El Fiscal Neronha denunció que la actual Administración ha declarado que “los estados, así como las víctimas y sobrevivientes a quienes sirven, no recibirán los fondos VOCA” a menos que cumplan con su agenda política de control migratorio.
RHODE ISLAND.- El Fiscal General Peter F. Neronha anunció que, tras la presentación de una demanda multiestatal, el Departamento de Justicia (DOJ) ha abandonado su plan de imponer condiciones a casi 1,400 millones de dólares en subvenciones de la Ley de Víctimas de Delitos (VOCA).
En un comunicado de prensa enviado a Acontecer Latino, la oficina del Fiscal General de Rhode Island anuncia que “a principios de este año, la Administración Trump, ignorando la letra clara de la ley y la intención del Congreso, declaró que los estados no podrían acceder a los fondos de la VOCA, utilizados para apoyar a las víctimas y sobrevivientes de delitos, a menos que accedieran a las prioridades de inmigración de la Administración Trump”.
«Gracias a las medidas adoptadas por esta coalición, se han garantizado más de mil millones de dólares en subvenciones federales para víctimas de delitos», declaró el Fiscal General Neronha. “¿Qué nos dice esto? Los tribunales están reconociendo las acciones ilegales de esta Administración, y están perdiendo estas demandas. También nos dice que, por muy todopoderoso que este Presidente quiera hacernos creer que es, sigue estando limitado por la ley y la separación de poderes. Hoy celebramos la victoria y mañana continuaremos la lucha”, explicó.
El Fiscal General Neronha codirigió esta coalición junto con el Fiscal General de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin; la Fiscal General de Delaware, Kathy Jennings; el Fiscal General de California, Rob Bonta, y el Fiscal General de Illinois, Kwame Raoul. En la presentación de la demanda se unieron los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Hawái, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
La le VOCA
La Ley de Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) fue promulgada en 1984 por el presidente Ronald Reagan, creando una serie de programas de subvenciones para que los estados pudieran proporcionar recursos y servicios esenciales a las víctimas y sobrevivientes del crimen mientras intentan restablecer la normalidad en sus vidas.
Los programas que apoya esta ley incluyen servicios de defensa de víctimas y testigos, albergue de emergencia, gastos médicos, funerarios y de entierro, limpieza de la escena del crimen, exámenes forenses de agresión sexual, entre otros. Estas fuentes de financiación, que suman más de mil millones de dólares al año en todo el país, han garantizado durante mucho tiempo que los estados pudieran cumplir con sus deberes más fundamentales: proteger la seguridad pública y reparar los daños a sus residentes.
Antecedentes de la demanda
El comunicado de la Fiscalía de Rhode Island destaca que los estados utilizan estos fondos para ayudar a casi nueve millones de víctimas de delitos al año y para indemnizar a más de 200,000 víctimas por año, por lo que el Congreso ha exigido la distribución de casi la totalidad de los fondos de la VOCA a los estados con base en fórmulas estatutarias fijas y ha actuado reiteradamente para garantizar fondos suficientes para las víctimas de delitos, incluso después de los atentados terroristas del 11-S.
“Sin embargo, la Administración Trump, a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (USDOJ), ha declarado que los estados, así como las víctimas y sobrevivientes a quienes sirven, no recibirán estos fondos a menos que cumplan con la agenda política de la Administración, es decir, sus prioridades de control migratorio. Para recibir estos fondos, los estados deben colaborar con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) en las labores de control migratorio civil, una responsabilidad del gobierno federal”, denunció el Fiscal Peter F. Neronha.
Señaló que “el Congreso no autorizó al USDOJ a imponer condiciones a estos programas de subvenciones que obliguen a los estados a dedicar sus recursos a implementar la agenda migratoria de la Administración”, por lo que el Fiscal General de Rhode Island y la coalición están solicitando que “la Corte prohíba permanentemente a la Administración Trump implementar o hacer cumplir estas condiciones ilegales”.
