sábado, octubre 17, 2026
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Caso Jet Set: juez cambia calificación jurídica a homicidio por dolo eventual y fortalece reclamo de justicia de las víctimas


Durante la motivación de su decisión, el magistrado consideró que los elementos presentados en el proceso respaldan la teoría de que existían advertencias sobre el deterioro del techo antes de su desplome. 


SANTO DOMINGO, RD.– En una decisión que marca un giro significativo en el proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, el juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, dispuso este viernes cambiar la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, pasando de homicidio involuntario a homicidio voluntario y golpes y heridas voluntarios mediante dolo eventual.

La decisión acogió la solicitud de los abogados querellantes que representan a familiares de las víctimas, quienes han insistido en que la tragedia no debe tratarse únicamente como resultado de una negligencia, sino que deben examinarse las posibles responsabilidades derivadas del conocimiento previo de los riesgos que presentaba la estructura del establecimiento.

Durante la motivación de su decisión, el magistrado consideró que los elementos presentados en el proceso respaldan la teoría de que existían advertencias sobre el deterioro del techo antes de su desplome. Estos aspectos deberán ser examinados por el tribunal competente al determinar las responsabilidades penales.

¿Qué significa el cambio y cómo favorece a las familias?

El cambio de calificación jurídica representa un avance importante para los familiares de las víctimas, ya que permite que los hechos sean juzgados bajo una figura penal más grave, con posibles consecuencias más severas para los imputados en caso de una condena.

El dolo eventual se refiere, en términos generales, a una conducta en la que una persona prevé la posibilidad de que sus acciones provoquen un resultado mortal y, aun así, actúa aceptando ese riesgo. No exige necesariamente que haya querido directamente causar las muertes, pero sí que se demuestren los elementos legales que configuran esta modalidad de responsabilidad penal.

Para los familiares, esta decisión supone que sus planteamientos sobre las posibles advertencias previas y la prevención de la tragedia podrán ser examinados dentro de un marco jurídico más severo. También representa un reconocimiento judicial de la relevancia de sus reclamos, aunque todavía no constituye una declaración de culpabilidad.

Mayores implicaciones penales

La nueva calificación puede abrir la puerta a sanciones considerablemente mayores que las previstas para el homicidio involuntario. Informaciones publicadas sobre el caso señalan que la figura penal podría conllevar penas de entre tres y veinte años de prisión, dependiendo de la aplicación de la legislación correspondiente y de las circunstancias que se acrediten.

Debido a la nueva calificación y a las penas potenciales, el juez dispuso que el expediente sea remitido a un tribunal colegiado, que deberá conocer el juicio de fondo. El cambio implica que el proceso deberá reiniciarse ante el tribunal que resulte asignado.

En busca de justicia

La tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias recientes de la República Dominicana.

Para quienes perdieron a sus seres queridos, la decisión judicial representa una nueva oportunidad para que se esclarezcan las circunstancias del derrumbe y se determinen las responsabilidades que correspondan.

Más allá de la modificación de los cargos, el desafío será que el proceso avance con garantías legales, que las pruebas sean valoradas de manera rigurosa y que las responsabilidades individuales se establezcan conforme a derecho.

El cambio de calificación jurídica no equivale a una condena, pero sí modifica el marco en el que serán examinados los hechos y abre una nueva etapa en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares. De ser hallado culpables, los hermanos Espaillat podrían enfrentar entre 3 y 20 años de cárcel.

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