El Fiscal General de Rhode Island, Peter F. Neronha, codirige la coalición que está demandando al HHS por “condicionar fondos a políticas discriminatorias”.
PROVIDENCE, RI.- El Fiscal General Peter F. Neronha codirigió una coalición de 12 fiscales generales para demandar al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) por condicionar “ilegalmente” cientos de miles de millones de dólares en fondos federales a la aceptación por parte de los estados de discriminar a las personas transgénero.
Un comunicado de prensa enviado desde la oficina del Fiscal Neronha señala que “según una nueva política del HHS, quienes reciben fondos federales para la salud, la educación y la investigación deben certificar el cumplimiento de una orden ejecutiva presidencial que busca perjudicar a las personas transgénero e imponer definiciones rígidas y poco científicas de sexo”.
El Fiscal General de Rhode Island declaró: “Un año después del inicio de esta Administración, continúan imponiendo condiciones ilegales a los fondos federales; una enorme pérdida de tiempo y recursos por su parte, ya que aún no hemos perdido un caso de este tipo”.
Neronha enumeró las implicaciones de estas políticas, las cuales tachó de discriminatorias. “Hay varios problemas en juego. En primer lugar, el Congreso, no el presidente, tiene el poder del erario. Por consiguiente, las políticas discriminatorias del poder ejecutivo que intentan condicionar la financiación e intimidar a los estados para que cumplan son ilegales. En segundo lugar, esta nueva política contradice directamente la legislación estatal vigente, tanto en Rhode Island como en otros lugares, que protege los derechos de las personas transgénero”.
Dijo que: “Esta es otra distracción de una Administración que prefiere atacar a los grupos marginados antes que hacer algo para ayudar al pueblo estadounidense. No ha funcionado antes y no funcionará aquí”.
Nuevas políticas del HHS
La nueva política del HHS exige que los estados, las universidades públicas, las agencias de salud, los hospitales y otros receptores de fondos federales certifiquen el cumplimiento de las protecciones del Título IX, que, según la agencia, «incluyen los requisitos» de la orden ejecutiva del presidente que redefine el sexo de una manera que excluye a las personas transgénero.
De acuerdo a la demanda de las Fiscalías Generales, el HHS ha establecido esta certificación como condición para la financiación en toda la agencia y ha advertido que los beneficiarios podrían enfrentarse a la cancelación de las subvenciones, el reembolso de los fondos e incluso a responsabilidad civil o penal si se determina que no cumplen.
“La política no solo se aplica a las nuevas subvenciones, sino también a la financiación existente, lo que pone en riesgo inmediato los programas en curso. Al mismo tiempo, el HHS no ha explicado claramente los requisitos de cumplimiento”, explica.
Los fiscales generales argumentan además que el HHS carece de la autoridad para imponer estas condiciones y que está intentando ilegalmente reescribir el Título IX mediante una orden ejecutiva y la política de la agencia.
“La demanda alega que la política viola la Constitución de los Estados Unidos al invalidar el poder del Congreso sobre el presupuesto, infringe la ley federal al imponer condiciones vagas y retroactivas a la financiación, y viola la Ley de Procedimiento Administrativo al imponer un cambio de política importante sin previo aviso ni explicación”, manifestaron.
Aseguran que “la política también contradice décadas de dictámenes judiciales y directrices federales establecidas que reconocen que el Título IX protege a las personas de la discriminación basada en la identidad de género”.
Incidencia en RI
La Fiscalía General de Rhode Island asegura que la orden ejecutiva del presidente Trump es “discriminatoria” y contradice las leyes de muchos estados, incluido este estado, que protegen los derechos de las personas transgénero.
En Rhode Island, la ley estatal prohíbe explícitamente que las agencias estatales discriminen por motivos de identidad o expresión de género (Leyes Generales de Rhode Island § 28-5.1-7) y prohíbe las prácticas de contratación y los programas educativos estatales que discriminen por motivos de identidad o expresión de género (Leyes Generales de Rhode Island §§ 28-5.1-4, 8).
Explica que esta política tendrá consecuencias de gran alcance en los servicios sociales y de salud. “Rhode Island recibe miles de millones de dólares en fondos anualmente, una parte significativa de los cuales estaría sujeta a las nuevas condiciones de género impuestas y, por lo tanto, en riesgo”.
Añade que dado que estas condiciones son incompatibles con la ley estatal, las agencias estatales de Rhode Island tendrían que determinar si rechazan la financiación, en detrimento del estado, o si la aceptan, a riesgo de ser penalizadas en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas si no cumplen con estas certificaciones.
La demanda
La coalición de fiscales generales que participa en la demanda solicita al tribunal que declare “ilegal” la política y que por lo mismo “impida” que el HHS la aplique, lo que permitirá a los estados seguir brindando atención médica, educación y otros servicios esenciales sin verse obligados a discriminar.
Además del Fiscal General Neronha, participan en la demanda los fiscales Rob Bonta de California, Letitia James de Nueva York y Dan Rayfield de Oregón. También cuenta con la colaboración de los fiscales generales de Colorado, Delaware, Illinois, Michigan, Minnesota, Nevada, Vermont y Washington.
