De acuerdo con el informe técnico-financiero aportado al tribunal, “los daños y perjuicios ocasionados a Impacto Urbano ascienden a la suma de RD$4,329,238,532.00.
SANTO DOMINGO, RD.- La empresa Impacto Urbano, S.R.L. informó que interpuso una solicitud de ejecución de sentencia y liquidación por estado contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), encabezado la alcaldesa Carolina Mejía, tras el incumplimiento reiterado de la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, dictada el 30 de enero de 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Ejecutivos de la empresa, dedicada al sector de publicidad exterior en el país, manifestaron en un comunicado enviado a Acontecer Latino, que”la decisión judicial, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ordenó al ADN reinstalar las 619 vallas publicitarias retiradas de manera arbitraria en 2007, ratificar el Contrato de Publicidad Exterior suscrito en 2014, y resarcir a Impacto Urbano por los daños causados”.
La información refiere que el Tribunal otorgó un plazo de 60 días al Ayuntamiento para cumplir con la sentencia, imponiendo además una multa de RD$5,000 diarios por cada día de retraso. “Sin embargo, hasta la fecha, la alcaldesa Mejía no ha dado cumplimiento a las obligaciones dispuestas, lo que evidencia una actitud de desacato institucional”, denuncian los representantes de Impacto Urbano, S.R.L.
De acuerdo con el informe técnico-financiero aportado al tribunal, “los daños y perjuicios ocasionados a Impacto Urbano ascienden a la suma de RD$4,329,238,532.00.
La empresa recordó que, tras años de litigios, en 2014 se había alcanzado un Contrato Transaccional y Convenio de Ejecución con el ADN para resolver definitivamente el conflicto, ratificado por la Sala Capitular mediante la Resolución núm. 25/2014. No obstante, el incumplimiento del Ayuntamiento persiste hasta el día de hoy.
Impacto Urbano confía en que “la justicia dominicana garantizará la ejecución efectiva de la sentencia, preservando así la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica, principios fundamentales de un Estado social y democrático de derecho”.
