Con la decisión de la Administración Trump concerniente a la Acción Diferida, hemos relegado la situación de cientos de miles de inmigrantes que podrían estar en riesgo de perder la oportunidad de renovar sus permisos de trabajo, si se vieren imposibilitados de reinscribirse para mantener su status de protección temporal.
De hecho, el Centro de Estudios Migratorios (Center for Migration Studies), estima que más de 300,000 personas están bajo ese beneficio, que ante la falta de acción de parte del Departamento de Seguridad Nacional, han entrado a una especie de limbo legal que amenaza su tranquilidad, y la posibilidad de continuar desempeñándose en puestos de trabajo.
De esas cifras, El Salvador, Honduras y Haití, aportan 206,000 trabajadores inmigrantes protegidos por status temporario, números que bajarán significativamente con la noticia devastadora recibida por unos 60,000 haitianos a quienes el Departamento de Seguridad Nacional sólo les extendió el TPS por unos 6 meses adicionales, al término de cuyo período, quedarán desamparados legalmente.
Las cifras no son sólo estadísticas; hay una diversidad de historias detrás de estos números en particular; lo más importante de todo, su impacto económico y familiar: 273,000 niños estadounidenses, son hijos de estos trabajadores y trabajadoras migratorios, mayormente de El Salvador y Honduras; y son acreedores de 61,000 hipotecas. Porque son hombres y mujeres de trabajo: 51,000 de ellos trabajan en la industria de la construcción, 32,400 en restaurantes, 15,000 en jardinería, 10,000 en servicios de cuidado infantil, y 9,200 en tiendas de comestibles.
Los expertos consideran que los estados que resultarán más afectados si el TPS no se les renovara a los salvadoreños y hondureños, serian California, Texas, New York, Florida, Virginia, y Maryland. En esos estados se concentra la mayor población migrante protegida por el TPS; de ellos, California y Texas concentran cerca de 100 mil trabajadores que podrían sufrir el impacto de una decisión adversa.
Los hondureños, como los nicaragüenses, tienen TPS desde 1999; mientras que los salvadoreños se inscribieron en 2001—un año antes que los liberianos, que actualmente están bajo “DED” (Salida Retardada) —. Lo que tiende a preocupación es el hecho de que hasta la fecha de esta publicación, todavía la Administración Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, no ha anunciado ninguna extensión ni período de reinscripción para los salvadores, hondureños, y liberianos. Usualmente el periodo de reinscripción luego de anunciar una extensión del TPS, es de 60 días, por esa razón, es tormentoso que la administración hasta ahora no haya expresado ninguna decisión.
El status de protección temporaria para los hondureños y nicaragüenses, vence el 5 de enero de 2018; y para los salvadoreños, el 9 de marzo de 2018. Los liberianos que están bajo “DED”, verán vencer sus permisos de trabajo el 31 de marzo de 2018.
El hecho de que todavía no se conozca una decisión, augura un futuro poco promisorio. Ojala me equivoque, y aparezca algún signo de compasión en alguna parte del gobierno nacional.
Elaborado con datos del estudio: “A Statistical and Demographic Profile of the US Temporary Protected Status Populations from El Salvador, Honduras, and Haiti”, de la autoría de Robert Warren y Donald Kerwin. Ve reporte visitando: http://cmsny.org/
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