De acuerdo con los registros de la investigación, Espinosa enfrenta un cargo de hurto mayor relacionado con una cantidad superior a $20,000 e inferior a $100,000, clasificado como delito grave de segundo grado, y otro por esquema organizado para defraudar por $50,000 o más, clasificado como delito grave de primer grado.
KISSIMMEE, FL.- La alcaldesa de Kissimmee, Jackie Espinosa, fue arrestada este miércoles por autoridades estatales de Florida y enfrenta cargos de hurto mayor (grand theft) y esquema organizado para defraudar (organized scheme to defraud), en una investigación relacionada con fondos municipales destinados a apoyar a pequeños negocios afectados por la pandemia de COVID-19.
El arresto fue anunciado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien informó que la investigación involucra el programa municipal Business Boost 2.0, creado para ofrecer asistencia económica a pequeñas empresas.
Según las autoridades, Espinosa habría respaldado y votado a favor del programa cuando se abrió el período de solicitudes, en septiembre de 2025. Posteriormente, presuntamente presentó tres solicitudes de ayuda por un total de $50,000 para ella y miembros de su familia.
Los investigadores también señalaron que siete negocios que operaban en propiedades pertenecientes o administradas por Espinosa recibieron un total combinado de $90,000 en subvenciones. De esa cantidad, $50,000 habrían beneficiado a negocios vinculados a la alcaldesa y $40,000 a negocios arrendatarios, según declaraciones de funcionarios estatales.
La investigación sostiene que el 5 de diciembre de 2025 la oficina del abogado municipal le advirtió que aceptar esos fondos podía representar un conflicto de intereses prohibido y le recomendó devolver el dinero. Las autoridades alegan que no tomó medidas correctivas.
Posibles consecuencia legales
De acuerdo con los registros de la investigación, Espinosa enfrenta un cargo de hurto mayor relacionado con una cantidad superior a $20,000 e inferior a $100,000, clasificado como delito grave de segundo grado, y otro por esquema organizado para defraudar por $50,000 o más, clasificado como delito grave de primer grado.
El caso fue investigado por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) y la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Servicios Financieros del estado. La Fiscalía Estatal de Procesamientos, mediante su unidad de integridad pública, estará a cargo del proceso judicial.
La defensa sostiene su inocencia
La abogada de Espinosa, Migdalia Pérez, declaró que su clienta mantiene su inocencia y que impugnará enérgicamente las acusaciones ante los tribunales.
La defensa sostiene que el programa de subvenciones fue aprobado públicamente y administrado por personal municipal, y argumenta que una presunta infracción ética no equivale automáticamente a la comisión de un delito penal.
Al cierre de los últimos reportes publicados este miércoles, Espinosa no había sido suspendida formalmente de su cargo y continuaba figurando como alcaldesa de Kissimmee. La detención no implica por sí sola su destitución ni constituye una declaración de culpabilidad.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia, los conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos en el gobierno municipal. Espinosa deberá responder ante la justicia mientras el proceso continúa.
