas políticas eran erróneas, simple y llanamente, y provocaron un profundo temor e incertidumbre en tantos de nuestros amigos, vecinos y compañeros de trabajo”.
Expresó que comprobar que el proceso judicial funciona según lo previsto —al defender el Estado de derecho— “nos da la tranquilidad de saber que no todo está perdido y permite a los afectados seguir adelante con sus vidas de manera significativa”.
Además de DIIRI, entre los demandantes se encuentran Refugee Dream Center, Service Employees International Union (SEIU), United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), African Communities Together (ACT), Venezuelan Association of Massachusetts (VAM), Partnership for the Advancement of New Americans (PANA) y American Gateways.
Las organizaciones fueron representadas por Democracy Forward, Lawyers’ Committee for Rhode Island, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), Muslim Advocates y South Asian American Justice Collaborative (SAAJCO).
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, celebró la decisión judicial y afirmó que el fallo reafirma un principio fundamental del sistema democrático estadounidense: que el gobierno federal no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su lugar de origen.
“La corte reconoció las devastadoras consecuencias humanas de estas políticas, que dejaron a familias, trabajadores y solicitantes de asilo atrapados en un limbo legal sin poder avanzar con sus vidas”, expresó Perryman.
La decisión judicial podría tener un impacto significativo en miles de casos migratorios pendientes y representa un nuevo revés para las políticas restrictivas que organizaciones defensoras de los derechos civiles consideran discriminatorias e incompatibles con las garantías constitucionales del país.
