La investigación identificó a 75 clérigos acusados de abuso sexual, entre ellos 61 sacerdotes y diáconos diocesanos, 13 miembros de órdenes religiosas y un sacerdote externo, los cuales presuntamente habrían abusado de más de 300 víctimas entre 1950 y 2011.
PROVIDENCE, RI.- El fiscal general Peter F. Neronha publicó un informe sobre el Abuso Sexual Infantil en la Diócesis de Providence, que describe la gestión de décadas de abusos perpetrado por el clero en esa institución religiosa.
El documento, resultado de una investigación de un año, realizada por la Fiscalía General en colaboración con la Policía Estatal de Rhode Island, inició en 2019 cuando, como resultado de un Memorando de Entendimiento entre el Fiscal General y el exobispo Thomas J. Tobin, la Diócesis acordó entregar, voluntariamente, registros internos relacionados con estos abusos que se remontan al año 1950.
La investigación arrojó sus frutos y fueron identificados 75 clérigos acusados de abuso sexual, entre ellos 61 sacerdotes y diáconos diocesanos, 13 miembros de órdenes religiosas y un sacerdote externo, los cuales presuntamente habrían abusado de más de 300 víctimas entre 1950 y 2011.
Al presentar el informe, el fiscal Neronha agradeció “a los numerosos sobrevivientes de abuso sexual infantil que compartieron sus historias para esta investigación”, y declaró que cada uno de ellos relató el trauma que vivió a manos de líderes religiosos de confianza.
“Lo que más sobresalió fue su valentía, resiliencia y compromiso con la rendición de cuentas. También quiero honrar a quienes no pudieron presentarse, ya sea por el trauma o porque ya no están con nosotros. Los reconocemos y recordamos también”, manifestó.
Dijo que sin importar cuántos años hayan transcurrido de estos abusos, “el dolor que sufren los sobrevivientes y sus familias no prescribe, y la historia siempre tiene algo que enseñarnos. El abuso sexual infantil en la Diócesis de Providence ocurrió a una escala abominable y asombrosa”.
Señaló que por décadas, la Diócesis de Providence se enfrascó en un patrón de proteger la reputación de la Iglesia y sus sacerdotes por encima del bienestar de los niños abusados, sin denunciar, investigar ni destituir a los sacerdotes acusados, por lo que muchos otros niños terminaron pagaron el precio de esas fallas.
El fiscal Neronha criticó el silencio que por mucho tiempo mantuvo la Diócesis ante estos actos abominables, al tiempo que reconoció que “aunque la situación ha mejorado en los últimos años, aún queda trabajo por hacer”.
Señaló que hasta el día de hoy siguen presentándose sobrevivientes por lo que “hemos hecho recomendaciones específicas para ayudarlos a obtener esa justicia, incluyendo una recomendación para que la Diócesis financie un programa de compensación independiente, como lo han hecho muchas otras diócesis, así como una recomendación para que la Asamblea General amplíe el plazo de prescripción para las demandas civiles contra acusados institucionales”.
Como parte de la investigación, el Fiscal General reveló que “los investigadores de la Oficina revisaron más de 250,000 páginas de registros producidos por la Diócesis, que incluían expedientes personales de sacerdotes acusados, registros de investigaciones internas de denuncias de abuso, correspondencia con obispos y otros altos líderes diocesanos, informes de «tratamiento» para sacerdotes acusados, políticas diocesanas y otros materiales”.
Explicó que tanto los detectives como los investigadores intentaron contactar a más de 300 víctimas, de las cuales solo 150 de ellas respondieron para hablar sobre los casos denunciados.
Manifestó que la Oficina y la Policía Estatal de Rhode Island establecieron una línea directa al inicio de la investigación para proporcionar un canal y que cualquier persona pudiera reportar confidencialmente información sobre abuso sexual por parte de miembros del clero.
Sacerdotes acusados
Como resultado de esta investigación, el Fiscal General identificó a 75 clérigos con acusaciones creíbles, incluyendo 61 sacerdotes y diáconos diocesanos, 13 miembros de órdenes religiosas y un sacerdote externo, quienes presuntamente abusaron de más de 300 víctimas entre 1950 y 2011.
La Fiscalía presentó cargos penales contra cuatro sacerdotes, actuales y retirados, por abuso sexual infantil presuntamente cometido mientras servían en la Diócesis. Tres de ellos están en espera de juicio y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad.
Los cuatro sacerdotes que han sido formalmente acusados son John Petrocelli por abuso sexual infantil contra tres víctimas masculinas menores de 14 años entre 1981 y 1990; James Silva señalado de múltiples actos de abuso sexual infantil contra un menor de 14 años entre 1989 y 1990; Kevin Fisette a quien se le acusa de abusar sexualmente de un menor de edad en la ciudad de Burrillville entre el 1 de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1982, y Edward Kelley que el 5 de mayo de 2021, fue formalmente acusado por un Gran Jurado Estatal de múltiples cargos de agresión sexual infantil. Kelley falleció en 2022, por lo que el caso en su contra fue desestimado.
