La nueva legislación prohíbe los arrestos civiles por parte de autoridades federales de inmigración en los tribunales sin una orden judicial.
PROVIDENCE, RI. – El gobernador de Rhode Island promulgó una nueva ley que restringe los arrestos civiles realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras autoridades federales de inmigración dentro y en los alrededores de los tribunales estatales, con el objetivo de garantizar que las personas puedan participar en procesos judiciales sin temor a ser detenidas.
La legislación, conocida como Protect Our Courts Act (Ley para Proteger Nuestros Tribunales), fue impulsada por la senadora Meghan E. Kallman y el representante estatal José F. Batista, ambos demócratas.
La nueva norma establece que las autoridades federales de inmigración no podrán realizar arrestos civiles de una persona que se dirija a un tribunal, se encuentre participando en un procedimiento judicial o abandone directamente dichas instalaciones, a menos que exista una orden o autorización emitida por un juez.
¿Qué establece la ley?
Entre sus principales disposiciones, la legislación contempla que las personas afectadas por arrestos que violen la ley podrán presentar demandas civiles, mientras que el fiscal general de Rhode Island también estará facultado para iniciar acciones legales contra quienes incumplan la normativa.
También dispone que los agentes federales de inmigración deberán presentar una orden judicial válida para efectuar un arresto civil relacionado con inmigración en estas circunstancias.
Establece que cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley que ingrese a un tribunal con la intención de observar o detener a una persona deberá identificarse ante el personal de seguridad del edificio, explicar el motivo de su presencia y presentar las órdenes judiciales correspondientes.
Asimismo, salvo circunstancias extraordinarias, no se permitirá realizar arrestos dentro de un tribunal sin la autorización del juez o de la corte.
Argumentos de los promotores
Los patrocinadores de la medida sostienen que la presencia de agentes de inmigración en los tribunales puede desalentar la participación de víctimas, testigos, demandantes y acusados en los procesos judiciales, afectando el funcionamiento del sistema de justicia.
La senadora Meghan E. Kallman afirmó que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, deben poder acudir a los tribunales para ejercer sus derechos legales sin temor a ser detenidas.
Por su parte, el representante José F. Batista señaló que la confianza y la accesibilidad de los tribunales son fundamentales para garantizar una administración de justicia efectiva.
Contexto
La aprobación de esta ley ocurre después de que la administración del presidente Donald Trump revocara las directrices federales emitidas en 2021 que limitaban las operaciones de ICE en los tribunales.
Según los promotores de la legislación, durante los últimos 18 meses se ha registrado un aumento en la presencia de agentes de inmigración en tribunales de Rhode Island.
Entre los incidentes mencionados por los legisladores figura una operación realizada el 15 de enero, en la que, según testigos, agentes de ICE ingresaron a un tribunal mientras perseguían a dos personas. También citaron un caso ocurrido en noviembre del año pasado, cuando un pasante adolescente del Poder Judicial fue detenido fuera del Licht Judicial Complex durante un operativo dirigido a localizar a otro individuo.
Con la entrada en vigor de la Protect Our Courts Act, Rhode Island se suma a otros estados que han aprobado medidas destinadas a limitar las acciones de cumplimiento migratorio en los tribunales estatales y garantizar el acceso de la población al sistema judicial.
