También exige que las escuelas, los tribunales y las dependencias no públicas del estado, nieguen el acceso a sus instalaciones a agentes de inmigración cuando estos soliciten la entrada sin presentar una orden judicial válida.
PROVIDENCE, RI.- El Comité de Ordenanzas del Consejo Municipal de Providence aprobó esta semana una resolución que enmienda la Sección 18 ½ – 4 del Código de Ordenanzas de la ciudad, en lo que concierne a la Ley de Relaciones entre la Comunidad y la Policía (CPRA, siglas en ingles) para proteger a los residentes de Providence, al ampliar las prohibiciones de la participación del personal del Departamento de Policía en actividades federales de control de inmigración.
Las enmiendas se presentarán al pleno del consejo municipal en la próxima sesión ordinaria del jueves 16 de octubre para la primera de las dos aprobaciones requeridas, junto con la recomendación del comité para su aprobación.
Según el Comité que impulsa la reforma, los cambios propuestos surgen en un momento en que los residentes de Providence exigen una mayor rendición de cuentas tras varios incidentes preocupantes ocurridos este verano en los que estuvo involucrado el Departamento de Policía.
Explican que en uno de estos incidentes, “se descubrió que agentes de la policía de Providence habían brindado asistencia «operacionalmente significativa» al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realizaba una redada en la ciudad como parte de la peligrosa ofensiva nacional del presidente Trump contra los estadounidenses indocumentados”.
Señalaron que luego de una profunda investigación y la participación de la comunidad, los concejales propusieron estas enmiendas para garantizar que Providence siga siendo una ciudad donde todos los residentes puedan vivir y prosperar sin temor.
Cambios propuestos
Uno de los cambios mas significativos es ampliar la prohibición de cooperación del Departamento de Policía de Providence con agencias que normalmente no se encargan de la inmigración y que recientemente fueron designadas por la administración Trump para ampliar su capacidad y cumplir con su objetivo declarado de reportar 3000 arrestos diarios.
La lista de actividades prohibidas se ampliará para incluir verificación de identificación y servicios de traducción, lo que limitará aún más las interacciones entre las fuerzas del orden municipales y federales que podrían explotarse para dañar a los residentes de Providence.
Los cambios prohibirían al Departamento de Policía ejercer la autoridad bajo los artículos 287(g) o 103(a)(10) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite que las agencias municipales encargadas de hacer cumplir la ley sean formalmente delegadas y autorizadas para llevar a cabo la aplicación de la ley federal de inmigración.
Conforme a estos cambios, la Policía de Providence seguirá cumpliendo con todas las acciones requeridas y legalmente ordenadas por el gobierno federal, como siempre lo ha hecho, siempre que dichas directivas estén acompañadas de una orden judicial penal válida y firmada.
No obstante, se han propuesto cambios que prohíben la participación policial con base en órdenes judiciales de inmigración civil, una herramienta de intimidación utilizada por las autoridades federales de inmigración que no conlleva ningún requisito legal de cumplimiento por parte de las fuerzas del orden locales.
La enmienda a esta ordenanza enumera claramente qué está prohibido: proporcionar información al ICE sobre detenidos cuyo récord no esté disponible al público; utilizar fondos, personal o recursos de la ciudad para ayudar en la investigación, interrogatorio o arresto de cualquier persona para el control de inmigración, y establecer perímetros de tráfico o controlar de otro modo las áreas públicas para ayudar con el control de inmigración.
Las enmiendas también permitirían el uso de identificaciones estudiantiles o cualquier otra identificación con foto válida como formas aceptables de identificación.
Espacios protegidos
Los cambios a las ordenanzas también establecerán espacios protegidos en la ciudad capital de Rhode Island, ampliando la definición de «escuelas» de la CPRA para incluir escuelas chárter, guarderías, centros extraescolares y programas preescolares y de educación temprana administrados por la ciudad.
También exige que dichas escuelas, así como los tribunales y las dependencias no públicas del estado, nieguen el acceso a sus instalaciones a agentes de inmigración cuando estos soliciten la entrada sin presentar una orden judicial válida. La Policía de Providence, los juzgados, las prisiones y las cárceles también estarían obligadas a designar a una persona que pueda verificar de forma independiente las órdenes judiciales presentadas por las autoridades federales.
Manejo datos personales confidenciales
El Comité de Ordenanzas del Consejo Municipal de Providence ha denunciado que “para cumplir con las cuotas de arrestos de residentes impuestas por el presidente, las autoridades federales de inmigración han exigido a las fuerzas del orden municipales que proporcionen datos personales privados con mayor frecuencia y precisión”.
Explicaron que para limitar el daño que la divulgación de estos datos causaría a las comunidades de Providence, “los cambios propuestos prohibirían a la policía recopilar datos demográficos, como la raza o la etnia, a través de tecnologías de vigilancia operadas por la ciudad, como las cámaras Flock, y servicios como el Centro de Delitos en Tiempo Real. Exigirían que todas las agencias asociadas, actuales y futuras, que accedan a datos municipales acepten, mediante un acuerdo formal por escrito, todas las restricciones establecidas en la ordenanza”.
Derecho a demanda
Los cambios propuestos en las ordenanzas también establecen como un derecho que las organizaciones puedan tomar acción privada. Esto permitiría a ciertos tipos de organizaciones no gubernamentales, como las de derechos civiles, derechos humanos y juveniles, a interponer demandas civiles contra la ciudad, el departamento o un agente si denuncian infracciones a la CPRA por parte de la Policía de Providence.
“Al ampliar intencionalmente la responsabilidad de la ciudad en casos de presuntas infracciones, los concejales envían un mensaje claro: todos los residentes de Providence merecen la protección de sus derechos y que las infracciones deben tener consecuencias”, aseveraron.
