Abogados de la Coalición de Inmigrantes de Florida en colaboración con la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y dos demandantes individuales presentaron una impugnación ante un tribunal federal, alegando la inconstitucionalidad de la ley.
FLORIDA.- La semana pasada, un panel de la corte de apelaciones interrogó a un grupo de abogados sobre una nueva ley estatal que penaliza la entrada de inmigrantes indocumentados a Florida, cuestionando si la aplicación de la misma, y la supervisión de estos asuntos debería quedar en manos del gobierno federal.
La información, publicada por la cadena de noticias CBS, asegura que la Legislatura, controlada por los republicanos, aprobó la ley (SB 4-C) durante una sesión especial en febrero, con el objetivo de apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir la inmigración ilegal.
Según la nota de CBS News, esta ley penaliza la entrada o reingreso a Florida de inmigrantes indocumentados mayores de 18 años «después de ingresar a Estados Unidos, eludiendo o evitando la inspección de los agentes de inmigración».
La información destaca que abogados de la Coalición de Inmigrantes de Florida en colaboración con la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y dos demandantes individuales presentaron una impugnación ante un tribunal federal del sur de Florida, alegando la inconstitucionalidad de la ley.
Antecedentes
En abril, la jueza federal de distrito Kathleen Williams emitió una orden judicial preliminar que bloqueaba la ley (SB-4C), argumentando que esta habría sido invalidada por la autoridad federal de control de inmigración. En parte, mencionó la parte de la ley que exige que los infractores sean encarcelados e indicó que esto podría entrar en conflicto con la autoridad federal.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de EE. UU., con sede en Atlanta, escuchó el pasado jueves los argumentos de la apelación del estado contra la orden de Williams. La batalla legal sobre la ley ha sido muy polémica, y Williams tomó la inusual decisión de declarar al fiscal general de Florida, James Uthmeier, en desacato civil debido a una carta que envió a las agencias del orden público indicando que no podía impedir que la policía aplicara la ley después de que Williams ordenara su suspensión.
Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a los demandantes, argumentó que la Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido durante más de 150 años que la ley de inmigración debe ser regulada por el gobierno federal.
«El interés aquí es un área inherente y central de control e interés federal», declaró Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, ante el panel.
La ley de Florida es «aún más punitiva» que la ley federal de inmigración, ya que exige prisión preventiva obligatoria y sentencias obligatorias más largas, según Wofsy. (Fuente CBS News)
